Por Minerva Vitti
El extractivismo es un modelo
que se ha extendido en toda Latinoamérica, y es necesario verlo en su
complejidad porque los gobiernos y las corporaciones manejan la misma lógica
desde México hasta Argentina. Venezuela no escapa de esto y al entender las
causas estructurales del decreto 2.248, mejor conocido como la Zona de
Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, publicado en Gaceta
Oficial el 24 de febrero de 2016, también podremos aproximarnos a las
resistencias que los movimientos sociales vienen haciendo en otros países,
aprender de ellas, para seguir aportando en la nuestra. Estas reflexiones
son el resultado de cuatro meses de estudio en un Seminario de Ecología Social
y Ecología Política organizado por los compañeros del Observatorio de Ecología
Política de Venezuela. Y no son más que un aporte para la discusión. Nada de lo
que diré aquí es nuevo, pero parece que se nos olvida. Así el objetivo de esta
serie de artículos es profundizar en las razones de por qué decimos
#NoAlModeloExtractivista y #NoAlArcoMinerodelOrinoco.
La Zona de Desarrollo
Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco viene a profundizar el modelo
extractivista y acentuar la lógica rentista en Venezuela. Con la incorporación
de transnacionales. Esto responde a una lógica regional donde los países buscan
obtener ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la destrucción
socio-ambiental irreversible de una significativa proporción del territorio
nacional y el etnocidio de los pueblos indígenas, comunidades campesinas, y
habitantes de la zona.
En toda la historia de
Venezuela nunca se había propuesto un proyecto de megaminería de tal magnitud y
esto es significativo sobre todo para un país que en las últimas décadas ha
basado su economía en la explotación del petróleo (que también ha traído sus
desastres sociales y ambientales).
En el territorio donde se
pretende ejecutar el megaproyecto existen conflictos de larga data, producto de
la minería ilegal. Hay presencia de sindicatos, mafias, comerciantes,
traficantes, grupos armados irregulares, militares, y personeros del gobierno
que controlan la actividad minera. Y a su vez de población local,
indígenas, gente que ha migrado de las ciudades para sobrevivir con los pocos
ingresos que les deja esta práctica, que también tienen sus contradicciones
internas.
La falacia de ordenar con
megaminería la minería ilegal
Con el decreto el gobierno
pretende “ordenar” lo que sucede en el territorio. El debate de la pequeña
minería (en algunos casos hasta mediana por el uso de dragas, motobombas, y
otras maquinarias) no se ha dado y ahora se intenta solapar con la megaminería,
dos practicas muy distintas desde el punto de vista técnico, de impactos
socio-ambientales, hasta de los actores involucrados. El Arco Minero del
Orinoco no tiene que ser una respuesta para estos mineros informales,
especialmente en las zonas con vocación minera de los municipios Callao, Roscio
y Sifontes, en el estado Bolívar.
En esta misma línea es
importante destacar que no toda la zona decretada (12 % del territorio) tiene
vocación minera. Con el decreto el gobierno posiciona el discurso de que toda
esa región practica minería, cuando solo son algunos enclaves mineros ya
mencionados anteriormente. Por ejemplo, la minería aurífera ha estado más
presente en el municipio Sifontes, no en El Caura o en Parguaza (todos estos
lugares ubicados en el estado Bolívar)
En palabras del geógrafo
Hector Escadell: “La decisión de basar el proyecto económico nacional en otra
actividad extractivista minera, lo que evidencia es una visión cortoplacista
por generar riqueza material a costa de los efectos de mediano y largo plazo
sobre elementos naturales que, como el agua dulce, son esenciales para la
vida; y sobre las posibilidades autogestionarias de las poblaciones
locales, particularmente de los pueblos indígenas; mientras que paralelamente
inviabiliza otras opciones más sostenibles (manejo de la selva y su
biodiversidad, turismo, agricultura…)”.
La izquierda marrón
Resulta paradójico que un
proyecto de este calibre haya sido impulsado en un proceso revolucionario, pero
a su vez evidencia el viraje que han dado los gobiernos progresistas en todo el
continente. Una real contradicción entre un desarrollo extractivista y el
bienestar social que llegó al clímax en países como Argentina, Perú, Bolivia,
Brasil, Uruguay, Venezuela.
Eduardo Gudynas, investigador
del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), lo llama “la
izquierda marrón”, donde “el decidido apoyo al extractivismo para alimentar el
crecimiento económico, está agravando los impactos ambientales, desencadena
serias protestas sociales, y perpetúa la subordinación de ser proveedores de
materias primas para la globalización. Se rompe el diálogo con el movimiento
verde, y se cae en una izquierda cada vez menos roja porque se vuelve marrón”.
En estas las estrategias de
desarrollo se basan en la intensa apropiación de los bienes naturales y se
apuesta a los altos precios de las materias primas en los mercados globales.
“Su macroeconomía está enfocada en el crecimiento económico, atracción de
inversiones y promoción de exportaciones. Se busca que el Estado capte parte de
esa riqueza, para mantenerse a sí mismo, y financiar programas de lucha contra
la pobreza”.
No obstante, en los discursos
de los gobernantes se hacen algunas referencias ecológicas (“minería
ecológica”, “motor minero”, “tecnologías ecoamigables”), se hacen invocaciones
a la Pachamama y se rasgan las vestiduras por el “buen vivir”, que ni siquiera
entienden y mucho menos practican.
“El Arco Minero del Orinoco es
una continuación de las lógicas de colonización que ya se planteaba en el
período temprano del neoliberalismo con Caldera. Además, esta lógica neoliberal
hace que el proyecto tenga una importante función de respaldo de pago para la deuda
pública (externa o interna externalizada)”, dice Emiliano Terán Mantovani,
miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela.
Una conflicto regional
Un elemento muy importante es
que el megaproyecto lo están ubicando en la Amazonía, una región de 7 millones
de hectáreas, muy delicada en términos ecosistémicos y una de las más
megadiversas del mundo. En este lugar, que compartimos con nueve países que también
están dentro de la Amazonía, habitan la mayor parte de los indígenas de
Venezuela (y más de 300 pueblos indígenas de todos los países que comparten la
Amazonía)
Toda la zona del territorio
venezolano al sur del Orinoco constituye la mayor fuente de agua dulce del
país. Los procesos de deforestación previsibles con la actividad minera en gran
escala inevitablemente conducirán a una reducción adicional de los volúmenes de
agua en la zona, y a su vez en una profundización de la crisis energética que
atraviesa el país.
El impacto socio-ambiental de
este megaproyecto tendrá un carácter internacional: por la contaminación de
ríos que desembocan en el Atlántico, el potencial impacto de esto en las
pesquerías, modo de vida tradicional tanto en nuestras costas, como en los
países vecinos; incluyendo que todo esto impacta profundamente la salud de las
personas.
No es casualidad que también
el megaproyecto Arco Minero del Orinoco esté ubicado en lo que sería uno de los
“Ejes de Integración y Desarrollo” de la Iniciativa de Integración de
Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) que ahora se llama Consejo
Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (Cosiplan). Esta es una
propuesta de creación de infraestructura a escala continental, sin precedentes
en el mundo, destinada a poner en contacto los centros de producción con los
centros de consumo, incidiendo en una baja de los costos y una aceleración del
traslado, promoviendo una mayor explotación de la naturaleza e incrementando el
control social.
El IIRSA surgió de un acuerdo
alcanzado en Brasil, en el 2000, entre los gobiernos de 12 países
suramericanos, e incluye al Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo
Financiero de la Cuenca del Plata, y el Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF).
El IIRSA se organiza por “Ejes
de Integración y Desarrollo”. Precisamente hay uno llamado “Escudo
Guayanés”, en el oriente de Venezuela, arco norte de Brasil, Guyana y Surinane.
Con vínculos comerciales con Europa, El Caribe y la India. Salida atlántica
de commodities y productos industriales desde la cuenca Amazónica.
Ejes de Integración Desarrollo
del IIRSA. Especial atención en dónde está ubicado la Zona de Desarrollo
Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.
Ni consulta previa, libre e
informada. Ni estudio de impacto socio-ambiental
Luego del decreto 2.248 ha
habido una manipulación del proceso de consulta previa, libre e informada, que
no escuchó la opinión tanto de pobladores locales (liderazgo legítimo indígena)
como de los especialistas en materia socio-ambiental y de la población en
general, en atención a la magnitud del proyecto.
La consulta previa, libre e
informada a los pueblos originarios es obligatoria cuando se aprovechen
recursos naturales en sus hábitats, y este derecho está garantizado en el
artículo 120 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la
Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, y en el propio Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo.
“¿Por qué no se nos consultó
ese decreto? Es un punto grave no haber hecho una consulta. Sabemos que nuestro
territorio sufre una emergencia económica. Creo yo que los indígenas no podemos
pagar las consecuencias de eso. Es algo como que existen nuestras riquezas y
vamos a acabar todo. Será que este decreto aunará más nuestros problemas, aquí
en El Caura existe la minería ilegal, este decreto la legalizará. Esto es un
peligro para nosotros. Desde el 2006 no se ha logrado parar la minería.
Esto ha ocurrido por el mismo Estado y me atrevo a decirlo delante de la
representación del Gobierno. Esto aumentará la invasión minera en nuestro
territorio”, dijo Ramón Tomedes, indígena de la etnia yekuana, durante una
visita que hiciera Indira Fernández, viceministra del área socioproductiva,
hábitat y vivienda del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas,
a la comunidad de El Playón en abril de 2016 (dos meses después de publicado el
decreto)
El área 2 del megaproyecto
tiene 17.246,16 kilómetros cuadrados de los 111.843, 70 kilómetros cuadrados
que conforma todo el Arco Minero del Orinoco. En este mapa mostramos los puntos
conocidos del área 2 que afectarían la Cuenca del río Caura, incluyendo las
comunidades criollas e indígenas y los monumentos naturales cercanos a la zona.
Mapa elaboración propia: Laura Niederjaufner/Minerva Vitti
Los impactos socio-
ambientales de este megaproyecto también han sido invisivilizados, empezando
porque nunca se hizo un estudio de impacto socio-ambiental. Esto lo reconoció
el gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo ha
quedado reducido a un discurso que sólo habla de dinero, de las toneladas de
oro que ha extraído la pequeña minería, del uso de “tecnología ecoamigable”
cuando es conocido que se sigue empleando mercurio. Mientras tanto el gobierno
oculta la situación de la salud de los pobladores, la erosión cultural,
la contaminación, las masacres y desapariciones forzosas diarias.
Por otro lado, a medida que
avanza el tiempo el gobierno ha comenzado a decir que solo se extrae el oro
de una pequeña porción del territorio, los “pequeños” enclaves mineros del
norte del estado Bolívar. Tratando de justificar que con esto se reduce el
impacto. Esta visión errónea da cuenta que no hay un conocimiento de la
interconexión de todo el territorio. Todos los ríos, cuencas, ecosistemas están
relacionados. Lo que hagas en una parte afectará el resto.
Todo facilito para las
corporaciones públicas, mixtas y privadas (y para los militares)
Infografía publicada en
periódico Ciudad Caracas
Este megaproyecto tiene como
lógica imperante la flexibilización económica para lograr su viabilidad. ¿Qué
quiere decir esto? El decreto contempla una variada gama de incentivos públicos
a estas corporaciones mineras, entre otras la flexibilización de normativas
legales, simplificación y celeridad de trámites administrativos, la
no-exigencia de determinados requisitos legales previstos en la legislación
venezolana, la generación de “mecanismos de financiamiento preferenciales”, y
un régimen especial aduanero con preferencias arancelarias y para arancelarias
para sus importaciones. Contarán igualmente con un régimen tributario especial
que contempla la exoneración total o parcial del pago del impuesto sobre
la renta y del impuesto de valor agregado. ¿En qué se traduce? En un aumento
significativo del poder de las transnacionales en el negocio. ¿Qué no han
llegado las transnacionales? No importa, ese es el esquema planteado en el
modelo neoliberal extractivista, y un patrón que se ha repetido en todo el
continente.
“El Estado no controla el
mineral explotado por la empresa ni mucho menos la comercialización de los
minerales en el mercado internacional; que por lo general ocurre a través de
las principales bolsas que comercializan “commodities” como la de Nueva York,
Chicago, Londres o la de Toronto (enfocada en la compra-venta de oro)”, explica
César Romero, miembro de la Plataforma Contra el Arco Minero del Orinoco.
Uno de los casos más
visibilizados es el de Gold Reserve, una corporación canadiense que no tiene
ninguna experiencia en explotación minera, que el presidente Hugo Chávez sacó
del país por daños ambientales, que luego nos hizo una demanda ante el Ciadi (Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, una
institución del Banco Mundial con sede en Washington) por 769 millones de
dólares, que ganó, y aun estamos pagando, y que ahora creó una empresa en Los
Barbados para aliarse con el gobierno y montar “Siembra Minera”. Encima de eso
la transnacional le vendió al gobierno de Nicolás Maduro, el set de datos
técnicos de la mina Las Brisas por 240 millones de dólares, de dónde había sido
sacada por lo explicado anteriormente. Entrega de soberanía en su máxima
expresión.
Otro elemento importante es su
lógica militar, que ha estado presente desde el siglo pasado en la explotación
petrolera en Venezuela. Ahora, pasando por encima de todos los conflictos que
ha habido entre los militares y los pueblos indígenas en varias zonas del
territorio donde se pretende ejecutar el megaproyecto. En este caso se crea,
dos semanas antes de publicar el decreto 2.248, la Compañía Anónima Militar de
Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al Ministerio
del Poder Popular para la Defensa, con atribuciones de amplio espectro para
dedicarse “sin limitación alguna” a cualquier actividad relacionada directa o
indirectamente con actividades mineras, petrolíferas o de gas. En cualquier
caso, las Fuerzas Armadas no representarán el “interés general” en la zona,
sino que tendrán un interés económico directo para que las actividades mineras
no tengan ningún tipo de obstáculo.
Luchas socio-ambientales ante
el megaproyecto
La Plataforma contra el Arco
Minero del Orinoco se constituyó semanas después de la aprobación de este
decreto. El 31 de mayo de 2016 introdujo un recurso de nulidad ante el Tribunal
Supremo de Justicia. Los accionantes de este recurso también visitaron las
embajadas de Canadá, Suráfrica, Cuba, Estados Unidos, Rusia y Francia, de donde
provienen algunas de estas transnacionales. Sin embargo, todo permanece en un
universo de ocultamiento donde no se conocen ni contenido ni el estatus de los
convenios con las transnacionales (aproximadamente 150 corporaciones anunciadas
durante el lanzamiento del megaproyecto en agosto de 2016)
También se han organizado
protestas de calle, pancartazos informativos, foros, seminarios en distintas
universidades del país, con el objetivo de ir creando un tejido social
fortalecido e informado sobre las magnitudes de este megaproyecto y sus
implicaciones. Del mismo modo varias organizaciones indígenas han realizado
pronunciamientos en contra del megaproyecto, entre estas la Organización Kuyujani
de la Cuenca del Caura, La Organización de Pueblos Indígena de Amazonas
(ORPIA), la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) y la
Organización de Mujeres Indígenas de Amazónas Wanaaleru.
Todas estas resistencias han
ocurrido bajo la sombra del artículo 25 del decreto que dice lo siguiente:
“Ningún interés particular, gremial, sindical de asociaciones o grupos, o sus
normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del
objetivo contenido del presente decreto. Los sujetos que ejecuten o promuevan
actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones
totales o parciales de las actividades productivas de la zona de desarrollo
estratégica creada en este decreto serán sancionados conforme al ordenamiento
jurídico aplicable. Los organismos de seguridad del estado llevarán a cabo las
acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de
las actividades previstas en los Planes de la Zona de Desarrollo Estratégico
Nacional Arco Minero del Orinoco, así como la ejecución de lo dispuesto en este
artículo”.
Existe una suspensión de las
garantías constitucionales en 12 % del territorio nacional. Esto se
traduce en la violación de derechos políticos, a la consulta, el
consentimiento, la participación, la libre asociación y la información.
Ya hay personas que han sido
llevadas a tribunales, ecologistas en Guayana que han sufrido allanamientos
(Alejandro Lanz), censura en ministerios y universidades, despidos, remoción de
cargos (como por ejemplo: Emilio Monsonyi, director de la Universidad Indígena
de Venezuela; Santiago Arconada, profesor; y Edgardo Lander, profesor), y
retención de periodistas y defensores de DDHH mientras trabajan en la zona que
el gobierno ha delimitado para ejecutar el megaproyecto.
También se han documentado
algunas masacres como la de Cicapra y Tumeremo. La desaparición de líderes
indígenas (Oscar Meya, líder pemón), el asesinato de indígenas (14 indígenas de
la etnia pemón en San Luis de Morichal, una pareja que quería salir de una mina
en Kuyuwi, territorio donde vive la etnia yekuana, y otros que no salen en los
medios de comunicación)
El cambio estructural y el
fortalecimiento de la resistencia
Todavía hay gente que apuesta
a que los precios del petróleo aumenten y a la minería, y no colocan en sus
discursos el cambio estructural necesario. Estamos envueltos en un imaginario
desarrollista, petrolero, profundamente extractivista, que atraviesa todas las
clases sociales. Resulta chocante que aun “líderes” políticos de gobierno y
oposición hablen sobre repartir la cuota de petróleo, cuando lo que está en
discusión es el modelo de dependencia hacia la variación de los precios en los
mercados internacionales. Estos “políticos” declaran a Venezuela como un país
petrolero-minero, por encima de cualquiera de sus otras identidades, y plantean
que el país saldrá de la crisis que atraviesa si explota sus bienes naturales a
gran escala.
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Es agresivo para todos los
venezolanos y venezolanas que no se hable del reordenamiento de las finanzas,
gastos públicos, y del combate de la corrupción. Por ejemplo la repatriación de
los 450 mil millones de dólares que se robaron y que están fuera del país.
¿Cómo se pretende que el venezolano se ajuste el cinturón? Sencillamente esto
no es justo y requiere de una lucha política, liderizada por movimientos
sociales críticos.
Cuando se mencionan los
impactos que ha tenido este modelo rentista a nivel social y ambiental, y que
se profundizará con esta diversificación del extractivismo que no es más que
una diversificación del rentismo (se cambia petróleo por minerales), algunos
aseguran peyorativamente que los que hacen resistencia quieren volver a la
“edad de piedra” o son unos “come flor antimineros” que no le importa lo que
pasa en el país.
No es renunciar a la ciencia y
a la tecnología sino ponerlas al servicio de la gente y el ambiente. No se
trata de prohibir el consumo, sino darle nuevos marcos valorativos: qué
consumimos, para qué lo consumimos, porqué lo consumimos, cuánto necesitamos.
¿Cuál es la verdadera razón de la explotación del Arco Minero del Orinoco? ¿Es
necesario?
“Cualquier explotación minera
debe tener un fin bien específico, por ejemplo, para construir viviendas
necesitamos acero, para lo que hace falta la explotación y procesamiento del
mineral de hierro. Ahora, está el caso del oro, en el que el más del 90 % de la
producción mundial va destinada a la joyería, bancos o bonos. Nada útil para el
avance y bienestar de la humanidad”, dice César Romero.
Para detener este megaproyecto
o al menos frenarlo es necesario seguir fortaleciendo la conjunción de los
saberes indígena-campesino, saberes ambientalistas, y saberes de los
activistas, para poder posicionar un discurso que haga peso al discurso
hegemónico, que devele las trampas del modelo extractivista y las
alternativas a este. Es fundamental que crezca un movimiento de justicia
ambiental en las ciudades. Que nos sintamos dolientes de toda esta degradación
que ocurre en un territorio lejos de las urbes pero que nos impacta
profundamente. Ya tenemos dificultades para acceder al agua y a la
electricidad, ya sabemos que el modelo rentista no sirve. El Arco Minero
del Orinoco no traerá cambios estructurales para nuestro país, profundizará aun
más la crisis que atravesamos. Ahora, ¿qué puedes hacer tú? Si leíste hasta
aquí, ya empezaste.
27-06-18
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