Por Michael Penfold
A Venezuela se le ha cerrado
el acceso al financiamiento, justo cuando más lo necesitaba, por la crisis
externa de balanza de pagos que enfrenta el país, que se ha exacerbado con la
dramática caída de los ingresos petroleros y por una política económica
ineficiente que ha incrementado exponencialmente la percepción de riesgo de los
mercados internacionales.
La profundidad de la crisis
externa es de tal envergadura que a Venezuela no le queda sino una sola
alternativa: atracción de capitales privados. Y eso implica desmontar el
control de cambios y los controles de precios, además de aumentar masivamente
la transferencia directa de recursos a los sectores más vulnerables a través de
una mejora sustancial en la calidad y la focalización del gasto público.
Cualquier otra alternativa
sería continuar sometiendo al país a lo que viene haciendo el gobierno
nacional: un ajuste externo por cantidad que conlleva inexorablemente al
racionamiento, a los controles y a una inflación fuera de control.
Durante los últimos tres años,
Venezuela ha perdido casi un 15% del PIB, sumado a una caída del ingreso
per-capita que ya generó un rápido empobrecimiento de la población. Éste
es el verdadero origen de la crisis política y el argumento que explica el voto
castigo contra el gobierno que la oposición logró capitalizar exitosamente en
las pasadas elecciones legislativas.
Sin embargo, a pesar de que el
sustrato económico de esta realidad electoral pareciera tan evidente, es
curioso ver cómo el comportamiento, tanto del gobierno como de la oposición,
después del 6-D evidencia los errores de fondo: ambos bandos continúan
refugiándose en la polarización como recurso para maximizar sus probabilidades
de resistencia (caso del gobierno) o discursos orientados a precipitar una
salida del Ejecutivo (caso de la oposición).
Al parecer los votantes que
hicieron posible el cambio siguen sin ser escuchados.
El gobierno se aferró al
autoritarismo a través de su control del Tribunal Supremo de Justicia,
vulnerando la voluntad popular en lugar de ampliar su coalición electoral y
modernizar su política económica, insistiendo sin remordimientos en la idea de
mantener los controles económicos. Y la oposición optó por colocar fecha de
salida al chavismo y tratar de desmontar simbólicamente la revolución.
Ambos le hablan a sus votantes
duros y muestran sus músculos como ofrendas preparativas a un conflicto
terminal, pero lo cierto es que el votante del 6-D estaba dando otro mensaje:
castigar al madurismo para generar un gobierno dividido y obligarlo a negociar
a través de una oposición que desde la Asamblea Nacional indujera un cambio de
comportamiento del Poder Ejecutivo, sobre todo en materia económica y de
Derechos Humanos.
En caso de que el Ejecutivo no
cambiara su comportamiento, el votante le dio a la Asamblea Nacional el poder
de las dos terceras partes para producir una salida constitucional, democrática
y electoral. Lo que correspondía a ambas partes era abrir un compás de
espera para enfrentar la crisis económica y un espacio de negociación política.
Eso era lo que el país estaba
esperando.
En su lugar, el gobierno
escogió precipitar el conflicto de poderes. Primero, violentando las normas de
selección de los nuevos magistrados. Luego utilizando la Ley Habilitante para
terminar de conculcar la autonomía del Banco Central de Venezuela y la
posibilidad de que la Asamblea Nacional eligiera a alguno de sus directores
externos. Y, finalmente, minando las dos terceras partes de la nueva Asamblea
Nacional a través de la acción cautelar ante la Sala Electoral. Esta acción
socavó la voluntad popular de uno de los estados menos poblados pero más
sobre-representado del país: los diputados amazónicos.
Es evidente que la decisión de
la Sala Electoral va a crear incertidumbre sobre las dos terceras partes, pues
no sabemos si la misma se estima sobre la base de los diputados presentes en el
momento de una votación o sobre el total de los puestos. Si efectivamente es
sobre el total de los curules, los 109 diputados dejan de ser suficientes para
obtener los dos tercios. Fue así como la dirigencia chavista apeló a un recurso
profundamente antidemocrático, orientado a anular temporalmente la amenaza creíble
por parte de la oposición de poder impulsar diversas salidas constitucionales y
así renovar los Poderes Públicos.
Mediante esta arremetida, el
gobierno logró alcanzar varios objetivos políticos: evitar la futura
designación por parte de la Asamblea de dos de los rectores del CNE cuyos
periodos vencen este año y cuyos nombramientos necesitan las dos terceras
partes; evitar la remoción de los Directivos del Banco Central de Venezuela y
restaurar su autonomía para combatir la inflación; evitar la posible remoción
de los magistrados recientemente nombrados, para lo cual también se requería de
la supermayoría; y obstaculizar cualquier reforma constitucional así como la
posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
De modo que el gobierno hizo
uso de su poder político para limitar en el corto plazo las múltiples futuras
salidas constitucionales y dejar como único camino la activación del Referéndum
Revocatorio, algo que no depende de la misma Asamblea Nacional, pues requiere
de la recolección de firmas que son reguladas y supervisadas por el CNE. Es
cierto que siempre se puede impulsar una Enmienda Constitucional para recortar
el periodo presidencial, pero ésa es una decisión legislativa que muy
probablemente también será cuestionada ante la Sala Constitucional.
Dicho en otras palabras,
políticamente el gobierno redujo (al menos temporalmente y hasta tanto se
pronuncie definitivamente el TSJ o se realicen nuevas elecciones en Amazonas)
las opciones de resolución de la crisis a una sola: el Referéndum Revocatorio.
En efecto, a través de la Sala
Electoral el gobierno logró disminuir la credibilidad de la amenaza de que la
oposición pueda utilizar la mayoría calificada, porque dejó de ser claro si
efectivamente la oposición tiene o no dicha mayoría. En algún momento, la Sala
Constitucional se va a tener que pronunciar sobre este punto. Sin embargo, la
oposición mantiene de forma certera la prerrogativa de las 3/5 partes, que
incluye la posibilidad de remover tanto al Vicepresidente como a los distintos
ministros. Y esa es una amenaza con la que el chavismo parece estar dispuesto a
convivir.
Pero la oposición también se
ha precipitado en varios ámbitos, aun sabiendo que opera en un contexto donde
no hay control constitucional independiente de los poderes públicos, donde la
revolución bolivariana obtuvo más de 42% de los votos a la Asamblea Nacional y
donde su propio triunfo dependió de la atracción de aquellos chavistas
molestos, quienes estaban dispuestos a buscar una alternativa electoral.
Curiosamente, después de prometer un cambio político, la oposición escogió en
función de una nueva alianza a lo interno de la MUD, un liderazgo parlamentario
que restauraba la vocería de la Cuarta República, argumentando la necesidad de
contar con un líder de amplia experiencia y verbo aguerrido.
Simbólicamente, esta decisión
le permitió al gobierno hablar de restauración y minimizar esa promesa de
cambio; aunque a la oposición le permitió ganar un operador curtido en diversas
plazas y con mucho polvo en los zapatos.
La oposición también decidió
juramentar a su bancada en dos momentos diferentes y argumentó razones
formales, ocasionadas por la decisión de la Sala Electoral. Lo cierto es que,
al no poder juramentar en el mismo acto de instalación a los 112 diputados, quedaban
vulnerables los tres diputados amazónicos.
Para el gobierno era muy
costoso internacionalmente impedir que se instalara la Asamblea Nacional el 5
de Enero, por lo que lo lógico políticamente era dar esa pelea desde el
principio y no en actos separados (que fue lo que supuestamente recomendaron
los abogados constitucionalistas). El chavismo aprovechó esa vulnerabilidad
política y, ante la amenaza del desacato y la formalización de la omisión
legislativa, la MUD se vio obligada a retroceder. No le quedaba otra
alternativa, dado el esquema de juramentación que habían escogido.
Si se hubiese planteado la
juramentación de los 112 diputados como un bloque, en el mismo acto en que eran
instalados los diputados del PSUV, hubiese sido muy difícil para la Sala Electoral
desincorporar a los amazónicos sin disolver de facto a toda la Asamblea
Nacional.
La presión internacional
habría sido enorme.
Es así como la oposición
prefirió instalarse antes que blindar políticamente su mayoría calificada y
dejar al descubierto la manipulación constitucional a la que estaban siendo
sometidos.
Y, finalmente, en vez de abrir
un espacio de diálogo, en su discurso inaugural planteó que el objetivo
principal era salir del Presidente en seis meses y comunicó de forma abierta su
agenda política. Por lo tanto, mostró una bancada que no estaba dispuesta a
abrir un proceso de negociación, confirmándose así las suspicacias del
gobierno.
La forma atropellada en la que
se retiraron los retratos de Bolívar y Chávez horas más tarde terminaron de
sellar esa percepción.
Estos acontecimientos ponen en
evidencia que en Venezuela el cambio no va a ser rápido y que difícilmente
puede darse por un colapso express del gobierno.
Los eventos de esta primera
semana en las inmediaciones de la Asamblea Nacional parecieran más bien
demostrar que la transformación democrática de Venezuela será mucho más
compleja, tanto en lo económico como en lo político.
Lo cierto es que el país no
tiene cómo salir de la actual coyuntura sin un acuerdo. Pensar que la salida es
rápida, es repetir lo mismos errores del “Chávez vete ya” y es subestimar la
capacidad que tiene el gobierno de obstaculizar, institucional y políticamente,
cualquiera de las distintas opciones planteadas.
El chavismo se mostró
preparado en cada sesión, pero no escondió su disposición a violentar la
voluntad popular y contradecir su propia jurisprudencia: ésa que afirma que los
funcionarios electos que fueran adjudicados y proclamados no podían ser
impugnados.
Sin embargo, también es
difícil pensar que el actual escenario pueda beneficiar al gobierno. A finales
de este año tenemos elecciones de gobernadores, el año entrante de alcaldes y
luego las presidenciales.
La oposición tiene enfrente un
ciclo electoral que va a poder capitalizar gradualmente, en medio de una gran
debacle económica. Y para el chavismo la única alternativa frente a este mismo
ciclo es profundizar los subterfugios más oscuros del sistema. Pero eso no
garantiza ni su supervivencia política ni mucho menos su recuperación
electoral.
Pero, incluso si la
oposición no logra sacar al presidente Maduro del poder, el chavismo está
caminando por una calle ciega y sólo puede apostar a retrasar lo inevitable.
Lo que sí es evidente es que
la población difícilmente pueda tener la misma paciencia que los políticos para
hacerle frente al ciclo electoral y convivir indefinidamente con un conflicto
de poderes.
El dramatismo de la crisis
económica es de tal magnitud que hace perentorio buscar una válvula de escape.
La presión social va a ser cada vez más alta y es lo único que va a obligar al
gobierno a aceptar alguna negociación.
El nombramiento de Aristóbulo
Istúriz como Vicepresidente es una clara señal de que el gobierno también
se prepara para ese posible escenario y sabe que no sólo puede apostar a
bloquear cualquier salida indefinidamente. De ahí que tanto la oposición como
el gobierno tengan que moverse en dos terrenos: negociación o Referéndum
Revocatorio.
Para poder negociar, la
oposición necesita obligar al Ejecutivo a sentarse en la mesa (lo que antes era
la amenaza de las dos terceras partes, pero sobre las que ahora hay
incertidumbre). La única amenaza creíble pasará a ser, entonces, su capacidad
de movilización social y de protesta, en el contexto de una recesión económica,
un tema que curiosamente divide a los radicales de los más moderados dentro de
la MUD.
Si la negociación con el
gobierno fracasa (o nunca se plantea), la oposición no tiene otra opción que
activar el Referéndum Revocatorio y enfrentar todos los obstáculos que el
gobierno vaya a imponer.
El revocatorio es un camino
que va a poder iniciarse a partir del 14 de abril del presente año, pero para
poder hacerlo más expedito y vencer las barreras que seguramente surgirán, la
MUD va a depender de su capacidad de movilización. Es decir: de su poder de
calle.
En teoría, una potencial
negociación con el gobierno implica un acuerdo sobre distintos temas: economía,
reglas electorales, amnistía política y renovación de los poderes.
Para el chavismo, en cualquier
negociación que se llegue a plantear será clave una reforma constitucional para
cambiar el calendario electoral que actualmente está pautado, incluyendo
eliminar el revocatorio y posponer las elecciones de gobernadores y alcaldes,
para compartir el costo político de un programa de estabilización económica y
obtener una amnistía que los blinde frente a futuras acciones judiciales.
Para la oposición, es
fundamental recortar de seis a cinco años el período presidencial, eliminar la
reelección indefinida y garantizar la amnistía de los presos políticos y la
renovación de los poderes.
Son acuerdos posibles y, sin
duda, sería lo mejor para el país. Pero rara vez los políticos negocian hasta
no estar obligados a hacerlo. Y lo único que puede llevar al chavismo a
aceptar esa posibilidad es la presión social.
Un país con un deficit fiscal
que sobrepasa los 18 puntos del PIB, con cuatro tipos diferentes de cambio, con
una caída de la actividad económica que para el año 2015 alcanzó más de 10
puntos del PIB y con una inflación (sin cifras oficiales) que cerró en más de
270 por ciento: hablamos de una nación prácticamente quebrada.
A todo eso hay que agregarle
la escasez de más de 70% en medicamentos y más del 65% en alimentos que hacen
de la vida diaria de los venezolanos una vida compleja y miserable.
Este año Venezuela requiere
más de 16 mil millones de dólares de financiamiento para cubrir sus necesidades
y pagar sus compromisos. Y todo eso lo debe hacer sin acceso a los mercados de
capitales y con su único financista, que es China, entrando en una crisis cada
vez más profunda.
Es evidente que la única
opción frente a la dimensión de la crisis económica es un acuerdo político que
le dé viabilidad a la posibilidad de enfrentar los grandes desequilibrios
macroeconómicos y promover un programa masivo de atracción de inversiones y de
transferencias sociales.
Ese acuerdo supone que ambos
bandos tengan garantías políticas mutuas, lo cual siempre implica concesiones.
Después de haber sido
instalada la Asamblea Nacional, una semana ha sido suficiente para darse cuenta
de lo que parece obvio: lo fácil es polarizar y lo realmente difícil va a ser
llegar a una solución que funcione para todos.
14-01-16
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