Carlos Romero Mendoza 26 de junio de 2018
@carome31
El
impacto de la hiperinflación en el presupuesto municipal, la “ocupación
temporal” de los mercados municipales anunciada por el Ministro de Industria y
Comercio y la situación que genera la anunciada militarización de los
“llenaderos” de agua en la zona metropolitana de Caracas –en momentos cuando el
agua escasea– son tres temas que inciden de manera directa en la vida local de
nuestros municipios, pues impactan negativamente en las condiciones de vida de
nuestras comunidades.
Cuando
la Constitución, aún vigente, reconoce que el municipio tiene responsabilidad
en la promoción del desarrollo económico y social, así como también en el
mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de la comunidad y en la
prestación del servicio público del agua, no cabe la menor duda de que esos
tres temas planteados no pueden ser ignorados, y menos aún, deben ser asumidos
como desafíos para los gobiernos locales.
La
Constitución Nacional y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal identifican
al cabildo abierto como un mecanismo de participación legítimo que puede ser
convocado por iniciativa del propio alcalde, del concejo municipal e, incluso,
por los propios vecinos, atendiendo a las normas que la ordenanza respectiva
establezca a tal fin.
En
estos tiempos tan complejos y difíciles donde las instituciones políticas
municipales se ven disminuidas o debilitadas por acción del gobierno central –y
como estrategia política para impulsar el modelo del poder popular, tal y como
se reconoce en el contenido del Plan de la Patria 2013-2019– pretender un
cabildo abierto como espacio para que se aborden con los vecinos los tres temas
planteados, en una agenda que promueva un debate cívico, político y por demás
legítimo, representa no solo un acto de irreverencia, sino también un acto
político de reivindicación de la autonomía municipal, como principio
constitucional de la participación ciudadana respetuosa, incluyente, efectiva y
real.
Pretender
levantar la bandera en defensa de las elecciones de concejales, anunciadas para
el último semestre de este año 2018, pierde todo sentido, si los líderes
políticos y sus agrupaciones partidistas no logran asumir el debate político de
estos temas propios de la vida local, con sus vecinos que son en definitiva sus
electores.
Son
tiempos confusos y complejos, pero oportunos para reivindicar la política de
las ideas, la política del debate y del encuentro entre vecinos y autoridades,
en función de temas sobre los cuales se pueden construir consensos y evidenciar
la necesidad de fortalecer la autonomía municipal, la descentralización y la
institucionalidad en un modelo político donde la libertad, la igualdad de
oportunidades y el respeto a la dignidad del ser humano tengan espacio y sean
inspiración de sus autoridades.
Los
alcaldes y concejales no tienen nada qué inventar. Si realmente tienen vocación
democrática, tienen en los mecanismos de participación legalmente reconocidos
las herramientas suficientes para asumir una labor de pedagogía social y de
defensa de la ciudadanía y del espíritu democrático, a través de la activación
de mecanismos como el cabildo abierto para abordar temas que hoy ponen en un
estado de emergencia la tranquilidad de las comunidades y atenta contra la
salud pública del municipio.
El
ciudadano tiene derecho a ser informado por sus autoridades municipales y a
participar en el debate sobre la capacidad presupuestaria del municipio para
hacer frente a los desafíos existentes en el marco de una economía
hiperinflacionaria, lo que contribuiría a aclarar las expectativas reales sobre
la gestión municipal, e incluso, a identificar modalidades de cooperación en
aras de defender la institucionalidad y la democracia desde el ámbito municipal.
Por
otro lado, el ciudadano merece que el voto ejercido para legitimar la
representación política sea suficiente para hacer que el funcionario electo se
sienta en la responsabilidad de informar y valorar el impacto de la
intervención de los mercados municipales en la dinámica local, en momentos de
grave escasez de productos y en el marco de una economía hiperinflacionaria.
Por
cierto, el área de los mercados, según la letra f del artículo 56 de la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal, es una de las materias que el legislador
reconoce como propia del municipio.
Es
oportuno recordar que fue el 13 de agosto de 2016 cuando el Presidente Nicolás
Maduro anunció la intervención militar de los mercados del país, delegando en
el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, como el responsable de ejecutar
la medida, la cual se propuso que fuera ejecutada por la vía de la Gran Misión
Abastecimiento Soberano.[1]
Ahora,
en el año 2018, se anuncia la creación de un centro de mando y conducción de
todos los mercados municipales[2], y en días pasados, se informó sobre la
intervención de ocho mercados municipales por parte del Ministerio de Industria
y Comercio.
El
ciudadano no puede seguir viviendo con la ansiedad y la angustia diaria de no
saber si el agua recogida y guardada es suficiente, dependiendo de si el agua
llega o no, si se cumple o no el racionamiento.
En tal
sentido, cuando el pasado 15 de mayo de 2018 se anunció la militarización de
siete puntos de llenado de agua en Caracas y, además, se informó sobre una
reunión para un nuevo plan de abastecimiento de agua potable para Caracas, en
el que participó la alcaldesa del Municipio Libertador[3]; el ciudadano
requiere y necesita para bajar sus niveles de angustia e incertidumbre, que las
autoridades informen con claridad y precisión las dificultades que presenta la
prestación del servicio de agua potable en el municipio y se construyan
posibles alternativas para enfrentar la crisis o la situación irregular de la
prestación del servicio.
En
este sentido, hay que recordar que la Ley Orgánica de Prestación del Servicio
de Agua Potable y Saneamiento reconoce al municipio como un actor en la gestión
integral del agua, pues no sólo está obligado a exigir información de la
prestadora del servicio, sino además, a través de una ordenanza puede reglar la
prestación del servicio de agua potable en el municipio y mediante reglamento
puede desarrollar la participación ciudadana vía las mesas técnicas de agua.
Por
cierto, así como sucede con el tema del mercado, también en el año 2016 se
aplicó en Margarita[4] la militarización de los “llenaderos” por parte de la
Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), a los fines de controlar la
distribución del agua y además, se anunció el control de precios del servicio
de cisternas. Por lo tanto, los anuncios
en este sentido no resultan nada novedosos, más si preocupante porque advierte
la grave crisis del sector del agua potable en el país.
El
Cabildo Abierto está allí, es legal y además reconocido como instancia de
participación constitucional; los temas de la problemática social, están muy
claros en las consecuencias de la hiperinflación, del posible impacto en la
seguridad alimentaria al intervenir los mercados municipales y en la
intervención militar de los llenaderos.
Si
nuestro compromiso es restaurar la vigencia de la Constitución y restituir el
orden democrático, en tiempos tan complejos como éstos, el Cabildo Abierto,
podría ser una clara demostración de la vocación democrática de los venezolanos
y un ejercicio cívico muy oportuno para el reclamo, institucional, público y
legítimo, por un cambio político y para reafirmar la ilegitimidad del régimen y
del presidente.
[1]www.efe.com. Maduro ordena intervenir militarmente los
mercados muncipales del país. 13 de agosto de 2016.
[2]
ABC. Maduro interviene militarmente los
mercados municipales. 13 de agosto de 2016.
[3]Descifrado.com. Militarizan 7 tomas de agua en Caracas. 15 de
mayo de 2018.
[4]El
Sol de Margarita. Militarizan y regularán venta de agua en camiones
cisternas. 15 de marzo de 2016.
Carlos
Romero Mendoza
@carome31
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