Por ACNUDH
Un informe de la Oficina de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicado el pasado viernes pone de
relieve el hecho de que las autoridades venezolanas no han responsabilizado a
los autores de graves violaciones de los derechos humanos, entre las que se
incluyen homicidios, el uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes,
detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura. El informe también deja al
descubierto el grave impacto de la crisis económica y social que atraviesa el
país por lo que se refiere a los derechos a la alimentación y a la salud.
El informe ofrece una
actualización con respecto a varias de las violaciones de los derechos humanos
que fueron documentadas en el informe sobre la República Bolivariana de
Venezuela publicado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en agosto de
2017. Mientras que el informe anterior se focalizó en el uso excesivo de la
fuerza y las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el contexto de
las protestas, este nuevo informe documenta también los testimonios creíbles e
impactantes sobre las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el curso de
presuntas operaciones de lucha contra del crimen que se llevaron a cabo desde
2015 bajo la denominación de “Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP)”.
De julio de 2015 a marzo de
2017, la Fiscalía General (Ministerio Público) registró la muerte de 505
personas a manos de las fuerzas de seguridad durante las mencionadas
operaciones. Los testimonios recogidos sugieren que esas muertes se enmarcaron
en un determinado patrón de comportamiento de las fuerzas de seguridad: la
realización de incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a
“criminales”, sin orden judicial; la muerte de jóvenes que correspondían a un
cierto perfil, en algunos casos en sus propios hogares; y finalmente, la
manipulación por las fuerzas de seguridad del lugar de los hechos para simular
enfrentamientos y poder afirmar que las muertes fueron el resultado de
intercambios de disparos.
“Los testimonios de las
víctimas, cuestionaron si realmente las OLP tenían el objetivo de desarticular
a los grupos delictivos”, señala el informe. “Un conjunto de elementos aparece
indicar más bien que las OLP constituyeron un instrumento para que el Gobierno
mostrara supuestos resultados con respecto a la reducción de la
delincuencia.”
Por iniciativa de la anterior
Fiscal General, quien fue remplazada en agosto de 2017, se iniciaron
investigaciones contra 357 agentes de las fuerzas de seguridad en relación con
los homicidios mencionados. Desde esa fecha, no se ha comunicado ninguna
información pública sobre el avance de las investigaciones; uno de los principales
obstáculos a la divulgación de dicha información ha sido el Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que está
encargado de las investigaciones y es a la vez el principal presunto
responsable de la mayoría de las muertes.
Las OLP fueron sustituidas en
enero de 2017 por otra operación denominada Operaciones Humanitarias de
Liberación del Pueblo, que son mucho menos transparentes que las OLP y más
difíciles de rastrear. En todo caso, según las informaciones comunicadas por la
sociedad civil, los homicidios han continuado. El informe también documenta la
muerte de 39 reclusos en un centro de detención del estado de Amazonas, en
2017, y de siete miembros de un presunto grupo armado en Caracas, en 2018, en
el curso de operaciones en que los agentes de seguridad utilizaron
presuntamente fuerza excesiva.
La impunidad también parece
ser generalizada en beneficio de las fuerzas de seguridad presuntamente
responsables de la muerte de al menos 46 personas durante las protestas de 2017.
La anterior Fiscal General había cursado al menos 54 órdenes de detención, pero
hasta ahora la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha podido conocer de un
solo caso en el que se ha iniciado un juicio formal. Se ha señalado la
desaparición de pruebas esenciales que figuraban en los expedientes de los
casos denunciados, y los fiscales del Ministerio Público encargados de las
investigaciones fueron remplazados tras el nombramiento del nuevo Fiscal
General, en agosto de 2017. La Guardia Nacional Bolivariana también habría
bloqueado las investigaciones.
“Las autoridades estatales no
han investigado de manera oportuna y eficaz los casos de uso excesivo de la
fuerza y de muertes de manifestantes tras la acción de las fuerzas de
seguridad”, sostiene el informe. Varios familiares de las víctimas indicaron
que “habían perdido la confianza en el sistema de justicia y que no esperaban
que el Gobierno fuera a rendir cuentas de manera fehaciente sobre lo ocurrido”.
Según la información recibida,
algunos de los agentes de las fuerzas de seguridad acusados de haber cometido
ejecuciones extrajudiciales de manifestantes han sido puestos en libertad, pese
a que existen órdenes judiciales de detención en su contra. Todos los
familiares de víctimas que fueron entrevistados indicaron que no tenían
confianza en la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad
Públicas, establecida por la Asamblea Constituyente.
“El hecho de no haber
responsabilizado a las fuerzas de seguridad por las violaciones tan graves de
derechos humanos que se han perpetrado sugiere que el Estado de Derecho está
prácticamente ausente en Venezuela”, dijo Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Desde hace años
se vienen menoscabando las salvaguardias y los equilibrios institucionales, así
como el espacio democrático en Venezuela, lo que deja un escaso margen para
hacer rendir cuentas al Estado. La impunidad debe terminar”.
Debido a que el Gobierno de
Venezuela no ha otorgado a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU el acceso
al país, pese a las repetidas solicitudes cursadas, y habida cuenta de la
gravedad y la naturaleza de las violaciones, el Alto Comisionado Zeid ha
recomendado al Consejo de Derechos Humanos que se establezca una Comisión de
Investigación sobre la situación en Venezuela.
“Dado que el Estado parece no
tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves
violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar
una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia,” añadió
Zeid.
Varios profesionales de la
salud también describieron a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU el grave
deterioro de los centros de salud. La escasez sistemática de equipo y medicinas
esenciales, la salida de médicos del país, empujados por los bajos salarios y
la hiperinflación, y la falta de transparencia del Gobierno, que en ciertas
ocasiones ha respondido a las críticas amenazando o incluso deteniendo a los
profesionales de la salud y los periodistas que han denunciado la crítica
situación sanitaria, son factores que han contribuido a la dramática crisis de
salud en el país.
Por otra parte, el informe
señala que el Gobierno se ha negado a reconocer la magnitud de la crisis
alimentaria del país, incumpliendo así su obligación en virtud de las normas
internacionales de hacer todo lo posible para asegurar el ejercicio de los
derechos a la salud y la alimentación. La información disponible da cuenta de
un rápido incremento de la desnutrición infantil.
“Hay familias que se ven
obligadas a buscar comida en los contenedores de basura. Según algunas
estimaciones, el 87 por ciento de la población e Venezuela está afectada por la
pobreza, y el 61,2 por ciento se encuentra en situación de pobreza extrema; 1,5
millones de personas han debido salir del país desde 2014”, dijo Zeid.
“La situación de derechos
humanos de la población de Venezuela es sombría. Cuando una caja de pastillas
para la hipertensión cuesta más que el salario mínimo mensual, y la fórmula de
leche para bebés, más de dos meses de salario, pero protestar contra una
situación tan desesperante puede llevar a la cárcel a quien protesta, la
extrema injusticia de tales circunstancias se manifiesta con toda su violencia.
Insto al Gobierno de Venezuela y a la comunidad internacional a tomar medidas
inmediatas para evitar un mayor deterioro”, añadió.
Las organizaciones de la
sociedad civil que se ocupan de cuestiones relativas a los derechos humanos
también siguen confrontadas a severas restricciones legales, campañas de
desprestigio, amenazas y acoso, así como a acusaciones de haber cometido
delitos, tales como actos de terrorismo y de traición a la patria. Aunque el
número de detenciones arbitrarias e ilegales es ahora menor que durante las manifestaciones
masivas del año pasado, han continuado de una manera más selectiva. Valga
mencionar el caso de un grupo de jóvenes amigos que intercambiaron mensajes a
través de una red social sobre la posibilidad de acudir a una manifestación, y
que fueron detenidos y privados del contacto con sus familiares o abogados por
más de cuatro meses. Recientemente, fueron puestos en libertad condicional.
La Oficina de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas recibió información según la cual al menos 280 personas que
habían sido arbitrariamente privadas de libertad por expresar sus opiniones
políticas, por ejercer sus derechos humanos o por ser consideradas como una
amenaza contra el Gobierno, siguen recluidas en condiciones deplorables*. De
acuerdo con estimaciones de organizaciones de la sociedad civil, más de 7.000
personas fueron puestas en libertad condicional, pero viven con el miedo de ser
detenidas nuevamente o a la espera de que se inicien los juicios en contra
suya. También se sigue violando sistemáticamente el derecho al debido proceso.
El informe también documentó
unos 90 casos de personas detenidas que fueron sometidas a tratos crueles,
inhumanos y degradantes desde 2014, tratos que en muchos casos pueden llegar a
constituir tortura. El informe detalla también el maltrato de que han sido
objeto los familiares de las personas detenidas en el momento de las visitas.
El informe se compiló a partir
de 150 entrevistas y reuniones mantenidas con venezolanos, incluyendo al menos
78 víctimas y testigos, así como a partir del examen de la información
procedente de un amplio abanico de fuentes. Los resultados del informe indican
que se sigue aplicando una política de represión contra quienes disienten del
Gobierno.
El texto íntegro del informe
está disponible aquí:
Fuente:
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23242&LangID=S
25-06-18
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