Toque de Queda, por Omar Barboza Gutiérrez

Omar Barboza Gutiérrez 01 de agosto de 2015

En otras épocas de Venezuela, cuando existía una situación excepcional, se imponía por las autoridades una restricción general a la libre circulación de las personas durante las horas nocturnas principalmente, y las personas que requerían movilizarse por su profesión o por alguna emergencia debían obtener un permiso conocido como Salvoconducto, el resto debía permanecer en sus casas en acatamiento al Decreto, y ese régimen se conoció popularmente con el nombre de Toque de Queda, porque se iniciaba su duración con una clarinada la cual que indicaba que a partir de ese momento la gente debía permanecer en sus viviendas.

Hoy, la situación de la inseguridad ciudadana es tan grave, que sin necesidad de clarinada, cuando son las seis de la tarde o antes, las personas se recogen en sus casas para protegerse de la delincuencia desbordada, que puede aparecerse de civil, con uniforme policial, o militar.

Una de las maneras de comprobar la incompetencia de un gobierno en su mayor grado, es cuando no es capaz de garantizar la vida de los ciudadanos. Y su máxima irresponsabilidad se expresa cuando ante una tragedia como la que vive Venezuela en materia de inseguridad ciudadana, en vez de reconocer la realidad y corregir las causas de la misma, se trata de engañar a la población con anuncios efectistas, que solo significan que no van a resolver el problema con soluciones de fondo.

En 1998, cuando el oficialismo ganó las elecciones que lo llevaron al poder, ocurrieron en Venezuela 4.550 homicidios, para una tasa de 20 asesinatos por cada 100.000 habitantes, luego de 16 años, en el 2014 ocurrieron 24.980 homicidios, casi cinco veces más, lo cual representa un índice de 82 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia. Números que confirman el rotundo fracaso del gobierno en materia de seguridad ciudadana.

La falta de una política seria en esta materia, los ha conducido a ensayar 23 planes en contra de la inseguridad, todos fracasaron. Ahora, cuando se aproximan las elecciones parlamentarias, presentan el plan No. 24 “Operación de Liberación del Pueblo” (OLP) no se sabe en qué consiste porque no está apoyado en ninguna explicación profesional creíble y con fundamentos técnicos para enfrentar tan grave realidad.

Quisiéramos creer en este Plan No. 24, bautizado como OLP quizás por su influencia palestina. Pero no creemos que funcione un plan que se realiza en un sector, deja varios muertos a través de una conducta lejana al respeto de los derechos humanos, luego los cuerpos de seguridad se retiran y dejan nuevamente a los pobladores en manos de los criminales y bajo la sospecha de ser informantes de los cuerpos represivos. Lo correcto es que después de la operación, la policía mantenga su presencia de manera permanente, para garantizar de forma continua la seguridad de los habitantes del sector, como se viene haciendo en Brasil desde el año 2008 cuando las fuerzas armadas de ese país tomaron las favelas peligrosas de Río de Janeiro, en las cuales instalaron las llamadas Unidades de Policía Pacificadora (UPP), que hoy son estaciones policiales de carácter permanente. Además, tenemos el ejemplo de la operación realizada en la Cota 905 donde no se logró la captura de los principales azotes de la zona, lo que significa que no se hizo un trabajo de inteligencia previa para garantizar la efectividad de la acción que tuvo un alto costo en vidas y lesiones.

Una buena política de seguridad ciudadana, además de tener un basamento profesional y técnico acorde con la realidad que se propone superar, debe gozar de la estabilidad en el tiempo para que el desarrollo de los diferentes planes que confluyen en ella, puedan dar los frutos esperados. Pero ¿Cómo puede aplicarse con éxito una política de seguridad ciudadana que en los 16 años ha sido dirigida por 15 Ministros de Interior y Justicia? A saber: 1) Luis Miquilena (1999); 2) Ignacio Arcaya (1999-2000); 3) Luis Alfonso Dávila (2000-2001); 4) Luis Miquilena (2001-2002); 5) Ramón Rodríguez Chacín (2002); 6) Diosdado Cabello (2002-2003); 7) Lucas Rincón (2003-2004) 8) Jesse Chacón (2004-2007); 9) Pedro Carreño (2007-2008); 10) Ramón Rodríguez Chacín (2008); 11) Tarek El Aissami (2008-2012); 12) Néstor Reverol (2012-2013); 13) Miguel Rodríguez Torres (2013-2014); 14) Carmen Meléndez (2014-2015); 15) Gustavo González López (2015).

A todo ello debemos agregar, un poder judicial partidizado que ha permitido un 98% de impunidad para los delitos cometidos. Un sistema carcelario que no rehabilita a los reclusos, y por el contrario, las cárceles son el sitio desde donde se planifican y dirigen la ejecución de muchos delitos en Venezuela.

Es necesario unirnos para producir un cambio de esta situación.

Omar Barboza Gutierrez