Por Ángel Oropeza
Hay cosas que es necesario
recordar con frecuencia, para evitar caer en errores de costosos resultados. Y
una de ellas es que las crisis económicas, por sí solas, no tumban gobiernos.
Para que esto último ocurra, se necesita la conjunción de dos elementos: que la
población perciba de manera inequívoca que el gobierno –y nadie más– es
responsable de sus desgracias, y que además identifique una opción política
creíble y alternativa a la cual arrimar sus afectos y apoyos.
El gobierno, conocedor de
ambas cosas, ha preparado una estrategia que no tiene que ver para nada con la
solución de la crisis sino con la asignación perceptual de responsabilidades
sobre ella. Y la ha llamado pomposamente “Plan de emergencia económica
nacional”.
Esta iniciativa ya fue
anunciada en el primer encadenamiento nacional de radio y televisión de
Maduro. (Por cierto, no deja de ser lamentable que mientras en el resto del
mundo las cadenas se usen solo para amarrar a algunos animales, aquí se usen
para los venezolanos). En la práctica, la declaratoria de emergencia económica
no significa otra cosa que mayores dificultades para todo el que no sea
gobierno de acceder a recursos que por derecho les corresponden, a disponer de
divisas preferenciales, a que les sean reconocidas y honradas deudas a personas
y empresas, y para exculpar al madurocabellismo de cumplir con las obligaciones
básicas que se derivan de su condición de “todavía gobierno”.
Pero el papel principal de
esta nueva excusa, pariente cercana de aquella payasada llamada “la guerra
económica”, es fundamentalmente perceptivo y comunicacional. El gobierno aspira
con este nuevo invento a responsabilizar a la Asamblea Nacional del inminente y
seguro agravamiento de la crisis, bien sea porque ella no comparta o se oponga
a las “medidas” oficialistas para supuestamente enfrentarla, o porque no deje
gobernar al Ejecutivo, que tiene que estar todo el tiempo defendiéndose de los
“ataques conspirativos” de la oposición. Lo cierto es que el juego
político del gobierno en los próximos meses será hacer creer que la oposición
es responsable de las penurias de los venezolanos, y confiar en que ella puede
perder su apoyo popular gracias precisamente al empeoramiento de la crisis
económica.
Frente a esto, nuestros
diputados de la MUD tienen entre sus retos más prioritarios y urgentes el
modelar para el país el tipo de gobierno que en la práctica significaría el
cambio. ¿Y cómo lograr eso sin las facilidades y funciones que no tiene, porque
son exclusivas del Ejecutivo? Pues, inundando al gobierno y al país de
propuestas y proyectos en materia económica y social, novedosas, atrevidas y
eficientes, que sean verdaderas alternativas para darle poder al pueblo, para destrabar
la economía, para reducir el sufrimiento diario de los venezolanos y para
revertir la expropiación de los derechos y bienes de los ciudadanos hacia unos
pocos privilegiados.
Mientras más sensatas y
orientadas hacia la gente sean estas propuestas, más las rechazará el
oficialismo gobernante, preso como está de sus intereses ideológicos y
mafiosos, lo cual aumentará su desprestigio popular. Al negarse a aceptarlas, y
mucho menos llevarlas a la práctica, quedarán más en evidencia como los únicos
responsables de la tragedia cotidiana que padecen los venezolanos.
Si nuestros diputados evitan
inteligentemente caer en el juego de desgastarse peleando con el
madurocabellismo decadente, y se dedican –como lo hicieron en la inolvidable y
exitosa campaña electoral– a hablarle al país y a modelar frente a este
el tipo de sociedad que propugna el modelo alternativo de la MUD, estaremos
optando por la vía más rápida y más segura de lograr el tan ansiado y urgente
cambio político a favor de los venezolanos más necesitados.
12-01-16

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