Fernando Camino Peñalver 19 de junio de 2018
Lo que
ha podido ser un gran proyecto para empezar a cubrir nuestro enorme déficit de
oleaginosas de más de un 95% por ciento anual, terminó en un estruendoso
fracaso debido a la corrupción y a la ineptitud de la plana mayor del régimen.
Se trata del fracasado proyecto Abreu e Lima que fue firmado en el marco del
convenio de Paraná, suscrito entre el régimen venezolano y el gobierno de
Brasil con apoyo financiero del Fondo Chino Venezolano.
En el
proyecto se planteaba el desarrollo de 35 mil hectáreas de soya bajo riego, la
construcción de un complejo agroindustrial para procesamiento de soya y una
planta para la elaboración de alimentos para animales. También se proyectaba la
vialidad, la electrificación y la infraestructura social con la construcción de
491 viviendas con su respectivo urbanismo. La responsabilidad de la ejecución
del denominado proyecto agrario socialista se le asignó al Inder, instituto adscrito al
Ministerio de Agricultura y Tierras. El Inder inexplicablemente delegó en
Odebrecht la ejecución del proyecto.
Entre
febrero de 2009 y julio de 2011 se destinaron al proyecto 232 millones
de dólares del Fondo Chino. Este monto según el gobierno representaba
aproximadamente un 33% de la inversión total estimada en 700 millones de
dólares. Para el segundo semestre de 2013 el Banco de Venezuela había invertido
en el cultivo de la soya 30 millones de dólares (su equivalente en bolívares).
A
pesar de haber seguido invirtiendo hasta llegar a la suma de más de 645 millones de dólares, el estado
actual del proyecto es de total abandono, la infraestructura inconclusa ha sido
saqueada, la maquinaria agrícola y los sistemas de riego desmantelados. En
cuanto a la producción agrícola nunca se logró sembrar y cosechar las 35 mil
hectáreas proyectadas, en 2012 se logró sembrar la mayor superficie desde que
se inició el proyecto, sin embargo no cubrió ni el cuarenta por ciento del área
proyectada, en los años siguientes la superficie de siembra fue disminuyendo
hasta llegar a su mínima cobertura en 2017. Los rendimientos por hectárea han
sido muy bajos en relación a la experiencia de la zona.
La
otra cara de la moneda es la promoción, por parte del sector privado, de un
proyecto denominado la Ruta de la Soya. En 2016 se creó el Fondo para el
Desarrollo de la Soya (Fondesoya), como una iniciativa de los gremios agrícolas
para dar impulso al resurgimiento de este cultivo que en el pasado se intentó
consolidar sin éxito ante la inacción oficial.
Sin
apoyo oficial, las organizaciones agrícolas que se han involucrado en este
proyecto, han fomentado la producción de semillas para garantizar la siembra
comercial en el marco del programa de apoyo a los productores. Como parte de
esta integración se están capacitando a técnicos y agricultores, a fin de que
se integren de una manera eficiente y efectiva a la producción de soya en
aquellas regiones de nuestro país con ventajas agrológicas para la producción
comercial de esta leguminosa.
El
mayor problema que presenta en este momento el desarrollo comercial del cultivo
de esta oleaginosa, es que la disponibilidad de agroquímicos y fertilizantes no
está garantizada en las cantidades que permitan satisfacer las necesidades de
una siembra comercial a gran escala, como la que proyectan los promotores de la
Ruta de la Soya. Sin embargo, los agricultores, que por naturaleza son
emprendedores, tendrán que vencer las dificultades generadas por la escasez de
insumos, para sacar adelante por lo menos parte de la siembra programada.
La
meta para este año es poder llegar a sembrar y cosechar doce mil hectáreas en
Portuguesa y para el 2019 duplicar el
área de producción sembrando en otras regiones de nuestro país. El déficit de
la demanda industrial de la soya es de
noventa y nueve por ciento aproximadamente. La producción de soya es una
importante materia prima para la elaboración de aceite comestible y sus derivados
para consumo humano. La extracción del aceite genera un subproducto que es
utilizado para la fabricación de alimentos balanceados para animales.
La
Ruta de la Soya es un ejemplo de cómo el sector productivo privado enfrentará
el reto de asumir la recuperación de la producción de alimentos, para abastecer
a nuestra población. Pero para asumir el reto deberá contar con el estímulo de
un Estado Democrático que garantice seguridad jurídica y la rentabilidad de la
producción que atraiga la inversión financiera tanto interna como
internacional.
Dentro
del marco de la seguridad jurídica debe quedar claramente establecido el
respeto a la propiedad tal como lo establece la Constitución Nacional y la
abolición de los controles que arbitrariamente el régimen impuso a todos los
integrantes de los circuitos agroalimentarios. El Estado Democrático diseñará
el marco legal y políticas públicas para estimular los planes de producción que
elaboren los integrantes de los circuitos de la producción de alimentos.
Fernando
Camino Peñalver
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