Román Ibarra 21 de enero de 2016
@romanibarra
El
Presidente Maduro acudió a la Asamblea Nacional cumpliendo con la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, para presentar –presuntamente- la
memoria y cuenta de la gestión de su gobierno en el año anterior, es decir,
2015. Se le fue el tiempo divagando en un discurso circular, incoherente, fuera
de lugar, y lleno –otra vez- de epítetos y mensajes sin destino.
Así
mismo, aprovechó para entregar a las autoridades de la nueva Asamblea Nacional
el Decreto de estado de excepción económica, según el cual, pretende dedicar el
mayor esfuerzo en la recuperación económica y financiera de la república, en
los términos que están consagrados en la Constitución en los artículos 337,
338, y 339, el cual, deberá ser estudiado, y discutido por la comisión
designada al efecto para decidir acerca de su aprobación, improbación o
modificación.
Pues
bien, nadie niega que estemos en un estado muy delicado, y excepcional que
obliga –como no- a una emergencia en materia económica, y financiera, pero que
también encierra unos deberes a cargo del gobierno para enderezar el rumbo que
ha venido marcando en los últimos 17 años, y que ha significado la ruina
absoluta del país en las manos de Chávez primero, y ahora de Maduro. Por qué el
pueblo venezolano tiene que pagar las calamidades creadas por el comunismo
militarista y corrupto, y en consecuencia asumir el peso inmenso de una ruina
creada por quienes dirigen el país?
No, la
Asamblea Nacional tiene la obligación de discutir y evaluar con ojo crítico el
instrumento que ha recibido, pero debe –tal como ha hecho- convocar la opinión
de las academias, dirigentes sociales, emprendedores, empresarios,
comerciantes, y todo aquel que pueda ayudar a organizar la respuesta frente al
decreto propuesto. Es necesario que con la alternativa de propuesta y
modificación que haga la Asamblea del Decreto propuesto, también se exija
cambiar el rumbo en el sentido de que el gobierno asuma su responsabilidad y en
consecuencia actúe de una vez en la dirección del aumento de la gasolina; de la
recuperación del campo venezolano; del sector privado de la economía; que
ofrezca garantías jurídicas verdaderas para la inversión privada nacional e
internacional; que genere un ambiente propicio para la gobernabilidad
construido a partir de la relación fructífera entre gobierno, empresarios, y
trabajadores, esto es, el tripartismo que garantice creación de empleos bien
remunerados, baja conflictividad social, y un ambiente gubernamental generador
de reconocimiento y espacios para la gobernabilidad democrática. La alternativa
que proponga la nueva Asamblea Nacional, debe auspiciar la resolución de los
problemas que más destruyen la calidad de vida de los venezolanos: acabar con
la regaladera de petróleo a Cuba, Petro Caribe, Petroamérica, abandonar la
compradera de armas a Rusia; reducir drásticamente la inseguridad; la Ley de
Repatriación de Capitales; y muy especialmente tiene la obligación de impedir
que el gobierno convierta el Decreto en una arma destructiva, y deletérea de la
escasa y muy debilitada propiedad privada.
Es
inaceptable que pretendan convertir al sector productivo en el nuevo Daka para
pagar los platos rotos del populismo irresponsable. Los ojos de país están
puestos, así como las esperanzas de todos los venezolanos de bien en la
Asamblea que elegimos el 6D. El gobierno ha de entender que si quiere apoyo
para su decreto tendrá que acceder a negociar un pacto de gobernabilidad que
garantice la sustentabilidad de nuestras vidas, de lo contrario –tal como se ha
venido anunciando- será arrrastrado por alguno de los mecanismos constitucionales para ponerle término a su mandato.
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