Por Víctor Salmerón
Ángela Méndez es jubilada y
cuenta con una póliza de seguros que renovó por un año en agosto de 2017, pero
no tendrá más opción que acudir a los moribundos hospitales públicos: “Me cubre
hasta cinco millones de bolívares por enfermedad y la semana pasada en tres
clínicas privadas me informaron que la tomografía que debo hacerme cuesta
cuarenta millones”.
Las regulaciones de la
Superintendencia de la Actividad Aseguradora obligan a las empresas de seguros
a mantener fijo durante doce meses el monto que le cobran a sus clientes al
momento de otorgarles una póliza de salud. Pero, a diferencia de este cargo –la
prima según los términos del sector–, los costos de la medicina no permanecen
estáticos, sino que aumentan incesantemente por la hiperinflación, creándose un
desequilibrio de grandes proporciones.
Gerentes de empresas de
seguros explican que si la prima no puede incrementarse durante doce meses, la
cobertura por enfermedad también permanece invariable durante un año. Esta
camisa de fuerza, en un entorno donde el precio de los exámenes de laboratorio,
operaciones quirúrgicas, consultas médicas y demás tratamientos aumenta
constantemente, implica que al poco tiempo la protección que ofrece la póliza
es prácticamente inexistente.
El Banco Central oculta las
cifras de inflación, pero de acuerdo a la medición que realiza la Asamblea
Nacional, sólo en mayo se registró un alza del 110% y en los últimos doce meses
se acumula un salto del 24.571%.
Desequilibrio cambiario
Como la gran mayoría de los
equipos y materiales que utilizan las clínicas son importados, el
comportamiento del dólar impacta en su estructura de costos y el desajuste
cambiario en el que está inmersa la economía venezolana es severo.
Tras no ahorrar en los tiempos
de los altos precios del petróleo, multiplicar por cinco la deuda en divisas y
sufrir un profundo declive en la producción de petróleo, el Gobierno ha optado
por reducir al mínimo la oferta de dólares en el mercado oficial.
La consecuencia es que en el
primer semestre de este año las empresas privadas solo han podido comprar 14
millones de dólares en las subastas que organiza el Banco Central, por lo tanto,
los proveedores que surten a las clínicas recurren al mercado paralelo de
divisas donde el dólar se cotiza a una tasa que aumenta constantemente y rebasa
abiertamente la oficial.
El empobrecimiento
Si bien las regulaciones no se
adaptan a las condiciones del momento, aun si las empresas de seguros pudiesen
ajustar las primas al ritmo de la hiperinflación, no podrían hacerlo sin perder
buena parte de la clientela.
“La realidad es que para la
mayoría de las familias sería imposible pagar una prima que se ajuste al ritmo
de la hiperinflación. La solución es acabar con este desajuste en los precios y
estabilizar la moneda. Sin este requisito, el juego está trancado”, dice el
vicepresidente de una importante aseguradora.
Lo que ha ocurrido en el área
de automóviles es ilustrativo. A diferencia del ramo de salud, en esta
actividad las aseguradoras están en libertad de incrementar las primas todos
los meses y evitar que la cobertura se desfase por completo respecto al precio
de los repuestos y las tarifas de los talleres mecánicos.
El resultado es que la
cantidad de personas que renuevan sus pólizas ha caído a la mitad, respecto a
2016 de acuerdo con cifras preliminares que maneja el sector. Carlos Martínez,
quien tiene quince años como corredor de seguros, afirma: “Prácticamente ya no
tengo clientes con pólizas de automóviles, la mayoría ha optado por no
renovarla porque están ahogados con el gasto de alimentación o el colegio de
los hijos; la clase media se ha empobrecido mucho”.
A fin de no quedar
desprotegido en el área de salud, los venezolanos que tienen ahorros en
divisas, el 11% de la población –según Datanálisis–, contratan seguros en
dólares con compañías del exterior como Best Doctors y Bupa.
Para no perder por completo
este mercado, las empresas que operan en Venezuela comenzaron a ofrecer
productos similares, pero la Superintendencia de la Actividad Aseguradora
prohibió la iniciativa el pasado 24 de enero advirtiendo que “las empresas que
realizan actividad aseguradora no están autorizadas por este organismo para
emitir contratos de seguros de salud en moneda extranjera salvo en aquellos
casos que contemplen el pago directo a los proveedores de servicios con ocasión
de los siniestros ocurridos en el exterior, y siempre que se haya otorgado la
aprobación correspondiente”.
Pérdidas técnicas
Las estadísticas oficiales
muestran el impacto de la hiperinflación en las aseguradoras. Un termómetro que
desnuda la magnitud del malestar es que el ingreso que reciben por las primas
no es suficiente para cubrir el costo de los siniestros, los gastos de
funcionamiento y las comisiones de los corredores que captan clientes. Cuando
esto ocurre, las compañías registran pérdidas técnicas, es decir, la actividad
medular del negocio reporta cifras rojas.
La Superintendencia de la
Actividad Aseguradora registra que al cierre de abril de este año las pérdidas
técnicas suman 6,7 billones de bolívares. No obstante, gracias a los ingresos
provenientes de la gestión del reaseguro, a las posiciones en dólares que
impactan positivamente el balance cuando el Banco Central ajusta el tipo de
cambio oficial y a la inversión de las reservas, el sector obtiene al final un
resultado positivo por el orden de 2,8 billones de bolívares.
Medidas necesarias
Si bien la causa fundamental
del deterioro en el corazón del negocio es la hiperinflación, gerentes
consultados afirman que un cambio en regulaciones que impactan el
desenvolvimiento diario de las aseguradoras ayudaría a superar el entorno.
Consideran que es necesario
disminuir el peso de los impuestos. En marzo de 2016, el presidente de la
República, Nicolás Maduro, emitió el decreto 2.250, publicado en la Gaceta
Oficial 40.872, donde ordenó que las compañías de seguros, de medicina
prepagada, cooperativas que realicen actividad aseguradora y administradoras de
riesgos, deberán depositarle al Fonden una suma de dinero equivalente a entre
el 1% y el 3% del monto de las primas cobradas por las pólizas de salud.
A este aporte se añade una
batería de desembolsos previstos en distintas normativas: contribución para la
Superintendencia de la Actividad Aseguradora de entre el 1,5% y el 2,5% de las
primas cobradas; hasta un 5% de la utilidad del ejercicio económico debe
destinarse a impulsar “la investigación y desarrollo de la actividad
aseguradora”; el 10% del resultado técnico obtenido en los ramos que cubren
riesgos catastróficos es depositado en un fondo especial, y, además, existen 18
tributos previstos en distintas leyes como la Ley de Impuestos Sobre la Renta,
la Ley de los Cuerpos de Bomberos y la Ley Orgánica de Drogas, entre otras.
Otro aspecto en el que las
aseguradoras estiman urgente un cambio son las normas de inversión. El 4 de
enero de 2016, la Gaceta Oficial 40.819 publicó la reforma que Nicolás Maduro
hizo a la Ley de la Actividad Aseguradora. Entre los aspectos tocados por el
primer mandatario figura una modificación en la manera en que pueden invertirse
las reservas técnicas que, en un entorno de elevada inflación, tiene
consecuencias profundas.
Antes de esta reforma, las
aseguradoras no podían colocar en la banca más del 30% de las reservas técnicas
y, ahora, como establece el artículo 54, están obligadas a depositar “no menos
del 50%” en las entidades financieras. La consecuencia es que, en medio de la
inflación más alta de la historia, la mitad de las reservas técnicas debe
permanecer en la banca y recibir un rendimiento anual que, en vista del control
que existe sobre las tasas de interés, a lo sumo puede alcanzar un 15%.
El resto de las reservas puede
invertirse colocando no menos del 30% en bonos y no más del 20% en inmuebles.
Un análisis de las implicaciones económicas de la reforma a la ley, elaborado
por la Cámara de Aseguradores de Venezuela, indica que esta estructura “no
protege los valores de las reservas”.
Otra área que tendría que
revisarse es el acceso a dólares. Las compañías de seguros se protegen a través
de empresas conocidas como reaseguradoras. Básicamente, suscriben un contrato
para que la reaseguradora asuma parte o la totalidad de un posible siniestro.
De esta manera, disminuyen el riesgo ante eventos que puedan representar
grandes desembolsos de dinero como incendios en plantas o catástrofes
naturales.
Como la oferta de dólares en
el mercado oficial es mínima, las aseguradoras arrastran una deuda importante
con las reaseguradoras más confiables a nivel internacional, ya que estos
contratos son en divisas y, por lo tanto, la protección que brinda el reaseguro
ha disminuido sensiblemente.
“Cada vez hay menos reaseguro
y el país está menos protegido ante una posible catástrofe” es la frase que se
repite insistentemente en el sector.
28-06-18
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