Por Roberto Patiño
La violencia constituye un
problema crónico que desde hace años afecta profundamente a nuestra sociedad.
Pero el papel que actualmente ha tomado el Estado como factor principal en la
promoción y ejecución de la misma, ha empeorado de forma significativa el
problema con consecuencias trágicas para nuestras vidas.
El gobierno de Nicolás Maduro
ha aumentado sus políticas represivas y de hostigamiento en la misma medida que
ha venido convirtiéndose en un régimen neo-dictatorial. Políticas que en un
principio se manifestaron en el ámbito de la “lucha contra la
delincuencia” en operativos brutales como las OLP, por ejemplo, y que
después se ampliaron hacia la criminalización de la disidencia y la protesta,
en el marco del amplio rechazo del país al actual gobierno y la exigencia de
soluciones ante la emergencia de la crisis.
Se ha establecido una política
gubernamental de la violencia que se expresa en la opacidad de las acciones del
Estado, la impunidad con la que instituciones como la policía y el ejército
violan derechos humanos, la acción de grupos ilegales y criminales afectos al
régimen, la criminalización de las víctimas y el hostigamiento a sectores de la
población, la represión violenta a la protesta pacífica, las detenciones
ilegales, la tortura y coacción a los detenidos y sus familiares.
Una política que se promueve
de forma fraudulenta con el objetivo de disminuir los índices de criminalidad y
garantizar la seguridad de sus ciudadanos, pero que, por el contrario,
constituye una acción de guerra, llevada contra los venezolanos desde la
estructura del Estado para imponer y mantener por la fuerza a un grupo en
el poder.
Sus consecuencias pueden verse
de manera indirecta en hechos como los sucedidos recientemente en el club
Los Cotorros, en El Paraíso, en el que armamento policial -una granada de
gas- “aparece” en medio de una disputa entre adolescentes generando numerosas
víctimas mortales, y que es manejado por las fuerzas de seguridad de manera
confusa e irregular. Se emiten informaciones contradictorias por voceros
gubernamentales y se le impide el acceso a las víctimas de familiares y
representantes del ministerio público, en medio de una gran desconfianza hacia
los cuerpos de seguridad involucrados.
En la iniciativa Monitor de
Víctimas que llevamos a cabo desde el movimiento Caracas mi Convive, se han
recogido datos que revelan cómo 37% de las muertes en Caracas fueron
causadas por cuerpos de seguridad del Estado como las FAES, por ejemplo.
En la gran mayoría de los casos se aduce resistencia a la autoridad y las
víctimas se encuentran en los sectores económicos más vulnerables. Las
irregularidades en los procedimientos se ocultan tras un discurso de “guerra al
hampa” por parte de las autoridades con el que se pretende justificar la
violación reiterada de derechos humanos en las comunidades.
En este sentido, iniciativas
como Monitor representan una respuesta ante uno de los aspectos más perniciosos
de esta política de la violencia de la que hablamos: el ocultamiento y
tergiversación de la información por parte de las instituciones
gubernamentales. Articulando a líderes locales y al medio
digital Runrunes,recogemos testimonios y recabamos datos fiables sobre la
realidad de los sucesos violentos cometidos en el Municipio Libertador. Datos
que deben servir de base para poder diseñar e implementar verdaderas políticas
de seguridad para la prevención de la delincuencia y la reducción de la
violencia.
El ejemplo de Monitor
evidencia cómo la participación de las personas y el trabajo mancomunado de
diversos sectores sociales puede generar iniciativas en contra de las
violencias efectivas y con calado en las comunidades. Pero estas iniciativas no
tendrán un efecto significativo en la realidad sin el apoyo de instituciones
del Estado y esto no será posible sin un cambio político, en un marco
verdaderamente democrático.
Ahora, debemos seguir buscando
formas de articulación y participación que nos permitan enfrentar una violencia
de la que el mismo Estado, en manos del actual régimen, es el principal
promotor.
Como venezolanos estamos
obligados a salir de este modelo dictatorial, cuyas políticas demuestran no
sólo una capacidad insensata de destrucción sino también un inaceptable
irrespeto por la vida de todos
robertopatino.com
26-06-18
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