Carlos Romero Mendoza 20 de junio de 2018
¿Cómo
se hacen mejores ciudades en América Latina y el Caribe?, es la inquietud que
planteó el Banco Mundial en el marco de una Conferencia de Alcaldes que tuvo
lugar el 12 de junio en la ciudad de Miami, en donde expertos y autoridades
reflexionaron sobre la idea de ciudades más productivas y los desafíos actuales
de la agenda urbana.
Si nos
preguntáramos: ¿cómo se hacen mejores ciudades en Venezuela? e intentáramos
buscar la respuesta en el contenido de la Nueva Agenda Urbana, deberíamos
iniciar por reconocer en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS),
particularmente en el Objetivo 11, la referencia y/o guía fundamental para esa
reflexión y para ese debate.
El
Objetivo 11 plantea como meta el lograr ciudades inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles y expresamente reconoce que “las ciudades son hervideros de idea, de
comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y mucho más. Son las ciudades el espacio para el progreso
social y económico de las personas”.
En tal
sentido, ¿qué tan lejos o cerca están las ciudades en Venezuela de esa visión
que nos plantea las ODS?
El
ideal de ciudad que propone la Nueva Agenda Urbana permite complementar la
reflexión planteada sobre las ciudades en Venezuela y construir una agenda
pública de debate político plural e incluyente sobre el modelo de ciudad que
hoy tenemos y el modelo al que aspiramos como sociedad. Ello supone abrir el
debate sobre el modelo político, social y económico que el régimen pretende
imponer.
En tal
sentido, desde el contenido de la Nueva Agenda Urbana, podemos promover las
siguientes inquietudes para alentar ese debate:
Una
primera inquietud sobre la cual reflexionar tiene que ver con la función social
que cumplen nuestras ciudades. Podríamos formular como pregunta uno de los
elementos de ese ideal de ciudad que plantea la Nueva Agenda Urbana:
¿Nuestras
ciudades procuran la “plena realización del derecho a una vivienda adecuada
como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, sin
discriminación; el acceso universal al agua potable y al saneamiento; así como
la igualdad de acceso de todos a los bienes públicos y servicios de calidad en
esferas como la seguridad alimentaria y la nutrición, la salud, la educación,
las infraestructuras, la movilidad y el transporte, la energía, la calidad de
aire y los medios de vida”?
Una
segunda inquietud se orienta a valorar si nuestras ciudades alientan o
promueven la participación. Para la Nueva Agenda Urbana las ciudades deberían
promover “la colaboración cívica; generar un sentimiento de pertenencia y
propiedad entre todos sus habitantes; priorizar la creación de espacios
públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de calidad que creen las
condiciones adecuadas para las familias”.
Además,
plantea que es ideal pensar en una “ciudad que contribuya a mejorar la
interacción social e intergeneracional, las expresiones culturales y la
participación política, según proceda; y fomente la cohesión social, la
inclusión y la seguridad en sociedades pacíficas y pluralistas, ciudades donde
se satisfacen las necesidades de todos los habitantes, reconociendo las
necesidades específicas de aquellos en situaciones de vulnerabilidad”.
Una
tercera inquietud tiene que ver con la capacidad de nuestras ciudades para
“afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades de crecimiento económico
inclusivo y sostenible, presente y futuro”.
Según
la Nueva Agenda Urbana debemos pensar en ciudades que procuren “sacar los
mejores frutos de la urbanización en aras de la transformación estructural, la
alta productividad, las actividades con valor añadido y la eficiencia en el uso
de los recursos, aprovechando las economías locales y tomando nota de la
contribución de la economía informal, al tiempo que prestan apoyo a la
transición sostenible hacia una economía estructurada”.
Una
cuarta inquietud se orienta al tema de la planificación y deberíamos
preguntarnos:
¿Nuestras
ciudades promueven “una planificación basada en la edad y el género e
inversiones para una movilidad urbana sostenible, segura y accesible para
todos, así como sistemas de transporte de pasajeros y de carga que hagan un uso
eficiente de los recursos y que faciliten un vínculo efectivo entre las
personas, los lugares, los bienes, los servicios y las oportunidades
económicas”?
Una
quinta inquietud busca explorar si nuestras ciudades cumplen funciones
territoriales más allá de los límites administrativos y actúan como centros e
impulsores del desarrollo urbano, territorial equilibrado, sostenible e
integrado a todos los niveles.
Y, por
último, pero no la menos importante, es la inquietud sobre el tema ambiental y
la misma invita a que nos preguntemos:
¿Cómo
nuestras ciudades procuran aprobar y poner en práctica “políticas de reducción
y gestión de los riesgos de desastres, que reduzcan la vulnerabilidad, aumenten
la resiliencia y la capacidad de respuesta ante los peligros naturales y
humanos formuladas, y fomenten la mitigación y la adaptación al cambio
climático”? y ¿cómo conservan, restablecen y “promueven sus ecosistemas,
recursos hídricos, hábitats naturales y la diversidad biológica, reducen al
mínimo su impacto ambiental, y transitan hacia la adopción de modalidades de
consumo y producción sostenibles”?
Todas
estas inquietudes deben ser abordadas por todos los actores de la sociedad
civil, no es un debate exclusivo y reservado para un solo sector de la
sociedad. En el marco jurídico venezolano los alcaldes y concejales son actores
y facilitadores políticos de este debate.
Los
alcaldes son los llamados a presentar ante el Consejo Local de Planificación
Pública (CLPP), en los primeros meses de su gestión, una propuesta de Plan
Municipal de Desarrollo, en cuyo contenido deben estar incluidos los
lineamientos de su programa de gobierno, que como candidato tuvo que registrar
ante el Consejo Nacional Electoral.
El
CLPP está diseñado legalmente como la instancia corresponsable de la función de
planificación del Poder Público Municipal y, constitucionalmente, está
integrado por el alcalde –quien la preside–, todos los concejales, el
presidente de la junta parroquial –hoy inexistente– y representantes de
organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada. En consecuencia, la
participación ciudadana amplia, plural y no condicionada a los órganos del
poder popular, está expresamente garantizada en la Constitución.
Es el
CLPP el llamado a impulsar la participación ciudadana en el debate del Plan
Municipal de Desarrollo y, posteriormente, el Concejo Municipal es el llamado a
aprobar de manera definitiva ese Plan Municipal de Desarrollo, instrumento que
debe incluir el modelo de desarrollo político, social y económico de nuestras
ciudades, en el marco del estado federal descentralizado previsto en la
Constitución.
La
Constitución no define o condiciona la misión o funciones del CLPP, por lo
tanto, permite con rapidez, y pensando en una transición, restaurar esa
instancia, a través de una reforma legislativa, a los fines de ponerla a disposición
de las ODS, del desarrollo urbano, de la descentralización como política
nacional y de la restauración del orden democrático.
El
principio de autonomía municipal, la esencia del significado vida local y el
mandato constitucional a los Municipios de asumir la ordenación y promoción del
desarrollo económico y social, en el marco de un estado federal
descentralizado, definen sin equivocación un modelo político institucional que
es fundamental restituir a los fines de poder concretar el desafío de mejorar
nuestras ciudades.
Hoy
más que nunca, como parte del mandato que nos hace el artículo 333 de la
Constitución, la sociedad civil debería exigir de manera responsable,
sistemática y organizada a los alcaldes y concejales en cada municipio del
país, el debate político, incluyente y público sobre cómo mejorar la ciudad.
En la
actualidad, los alcaldes y concejales, a través de una adecuación
constitucional a la ordenanza del CLPP o vía el Cabildo Abierto, podrían
garantizar la participación plural e incluyente sobre el modelo de desarrollo
local.
Omitir
este debate político nos hace cómplices de la ruptura del orden constitucional
y democrático que en octubre 2016 declaró formalmente la Asamblea Nacional.
Además, nos distancia cualitativamente de la agenda de desarrollo local que
impulsan los gobiernos locales del mundo.
Carlos
Romero Mendoza
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