Por Andrés Cañizález
¿Refugiados o migrantes? En
la propia definición que terminen dándole los países receptores y los organismos
internacionales a la salida masiva de venezolanos, está una de las claves sobre
la nueva dinámica regional para abordar la crisis humanitaria en Venezuela.
Junto a esto, la tensión subyacente sobre el marco político o humanitario que
tiene la discusión entre países y agencias internacionales. Y en el fondo está
el dinero. Sí, también hay una no siempre callada lucha por la captación de
fondos para atender la crisis.
Durante la primera semana de
este mes de septiembre ocurrieron dos sesiones de discusión sobre la crisis
venezolana y su impacto migratorio en la región. La primera tuvo lugar en
Quito, el 3 y 4 de septiembre, la segunda en la sede de la Organización de
Estados Americanos (OEA) un día después. En realidad, la segunda presionó para
que ocurriera la primera, y la realización de ambas deja al desnudo la
incapacidad en este momento de que haya una sola agenda para enfrentar la
crisis.
De acuerdo con cifras de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), al 31 de agosto de 2018 hay 2,3 millones de venezolanos que
están principalmente en Sudamérica (90 por ciento). De esos, un total de 1,6
millones lo hizo desde 2015, de acuerdo con los saldos migratorios de los
países receptores. Consulté a varios expertos, y no es exagerado estimar que a
la vuelta de un año se hable de un éxodo de 5 millones, dada la creciente y al
parecer irresoluta crisis económica, junto a la ausencia de un horizonte cierto
de cambio político.
Como lo indicamos en un
texto anterior en Prodavinci, Venezuela no ofrece datos migratorios por más
de una década. Así que no hay manera de saber oficialmente cuántos venezolanos
se han ido del país. A la cifra ofrecida por la ONU, se debe sumar un 10 por
ciento más, según me indica un funcionario de Naciones Unidas en la frontera,
por la cantidad de personas que sencillamente salen del país por trochas, sin
pasar por un puesto fronterizo formal.
Cuantificar la magnitud de
la crisis, eso en sí mismo, ya constituye un desafío para los países de la
región, dada la ausencia de cifras y la falta de interés del gobierno de
Nicolás Maduro en colaborar en esta materia.
Incluso, las cifras que
ofrece la ONU podrían no estar reflejando lo que ocurre en el terreno,
básicamente por un asunto metodológico. “Las cifras que ofrecen los gobiernos
pueden variar, y debemos estar atentos que provienen de fuentes diferentes:
saldos migratorios estimativos, registros o censos. En este sentido, es difícil
comparar y tener una sumatoria porque se trata de distintas cifras en cada
país, con rangos y periodos diferentes”, me explica Jeffrey Villaveces, experto
en data en contexto de crisis humanitarias, residenciado en Colombia.
El año pasado se registraba
un promedio diario de 40 mil venezolanos cruzando a Colombia, en los últimas
semanas ha habido picos de hasta 100 mil en día. La mayoría sólo pasa la
frontera en busca de alimentos o medicinas, y luego retornan a Venezuela el
mismo día. Un monitoreo independiente y especializado permitiría tener un
registro y dar las señales de alerta, un asunto que sería indispensable en opinión
de Villaveces.
La reunión de Quito
El 3 y 4 de septiembre se
celebró una histórica reunión de 13 países para discutir la crisis migratoria
de Venezuela. Cuando le consulté a Carlos Romero, experto en política
internacional, me confirmó que se trata de una reunión inédita en los últimos
30 años. Otras crisis migratorias debatidas regionalmente fueron las de
Nicaragua y El Salvador, en los años 80, y la de Cuba en los 60, del siglo
pasado.
La reunión la convocó
Ecuador y se celebró en Quito. Este país tiene sobradas razones para encabezar
la iniciativa. Con apenas 16 millones de habitantes, es el tercer país
sudamericano en número de venezolanos acogidos, y por su ubicación geográfica
es paso obligado para los venezolanos que por vía terrestre van a otros destinos
de Sudamérica. Un eventual desbordamiento de la situación afectaría a Colombia,
sin duda (pero allí ya está puesto el ojo de la cooperación internacional), y
en segundo término afectaría a Ecuador, incluso más que a Perú.
El posicionamiento público de
Ecuador para debatir sobre la crisis humanitaria venezolana, y sus efectos en
la región, ha ido de la mano de la distancia política que marcó el gobierno de
Lenin Moreno respecto del chavismo desde mitad de este año. Durante la tercera
semana, del pasado agosto, la cancillería ecuatoriana formalizó la separación del ALBA(Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América). ¿La razón? Precisamente Venezuela en el
seno del ALBA se negó a discutir sobre la salida masiva de venezolanos y su
impacto en los países receptores.
La reunión de Quito fue
esbozada por el presidente ecuatoriano el 13 de agosto, cuando pidió un marco de
cooperación regional para hacer frente a la crisis humanitaria en Venezuela,
pero no encontró mayor eco, al menos no públicamente. La decisión del
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro, de convocar un consejo permanente para el 5 de septiembre, aceleró el
proceso para que de forma previa y claramente sin vinculación con la OEA un
grupo de países abordara la crisis venezolana, el 3 y 4 de septiembre.
Almagro convocó el consejo
permanente el 20 de agosto y la cancillería ecuatoriana la reunión de Quito el
21 de agosto, teniendo ya el respaldo de varios países.
Un funcionario de la
cancillería ecuatoriana me confirmó, con la condición de anonimato, que Ecuador
busca la no politización del tema migratorio y crear un espacio para respuestas
humanitarias. Eso tropieza con su vecino Colombia, cuyo nuevo gobierno
claramente sí quiere hacer una bandera política de la crisis venezolana.
Las diferencias podrían
sintetizarse de este modo: Ecuador junto a otros países aboga porque se ofrezca
una ayuda humanitaria a los venezolanos, sin entrar en la discusión sobre la
permanencia o no de Nicolás Maduro en el poder. Colombia encabeza un polo, que
si bien ha mostrado solidaridad con los venezolanos, propone que se corte el
problema de fondo: mientras Maduro esté en el poder habrá un éxodo masivo de
ciudadanos que optarán por salir de Venezuela.
La declaración de Quito que
terminaron suscribiendo 11 países, y cuyo texto puede leerse también en Prodavinci,
tuvo resonancia pública por la decisión de que estas naciones aceptaran en su
territorio a los venezolanos aún con documentos de identidad vencidos. Y se
trata, sin duda, de un gran avance dada la política restrictiva que existe en
Venezuela para acceder a pasaportes.
Sin embargo, la declaración
refleja otros aspectos que terminarán siendo relevantes en la discusión pública
sobre la diáspora venezolana. El documento habla explícitamente de “ciudadanos
venezolanos en situación de movilidad humana”, en ningún momento apela a la
condición de refugiados. Acá ya se traza una clara diferencia entre lo acordado
en Quito y lo discutido en el seno de la OEA un día después, el 5 de
septiembre.
El Centro de Derechos
Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello hizo, además, otra oportuna
aclaración. En la reunión de Quito, de este septiembre, no se hizo mención de
la Declaración de Cartagena (1984), el documento regional más significativo en
respuesta a la crisis migratoria centroamericana producto de las luchas armadas
de aquel momento.
Precisamente ese documento,
avalado por ACNUR, le brinda un marco mayor de interpretación y alcance a los
países receptores sobre a quién debe considerarse refugiado, ampliándolo de la
consideración tradicional, que le otorgaba tal condición principalmente a
perseguidos políticos o emigrantes producto de catástrofes naturales o guerras
abiertas.
Para la Declaración de Cartagena,
también deben ser considerados como refugiados “las personas que han huido de
sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la
violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la
violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan
perturbado gravemente el orden público”.
La sesión del Consejo
Permanente de la OEA
El 5 de septiembre se
celebró el Consejo Permanente dedicado a analizar la crisis migratoria de
Venezuela, convocado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Esta
sesión fue fundamentalmente de discusión y debate político. Si bien hubo cifras
e intervenciones técnicas sobre el fenómeno, el empaque público fue político.
No hubo consenso para una
declaración conjunta sobre la crisis, ni siquiera los países afectados por la
llegada masiva de venezolanos pudieron en el seno de la OEA aislarse del ruido
político para alcanzar unos puntos en común. La brecha entre la secretaría
general y las delegaciones nacionales, en el seno de la OEA, quedó nuevamente
en evidencia al abordar la crisis venezolana.
La ausencia de decisiones en
la asamblea, tuvo al final del día una nueva respuesta política de Almagro al
crear un grupo de trabajo sobre la migración
venezolana y colocar al frente de éste al exiliado exalcalde de El Hatillo,
David Smolansky. Éste como buena parte de la dirigencia política exiliada aboga
para que los venezolanos forzados a salir del país reciban la condición
de refugiados.
El grupo de trabajo, según
Almagro, deberá determinar “la escala completa de la migración venezolana y la
crisis de refugiados” y emitir sus recomendaciones para atender el fenómeno,
explicó. Según el mandato, tendrá áreas de acción diversas: salud, educación,
vivienda, trabajo.
El rápido respaldo del
canciller colombiano a este grupo de trabajo, siendo el único gobierno que
avaló la iniciativa, y la siguiente decisión de Almagro de ir a visitar la
frontera colombo-venezolana (lo anunció el 6 de septiembre) para constatar en
el terreno la situación de los venezolanos migrantes, hacen prever un tándem
entre Bogotá y la secretaría de la OEA, teniendo como bisagra a Smolansky.
Tras esta decisión en el
seno de la OEA consulté al experto en política internacional, Carlos Romero. A su juicio, la
designación de Smolansky constituye un error porque politiza aún más el tema
migratorio y aleja la posibilidad de que se aborde -conjuntamente con el
gobierno de Maduro- la crisis humanitaria, un asunto que en su opinión será
ineludible, tarde o temprano.
Asimismo, para Romero no
será la OEA el ente que podrá liderar los esfuerzos para orquestar una
respuesta regional a la crisis humanitaria en Venezuela y sus efectos directos
en los países, principalmente de Sudamérica. En esa misma dirección apuntó la
conferencia de Quito, que de forma diplomática evadió darle responsabilidades a
la OEA, pese a que se reunía un día después.
En Quito, más bien se trazó
la revitalización de los entes subregionales tradicionales para hacer frente a
la contingencia: “Fortalecer el rol de la CAN y del MERCOSUR para abordar, de
manera integral y articulada, el flujo masivo de nacionales venezolanos y que
permita adoptar acciones inmediatas para atender esta crisis migratoria de
carácter humanitario”.
Finalmente, un tema no menos
importante está relacionado con los flujos de ayuda internacional para atender
la crisis humanitaria venezolana, en las naciones vecinas. Almagro, por
ejemplo, sintetizó que el grupo de trabajo desde la secretaría de la OEA
buscará “de inmediato” captar “recursos financieros nuevos y adicionales para
responder a las necesidades en el terreno e implementar las recomendaciones que
pudieran surgir del informe (que debe elaborar dicho grupo de trabajo)”.
De forma visible, hasta
ahora, Colombia ha captado la mayor cantidad de dichos recursos. Se suman
varios factores para ello: a) tiene la frontera con más movilidad humana de
toda Sudamérica; b) esta frontera la comparte con Venezuela en medio de la más
cruda crisis económica y social de nuestro país; c) la simbología del éxodo
tiene en el puente hacia Cúcuta el icono principal de esta masiva migración; d)
por su propia historia reciente, Colombia ha captado importantes recursos para
atender la crisis del desplazamiento interno que le dejó la lucha guerrillera.
Desde la ONU, la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) y la Agencia de Refugiados para Naciones Unidas (ACNUR) están
en campaña campañas para recaudar 32 y 46 millones de dólares, respectivamente,
para atender la crisis. Un experto que consulté en Naciones Unidas me dice que
tales cifras son mínimas, ya que en realidad se requieren 10 veces más de
fondos. Entre las agencias de la ONU, por otro lado, tampoco han logrado
orquestar una estrategia común ante la crisis venezolana.
Con mucha frecuencia desde
la comunidad internacional se llama a que dentro de Venezuela, los venezolanos
logremos consensos mínimos sobre cómo superar la crisis. La tragedia que se
vive hoy con millones de venezolanos emigrados en situaciones precarias, y las perspectivas
de que esta tendencia se agudice en los próximos meses, lejos de generar
consensos entre países y organismos internacionales, deja al descubierto que
tampoco la comunidad internacional, y particularmente América Latina, tiene
claridad de cómo afrontar la crisis humanitaria que desborda a nuestro país.
11-09-18
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