Por Marino González
La nueva Asamblea Nacional
tomará posesión en un clima social y económico muy preocupante. El deterioro de
las condiciones de vida de los venezolanos es galopante. Afecta todas las
áreas, desde el ingreso de las familias, hasta sus perspectivas de trabajo y
realización productiva
Los resultados de las
elecciones del 6 de diciembre constituyen un mandato contundente. Luego de un
proceso laborioso de construcción de una nueva mayoría política, la Unidad
Democrática alcanza una representación sin precedentes en la composición de la
nueva Asamblea Nacional. De acuerdo con los anuncios realizados, aunque no
confirmados oficialmente por el CNE al redactar esta columna, la Unidad
Democrática alcanza la cota de diputados que le garantiza la mayoría calificada
de las dos terceras partes en la Asamblea Nacional. Tal magnitud de representación
otorga las más amplias facultades de acuerdo con la Constitución. Se trata de
un reto equivalente a la posibilidad de contribuir realmente en la marcha del
Estado. Es definitivamente un reto de Estado.
La Unidad Democrática puede
impulsar una renovación en la forma de asumir lo público en el manejo del Poder
Legislativo. Con la incorporación de prácticas democráticas en las tareas
rutinarias de la Asamblea, esto es, modificando las normas internas, se abre un
gran abanico de opciones para que se produzca la inclusión de todos los
parlamentarios en el cumplimiento de las tareas. De esa manera los ciudadanos
percibirán inmediatamente la diferencia entre ejercer el poder para dominar, y
hacerlo para facilitar el diálogo y la cooperación. En ese marco es posible
entonces acordar medidas que faciliten la normalización de la vida política en
el país. Esto es, el regreso de los presos políticos a sus casas y al desempeño
de todos sus derechos, así como el retorno de todos aquellos que tuvieron que
salir del país por persecución y represión.
La nueva Asamblea Nacional
tomará posesión en un clima social y económico muy preocupante. El deterioro de
las condiciones de vida de los venezolanos es galopante. Afecta todas las
áreas, desde el ingreso de las familias, hasta sus perspectivas de trabajo y
realización productiva. Uno de los ejes prioritarios de la acción de la nueva
mayoría debe ser justamente cómo generar acciones y cambios que tengan efecto
en la vida concreta de los ciudadanos, especialmente porque el actual gobierno
tiene todas las atribuciones para el manejo de la administración pública. El
escenario ideal es que se pueda encontrar un piso común entre ambos poderes
públicos. De lo contrario, existiría el riesgo de que las funciones de control
y legislación no generen modificaciones sustantivas.
De especial relevancia es la
severidad de la crisis económica. La definición de alternativas para
contrarrestar los efectos de las políticas económicas del actual gobierno,
requiere un nuevo marco de referencia en el cual exista la cooperación habitual
entre el gobierno y los sectores productivos, en un clima que favorezca la
inversión y el crecimiento sostenible. Es obvio que tal aproximación no es la
compartida por el actual gobierno. De allí que el primer esfuerzo a realizar es
justamente encontrar las posibilidades de acuerdo en una materia de especial
trascendencia y urgencia.
Las amplias facultades
otorgadas por la Constitución en el ejercicio de la mayoría de las dos terceras
partes, constituyen una extraordinaria posibilidad. Se requiere un plan de
acción que abarque al menos las tareas del próximo año con especial énfasis en
la normalización política y en el enfrentamiento de la colosal crisis
socio-económica. Todas las opciones que se consideren y aprueben deberían tener
como guía su contribución a la estabilidad y el bienestar de los venezolanos.
09-12-15
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