Por Oscar Bastidas Delgado
En el sector público venezolano
se consiguen expresiones participativas desde los años 60 en disposiciones
legales del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y del Banco
Central de Venezuela (BCV). Conocida fue la representación laboral en la junta
directiva de las empresas impulsada por el presidente Carlos Andrés Pérez
mediante la Ley de Representación de los Trabajadores en los Directorios de las
Empresas del Estado, los Institutos Autónomos y los Organismos de Desarrollo
del 11/7/1966, reformada el 23/12/1969. Esa opción podría denominarse de
cogestión parcial al permitir solo la presencia de dos trabajadores en esas
instancias de cinco, siete o más directivos; conocida es también la
participación accionaria de 9.043 extrabajadores con acciones Clase B de la
Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
La reforma de la Ley Orgánica de
Trabajo (LOT, 1977) amplía la participación al establecer en su artículo 610
que “en los directorios, juntas
directivas o administradoras o consejos de administración de los institutos
autónomos y organismos de desarrollo económico o social del sector público, y
de las empresas en que el estado u otra persona de Derecho Público sea titular
de más del cincuenta por ciento (50%) del capital, existirán por lo menos dos
(2) directores laborales… ”.
Para el sector privado, la
cogestión viene propuesta en el artículo 623 de la LOT: “Las empresas del sector privado que introduzcan en su funcionamiento
disposiciones similares a las establecidas para los organismos del sector
público en los artículos anteriores gozarán de protección especial. El
Ejecutivo Nacional dictará por vía de reglamentación normas que tiendan a
concretar y regularizar esta protección y a estimular la participación laboral,
la cual dará derecho a un trato preferencial en la medida en que contribuya a
la armonía de los factores de la producción con miras al desarrollo social y
económico y al aumento de la productividad”. El 624 agrega: “Continuarán en vigencia aquellas formas de
participación en la gestión que sean más amplias que la prevista en esta Ley,
vigentes a la fecha de su sanción en organismos de carácter público”.
Estas regulaciones, tanto las de Pérez
como las de la LOT, fueron derogadas en el año 2000. Ese mismo año, el 1ª de
mayo, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la Fuerza Bolivariana de
Trabajadores presentaron el Proyecto de Ley
de Participación de los Trabajadores y Trabajadoras en la Gestión de las
Empresas Públicas y Privadas, y el gobierno la desconsideró a pesar de sus
relaciones de entonces.
Por su parte, el sindicalismo
integrado en la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) formuló una
propuesta de cogestión a la venezolana discutida en su VIII Congreso (Porlamar,
1980) que se basó en que el factor trabajo es factor fundamental de la empresa
y debe participar en la gestión en
similares condiciones a los representantes del capital en todos los niveles y sin
diferenciar entre privadas o públicas. En esa fórmula aparece un “miembro neutro”
nombrado de común acuerdo entre patronos y trabajadores, que asiste a reuniones
de junta directiva pero solo vota en casos de empate. En 1986 la CTV crea el
Departamento de Cogestión para fomentar esta modalidad formando dirigentes
sindicales mediante cursos y talleres.
En los años del presente gobierno,
fiel al modelo burocrático manu militari,
las propuestas “participativas” o “modelos sociales” vienen desde arriba, han sido
varios y todos fracasados. Son célebres: 1) los sistemas de aldeas rurales auto-organizadas
sustentables (Saraos), suerte de fundo colectivo diseñado por el Ministerio de
Planificación estructurado sobre cooperativas de 24 familias; desde antes de
ser diseñados, varios grupos pro gobierno —imbuidos de “viveza criolla”— los
pusieron en marcha para obtener apoyos; 2) el proyecto de gallineros verticales
del ministro Nelson Merentes; 3) los cultivos hidropónicos y huertos intensivos
traídos por la Universidad Agraria de La Habana y puestos en marcha por una brigada
de infantería del Ejército en terrenos del Metro de Caracas, administrados por
una cooperativa de San Agustín del Sur; 4) los fundos zamoranos, modelo agro-productivo
de corte socialista llamado a impulsar la constitución de mercados socialistas
que evitarían la intermediación.
Continúan: 5) los núcleos de desarrollo
endógeno (Nudes), impulsados directamente por el mandatario nacional; 6) las empresas
de propiedad social (EPS, 2005), modelo impuesto a cooperativas y empresas que
deseen contratar con empresas públicas como Pdvsa y la CVG que debían cancelar
salarios similares a todos sus trabajadores y destinar 10% de las ganancias o
excedentes a actividades de responsabilidad social; 7) la mal llamada cogestión
combinada con cooperativas pues realmente fue una engañosa participación
accionaria cuya peor experiencia fue la de Venepal; 8) los consejos de gestión socialista
de los trabajadores y trabajadoras impuestos a Corpoelec sin mayor
trascendencia y con dedocracia como método de participación; 9) el control obrero
impuesto en las industrias básicas y minería por la presidencia de la
Corporación Venezolana de Guayana, que no superó la etapa de los ejercicios
retóricos y de reuniones de personas seleccionadas también a dedo por niveles
superiores, tan vacía de participación fue esta propuesta que fracasado el
modelo, la casi totalidad de esas empresas son dirigidas por militares.
Otros: 9) los consejos comunales,
figura establecida por ley del 9/4/2006 y relanzada mediante ley orgánica de
diciembre de 2009, con uso utilitario e ilegal de unas cooperativas de ahorro y
crédito - sin ahorros ni créditos -, como supuestos bancos comunales receptores
de aportes gubernamentales, menos mal que la Ley Orgánica de Comunas del 21/12/2010
eliminó ese exabrupto legal; 10) las empresas socialistas o empresas de propiedad
social (EPS, 2008), que provendrían de las comunidades a través de los consejos
comunales o de cooperativas que bajo supuesta cogestión decidieran devolver sus
acciones al Estado, ellas serían de administración directa si fuesen
administradas por los trabajadores e indirecta si por el Estado, desarrollarían
los consejos de trabajadores, figura impulsada por el gobierno en empresas
privadas como Sanitarios Maracay, INAF, Textilera Gotcha y otras; y 11) la
comuna, figura propuesta en la idea de la nueva geometría territorial rechazada
en el referéndum del año 2007 pero incorporada antidemocráticamente en el marco
legal mediante la Ley Orgánica de Comunas, cuyo Parlamento Comunal, figura
local, fue sacado de la manga en diciembre 2015 por el presidente saliente de
la Asamblea Nacional en un esfuerzo desesperado por ocultar el rotundo triunfo
de la oposición y que no pasó de un saludo a la bandera.
Para esos modelos de escritorio,
el gobierno puso en marcha un andamiaje burocrático sin concepto, dirección y
participación del supuesto sector protagónico: 1) Misión Vuelvan Caras, luego
Misión Che Guevara desde el 2007; 2) Plan Fábrica Socialista; 3) ministro de
Estado para el Desarrollo de la Economía Social (¡Merentes!, noviembre de
2002); 4) Ministerio del Poder Popular para la Economía Popular (Minep) y Ministerio
de Desarrollo Endógeno (septiembre de 2004); 5) Ministerio del Poder Popular
para la Economía Comunal (Minec, marzo de 2007), ministerio con un reglamento orgánico
que no menciona las cooperativas y en las atribuciones de la Oficina para la
Economía Comunal ¡se refiere solo a la economía informal!; 6) Ministerio para
la Economía Comunal (2009); 7) Ministerio del Poder Popular para las Comunas y
Protección Social por fusión del Ministerio para la Economía Popular y el
Ministerio de Participación y Protección Social; y 8) un sistema disperso de
financiamiento microempresarial con base en la Ley de Microfinanzas, constituido
fundamentalmente por bancos estatales: Banco del Pueblo Soberano, Banco de Desarrollo
Económico y Social (Bandes), Banco de la Mujer (BanMujer), Banco de Fomento
Regional Los Andes (Banfoandes), e Instituto Nacional para la Pequeña y Mediana
Industria (Inapymi), amén de numerosos fondos y dispositivos en gobernaciones y
alcaldías con cifras jamás consolidadas.
Este panorama de imposiciones económicas
quedaría incompleto de no observarse la amplia cantidad de empresas estatizadas
y lo hecho por el ahora inocente Jorge Giordani, ex ministro de Planificación, con
las casas de bolsa. Ellas, con mecanismos que les permitían a ciudadanos
comunes decidir cómo y dónde invertir directamente en el mercado de capitales
obviando los filtros de bancos públicos y privados que hacían y hacen jugosas
ganancias con sus ahorros, fueron eliminadas de un caprichoso plumazo a favor
del capitalismo bancario y en contra de jóvenes directivos de esas casas que
sufrieron presidio injustificado.
Con esa decisión, el gobierno
mutiló el único sistema financiero que impulsaba el valor del ahorro, la
inversión, la previsión familiar, laboral y de vejez mediante fideicomisos y
ahorros dirigidos en el país; años después, el gobierno permitió el
funcionamiento de esas casas permitiéndoles realizar las mismas operaciones por
las que las cerró, sin reconocer su error ni resarcir el tiempo de presidio de
los directivos mencionados. ¡Giordani jugó a favor del sistema bancario!
08-06-16
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