Por Carlos Romero M.,
14/01/2016
El 13 de enero de 2016,
la nueva Asamblea Nacional, aprobó el ACUERDO SOBRE LA CRISIS GENERADA POR
EL ACTUAL CIERRE DE FRONTERA Y LA VIOLAION DE DERECHOS HUMANOS EN VEINTICUATRO
MUNICIPIOS DE LA REPUBLICA SOMETIDOS A ESTADO DE EXCEPCION , cuyo texto
exhorta al Presidente Maduro para que restituya de manera inmediata el Estado
de Derecho respecto al Libre Tránsito y demás Garantías en aquellas zonas que
aún están bajo el régimen del Estado de Excepción y por otro lado, extiende esa
exhortación al Ministro de Defensa para que ordene de manera inmediata abrir la
Frontera Colombo-Venezolana.
El Acuerdo destaca que
el Estado de Excepción generó graves violaciones de derechos humanos, normas
constitucionales y tratados internacionales, debidamente suscritos y
ratificados por la República, en materia de derecho al libre tránsito; libertad
de expresión; debido proceso migratorio y deportaciones forzosas; derecho a la
propiedad privada; principio de Unidad Familiar y una clara violación al
principio de Integración Latinoamericana.
Así mismo, denuncia que
ese régimen extraordinario al cual se sometió a las poblaciones fronterizas de
Venezuela, generó gravísimos daños en política tributaria para el Estado
Venezolano, particularmente a los municipios fronterizos, debido al bloqueo
industrial, comercial y aduanero que generó el cierre de frontera.
La Asamblea Nacional,
además de solicitar mediante este Acuerdo la restitución de las garantías
constitucionales en las zonas de frontera, advierte que como institución, no
permitirá que se sustituya la economía formal aduanera por la economía informal
de utilidad individual que utiliza caminos verdes, conocidos como trochas y que
generan oportunidades de corrupción que son públicos, notorios y
comunicacionales.
En el marco del
Acuerdo, se aprobó la creación de la Comisión Especial de Frontera, a los fines
de investigar la situación en los municipios de frontera, procesar las
denuncias a que hubiere lugar por violación a los derechos humanos y además,
analizar y evaluar el alcance de la Ley Orgánica de Fronteras, aprobada vía
habilitante el 30 de diciembre 2015. Esa Comisión quedó integrada por los
diputados Leidy Gómez, Juan Requesens, Gaby Arellano y Julio Montoya.
El Acuerdo se convierte
en un documento oficial oportuno para que particularmente en el Táchira, las
autoridades electas y los ciudadanos puedan abordar el impacto de la Ley
Orgánica de Frontera en la realidad económica, social y política de esa zona
fronteriza que perdió aquél dinamismo comercial y de movilidad que siempre la
caracterizó.
Es oportuno señalar que
han surgido en los últimos días algunas iniciativas que buscan en el Estado
Táchira, fijar posición sobre el contenido de la Ley Orgánica de Fronteras y la
política de cierre fronterizo. Una de esas iniciativas es la convocatoria a una
Asamblea entre autoridades electas y actores de la sociedad civil organizada en
la Plaza Bolívar del Municipio Pedro María Ureña anunciada para el próximo día
15 de enero de 2016.
Miguel Reyes, del
Consejo Legislativo del Estado Táchira, explicó recientemente que ese encuentro
propuesto en Ureña busca analizar el contenido y alcance de la Ley Orgánica de
Fronteras, y abordar el cierre de la frontera con la finalidad de aprobar un
Manifiesto de la Frontera, que pueda elevarse ante el Ejecutivo Nacional y la
Asamblea Nacional, en cuyo contenido se registren observaciones a la ley
orgánica y propuestas e inquietudes sobre los problemas que impactan
actualmente a los habitantes de la frontera[1].
Según el legislador tachirense,
a esa reunión asistirán diputados nacionales, legisladores estadales,
integrantes de los Consejos Municipales de los 4 municipios afectados por el
estado de excepción y representantes del sector empresarial e industrial de la
zona.
Pero otra declaración,
en este caso del Alcalde del Municipio Pedro María Ureña, Alejandro García,
pone en duda la claridad el objetivo de esa convocatoria y reduce la Asamblea
en la Plaza Bolívar a un punto único que es el reclamo colectivo para exigir la
apertura de la Frontera.[2]
Por su parte, el
Consejo Legislativo del Estado Táchira, tal vez, movidos por la Feria de San
Sebastián, acordó crear una Comisión integrada por legisladores del PSUV y de
la Unidad, a fin de promover un debate que lleve a construir los consensos
necesarios para abrir gradualmente la frontera[3].
El diputado Manuel
Peñaloza, del PSUV, afirmó que el Consejo Legislativo del Estado Táchira, está
en la disposición de crear un marco normativo que permita facilitar una
frontera de paz, en beneficio de la población y que permita lograr acuerdos
económicos entre Venezuela y Colombia. Pretender crear un marco normativo desde
el Consejo Legislativo Estadal representa una gran oportunidad para evaluar el
efecto negativo de esa Ley Orgánica de Frontera en el papel institucional del
Poder Legislativo Estadal sobre el desarrollo integral y normativo de la
realidad fronteriza.
En esa sesión ordinaria
del Consejo Legislativo del Estado Táchira, según información pública, hubo
representación de las Cámaras de Comercio de la Fría, San Antonio, Ureña,
Transportistas de carga pesada internacional, carboneros, manufactureros, entre
otros, quienes en sus participaciones abogaron por el diálogo y el debate.
Precisamente, el
diálogo y el debate sobre la nueva Ley Orgánica de Fronteras es uno de los más
urgentes e inmediatos desafíos que tiene la sociedad tachirense, pues ese nuevo
marco normativo, debilita la participación de las instituciones políticas
estadales y municipales en el desarrollo integral de la zona fronteriza y
excluye de esa tarea, la pluralidad en la participación ciudadana.
[1]La Nación. No queremos una ley de
fronteras chucuta y llamamos al pueblo a debatir en asamblea. 12 de enero 2016.
Online en:
[2]La Nación. Asamblea de Ciudadanos en
Ureña el viernes para exigir reapertura de la frontera. 12 de enero de 2016. Online
en:
[3]La Nación. Crean Comisión Parlamentaria
especial para la reapertura paulatina de la frontera. 13 de enero de 2016.
Online:
Carlos Romero M.
@carome31
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