JOSÉ MARÍA IRUJO/ JOAQUÍN GIL 13 de diciembre de 2017
Exviceministros
y testaferros de políticos del Gobierno de Venezuela durante la presidencia de
Hugo Chávez (1999-2013) cobraron presuntamente más de 2.000 millones de euros
en comisiones ilegales por intermediar para que compañías extranjeras
consiguieran adjudicaciones de la principal firma estatal, Petróleos de
Venezuela, SA (PDVSA). La mecánica implicó, al menos, a diez personas
—exdirigentes chavistas, empresarios y sus familiares—, según informes de la
Policía de Andorra que maneja la juez Canòlic Mingorance. La magistrada
andorrana indaga el supuesto blanqueo en el marco de un expolio de la petrolera
estatal.
Los
pagos de los presuntos sobornos se abonaron entre 2007 y 2012 en la Banca
Privada d’Andorra (BPA), a 7.400 kilómetros de Caracas. Y circularon por una
telaraña de 37 cuentas corrientes a nombre de sociedades panameñas. El dinero
saltó después desde el Principado a paraísos fiscales como Suiza o Belice a
través de una laberíntica arquitectura concebida para enmascarar fondos, según
las pesquisas.
EL
PAÍS ha tenido acceso a las cuentas corrientes de los cabecillas y a detalles
confidenciales sobre sus sociedades instrumentales. La red estaba formada por
los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier
Alvarado; un primo de un expresidente de PDVSA y directivos de este gigante
petrolero. El grupo se completaba con un magnate de los seguros y testaferros.
La
trama justificó ante el banco andorrano sus millonarios ingresos como
honorarios por trabajos de asesoría a empresas. Fue el argumento que esgrimió
ante el denominado departamento de cumplimiento (compliance), un órgano de
fiscalización de la BPA para prevenir la evasión de capitales. Y evitar que
fondos de la droga, el tráfico de armas o la corrupción política aniden en un
depósito bancario bajo apariencia legal.
Los
investigadores sostienen que los supuestos trabajos de asesoría nunca
existieron. Y que algunos de los informes por los que se pagaron minutas
millonarias ocuparon folio y medio.
La
juez de Andorra Canòlic Mingorance sospecha que el grupo cobró comisiones de
entre el 10 % y el 15 % a compañías extranjeras, especialmente chinas, que
recibieron después contratos de extracción de petróleo gestionados por PDVSA y
sus filiales.
Las
pesquisas conectan los manejos de la red con un acuerdo entre Venezuela y China
por el que el país sudamericano recibió un préstamo de 20.000 millones de
dólares (17.000 millones de euros) del gigante asiático a cambio de petróleo.
Un portavoz de PDVSA ha declinado pronunciarse. Dice que el asunto
"compete a la Fiscalía".
Trama de blanqueo
Pese
los recelos, la BPA abrió las cuentas bajo sospecha. Y eso que su unidad de
fiscalización interna llegó a advertir en algunos casos de la condición de los
clientes de Personas Políticamente Expuestas (PEP), que es como se denomina en
la jerga financiera a aquellas personalidades que, por haber ocupado un cargo
público, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo.
Las
autoridades de Andorra, donde hasta el pasado año regía el secreto bancario,
intervinieron en marzo de 2015 la entidad elegida por la trama para limpiar su
botín. Estados Unidos había denunciado antes que este banco fue empleado por
bandas criminales para el blanqueo, algo que sus propietarios niegan.
La
juez Mingorance ha situado bajo su foco al que fuera viceministro de Energía
del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos. El
exdirigente fue detenido en Madrid el pasado octubre por una causa distinta a
petición de EE. UU., que solicita su extradición. Villalobos figura también
como investigado en un juzgado de la Audiencia Nacional por presuntos sobornos
de la ingeniería asturiana Duro Felguera.
Tanto
el letrado de Villalobos en esta última causa como el que le representa en la
investigación de Andorra han declinado ofrecer su versión. Las pesquisas
revelan que el exviceministro abrió 12 depósitos en la BPA y constituyó 11
sociedades instrumentales. Sus cuentas recibieron 124,2 millones de euros,
según la Policía de Andorra.
Por su
parte, Javier Alvarado, exviceministro de Energía y Petróleo y exdirector entre
2007 y 2010 de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), manejó cinco
depósitos y cuatro sociedades que percibieron 46,5 millones de euros. Una de
sus cuentas en Andorra se abrió en julio de 2008, cuando el dirigente todavía
formaba parte del Ejecutivo de Hugo Chávez (fallecido en marzo de 2013).
Mientras,
Diego José Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de Energía,
expresidente de PDVSA y representante hasta hace dos semanas del Gobierno de
Nicolás Maduro en la Organización de Naciones Unidas (ONU), acumuló siete
depósitos y seis sociedades. Sus cuentas movieron 21,2 millones de euros.
Salazar fue detenido la semana pasada por su presunta participación en la
trama. Este periódico no ha logrado localizar a los letrados de Alvarado y
Salazar.
Cerco al hombre fuerte del expresidente
La
fiscalía de Venezuela anunció el pasado martes que investiga a Ramírez, hombre
fuerte de Hugo Chávez, por supuestos negocios petroleros con su primo. Ramírez
no tiene cuentas en la BPA ni figura entre los investigados por la juez
Mingorance.
En el
foco policial están, también, las cuentas ocultas del magnate venezolano de los
seguros Omar Farias, un empresario cercano al régimen bolivariano. Sus
depósitos recibieron 586 millones de euros, según los informes policiales.
Rodney
Cabeza, vicepresidente de su firma, Seguros Constitución, ha indicado a este
periódico que el origen del dinero de Farías “responde a operaciones de
reaseguros totalmente legales” y que la compañía que preside el empresario
gestionó la póliza de PDVSA solo en 2006. El directivo añade que Farías carece
de relación profesional con los exministros Villalobos y Alvarado y admite que
el 50 % de los clientes de la aseguradora son trabajadores públicos.
Del
estudio de las decenas de depósitos confidenciales abiertos por los
investigados en la BPA se desprende que todos sacaron de Andorra la mayor parte
del dinero antes de que los fondos fueran bloqueados por la investigación
judicial, en julio de 2015.
La
Policía de Andorra apunta también en sus pesquisas a otros personajes en
apariencia secundarios, pero que movieron grandes sumas en la institución
financiera del país pirenaico. Es el caso de Luis Mariano Rodríguez Cabello,
gestor de negocios de Diego Salazar. Abrió 11 depósitos y manejó diez sociedades
con ingresos de 626 millones de euros.
Los
investigadores señalan también a José Luis Zabala, apoderado de Salazar y
Farías, que recibió 27 millones de euros. Y al exabogado corporativo de PDVSA
Luis Carlos de León Pérez, detenido en Madrid el pasado octubre por otro
supuesto caso de corrupción.
Al
igual que en el caso Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que
sobornó durante más de cinco años a presidentes, altos funcionarios y políticos
de 12 países de América, BPA recurrió a su filial BPA Serveis, SA para crear
una telaraña de sociedades pantalla en Panamá. El objetivo: dificultar el
rastreo del millonario caudal de fondos que circularon por sus depósitos.
La
alarma sobre la presunta trama de comisiones se activó después de que Francia
advirtiera a Andorra de una transferencia sospechosa de 89.000 euros. El
beneficiario del dinero fue un trabajador de un hotel galo y el concepto del
envío, “regalo por servicios prestados”. Tras la operación, afloró una firma de
Diego Salazar, primo del exembajador de Venezuela en la ONU Rafael Ramírez.
El
siguiente movimiento se desarrolla en 2012. Salazar intenta enviar 40 millones
de euros de Suiza a Francia para la supuesta adquisición de una propiedad. La
juez andorrana bloquea la operación. En todos los casos aparece la BPA. Una
entidad que está siendo investigada en el Principado por varias causas.
El
Gobierno venezolano reaccionó con detenciones a la trama andorrana de saqueo la
semana pasada, dos años después del inicio de la investigación. La Fiscalía de
este país eleva el expolio a 4.200 millones.
LOS
EXDIRIGENTES BAJO SOSPECHA
FRANCESCO
MANETTO
Nervis
Villalobos Cárdenas. Fue uno de los jerarcas de la primera
etapa del chavismo. Ingeniero, exviceministro de Energía y Petróleo encargado
del control y suministro de electricidad entre 2001 y 2006, diseñó la
planificación a largo plazo de uno de los sectores más estratégicos para el
país. Tras dejar sus cargos asesoró a grandes empresas.
Javier
Alvarado Ochoa. Hombre de confianza de Chávez.
Exviceministro de Energía y expresidente de la eléctrica estatal de Caracas.
Rafael
Ramírez. Hombre fuerte del chavismo, exministro de Energía y
Petróleo y expresidente de PDVSA, que dirigió durante 12 años. Fue forzado a
dimitir por Nicolás Maduro, que le nombró delegado ante Naciones Unidas hasta
que tuvo que dejar el cargo el pasado día 4.
LA
MALA GESTIÓN QUE HUNDIÓ A PETRÓLEOS DE VENEZUELA
FRANCESCO
MANETTO
Venezuela
y sus Gobiernos dependen en buena medida del rumbo y la estabilidad de su
petrolera estatal. La situación de Petróleos de Venezuela (PDVSA), fundada en
1975 durante el primer mandato de Carlos Andrés Pérez, refleja desde hace años
la gravísima crisis institucional y económica que golpea al país. Pero en los
últimos meses se ha acelerado el ocaso de esta empresa, la única que
garantizaba al aparato bolivariano una presencia en los mercados
internacionales. A mediados de noviembre las agencias de calificación Fitch y
Moody’s declararon en suspensión de pagos a la compañía. Al mismo tiempo, se
conoció que en octubre se registró una caída en la producción de crudo nunca
vista en los últimos 30 años, según la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP). Este hundimiento se debe, según los analistas, a tres
factores: los desequilibrios cambiarios, la desinversión y la mala gestión de
PDVSA.
Además,
el presidente, Nicolás Maduro, empezó en agosto, con decenas de destituciones y
detenciones, una purga de los hombres de confianza de su antecesor, Hugo
Chávez. La operación culminó hace dos semanas con el nombramiento de un
militar, el mayor general de la Guardia Nacional Manuel Quevedo, al frente de
la petrolera. También desmanteló la cúpula de su filial en Estados Unidos,
Citgo. En cualquier caso, el desmoronamiento de esta empresa va más allá del
intento de Maduro de acaparar todo el poder y su temor a la traición. Tiene que
ver con la mala gestión de sus recursos, las redes clientelares y la
corrupción.
LOS
CHAVISTAS QUE SE FUERON DE VENEZUELA POR SEGURIDAD
JOAQUÍN
GIL / JOSÉ MARÍA IRUJO
Cuando
el exviceministro venezolano Nervis Villalobos tocó a la puerta de la Banca
Privada d’Andorra (BPA), en junio de 2007, se enfrentó al cuestionario de
rigor, el llamado know your customer (conozca a su cliente, en inglés), una
suerte de tercer grado de la institución financiera para determinar el origen
de los fondos. A la tercera pregunta —¿Cuáles son sus motivos para abrir una
cuenta?”—, el que viceministro de Energía del Ejecutivo de Hugo Chávez entre
2004 y 2006 respondió: “Quiero mantener mis ahorros fuera de Venezuela, en una
jurisdicción que ofrezca seguridad jurídica, estabilidad y confidencialidad”.
Con
estos mimbres, Villalobos aterrizó como cliente en la BPA un año después de
abandonar el Ejecutivo venezolano. Y con estos mimbres controló hasta 2012 en
ese banco 12 depósitos: uno a su nombre y el resto bajo el velo de sociedades
creadas en los paraísos fiscales de Panamá y Belice, según documentos a los que
ha tenido acceso EL PAÍS.
Villalobos
se presentó ante el banco como un ingeniero de éxito. Argumentó que pretendía
colocar en Andorra los honorarios de sus servicios de “intermediación” de las
firmas para las que trabajaba, como Duro Felguera. Una compañía que ha
declinado pronunciarse al respecto.
El
banco recogió en un documento que Villalobos tenía depósitos en Suiza, Uruguay,
Estados Unidos y Panamá, y que su patrimonio sumaba 70 millones de euros. Entre
los motivos para hacerse cliente de la BPA, el exviceministro destacó la
“opacidad” del banco, según un cuestionario interno.
El
expediente del antiguo responsable de Energía incluye un informe que asegura
que el cliente “fue indagado en 2006 por enriquecimiento ilícito junto con el
expresidente del Banco de Comercio Exterior. El caso no llegó a los tribunales.
Posiblemente existieron desviaciones (venta de influencias) por parte de
algunos de sus allegados”, indica este documento elaborado en agosto de 2008
por el International Center of Economic Penal Studies (ICEPS).
Clientes
de alto riesgo
Pese a
las alarmas en la BPA, que llegó a calificar a Villalobos de “cliente de alto
riesgo” y recomendó “vigilar sus operaciones”, este no tuvo problemas para
abrir sus cuentas.
La BPA
también fue advertida sobre el riesgo de acoger como cliente a Javier Alvarado,
exviceministro de Energía y Petróleo y exdirector entre 2007 y 2010 de la
Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).
Alvarado,
que tuvo cuentas en Estados Unidos y Suiza, planeaba unificar su patrimonio en
la BPA, según la entidad del Principado. El exviceministro se presentó ante el
banco como un ingeniero especializado en la asesoría en el sector eléctrico.
Dijo que se decantó por esta institución financiera por su “confidencialidad y
seguridad”. Y anunció que, solo en uno de sus depósitos, preveía recibir
anualmente 30 millones de dólares.
“Abre
cuenta para depositar sus fondos en una plaza fuera de Venezuela”, advirtió la
BPA que, pese a calificar al exdirigente de “alto riesgo”, aceptó sus
depósitos.
Diego
Salazar, primo del que fuera ministro de Energía, presidente de PDVSA y
exembajador en la ONU, Rafael Ramírez, tampoco tuvo problemas para abrir sus
once cuentas en la BPA. Y eso que la entidad andorrana también le consideró
Persona Políticamente Expuesta (PEP).
El
departamento de cumplimiento (compliance) de la BPA —el fiscalizador para
prevenir el blanqueo de capitales— recogió que Salazar movió en los depósitos
de Andorra 70 millones de euros. “Es propietario de más de 10 empresas en
Venezuela y posee un importante patrimonio inmobiliario en Caracas constituido
principalmente por edificios de oficinas que alquila a empresas”.
El
primo del exembajador Ramírez abrió su cuenta en junio de 2007 con su esposa,
Rosycela Díaz Gil. Como el resto de sus compatriotas, Salazar también expuso la
“opacidad” como uno de los acicates para abrir una cuenta en la entidad
andorrana.
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