Por Olgalinda Pimentel
Los cuerpos policiales y de
seguridad matan a 17 personas cada día, en supuestos enfrentamientos en todo el
país, y “esto está debilitando al gobierno”, afirma el investigador y director
ejecutivo del Observatorio Venezolano de Violencia
De cada tres muertes
violentas reportadas en el país, dos fueron ejecutadas por el hampa común y una
por la policía, según registros oficiales de 2018, que indican, además, una
disminución del homicidio, entre otros delitos, en comparación con el año
pasado. “Esa baja, si se da por cierta, no significa que la tasa de homicidios
haya disminuido”, advierte el sociólogo Roberto Briceño-León, director
ejecutivo del Observatorio Venezolano de Violencia, quien no descarta el efecto
de la diáspora en las cifras.
No obstante, señala que hubo
un aumento “dramático y preocupante” de fallecidos en enfrentamientos
policiales en todos los estados del país. Más de 2.000 personas murieron en lo
que va de año bajo la figura de resistencia a la autoridad, es decir, 17 cada
día, aproximadamente, a manos de policías, lo cual no se traduce en mayor
seguridad para la ciudadanía, afirma.
“La única política de
seguridad que el gobierno está aplicando es la incapacitación selectiva final,
la pena de muerte caprichosa y, además, ilegal, porque en otros países donde
está normada, se evita la discrecionalidad”, añade.
Explica que las políticas de
control de delito en el mundo tienen la finalidad de prevenirlo o de evitarlo
incapacitando temporalmente al delincuente con la cárcel para ahorrarle el daño
a la sociedad: “Pero en Venezuela, como el gobierno no ha podido responder al
problema carcelario como generador de delitos, decidió incapacitar a los que
considera hampones, eliminarlos; aplica la política del exterminio”.
Hay zonas del país donde la
relación homicidios por hampa-resistencia a la autoridad, se invierte: por un
fallecido debido a la acción del criminal común, hay 1,3 por actuación de
organismos de seguridad del Estado, de acuerdo con los reportes oficiales. “La
policía ha matado más que los delincuentes en 3 entidades”, dice.
En Anzoátegui, en primer
lugar, fueron reportadas unas 71 muertes por delincuentes y 114 aproximadamente
por la policía, en los primeros 3 meses de 2018, cifra que se incrementó a 90 y
130, respectivamente, en el cuarto mes. Lo atribuye a la existencia de bandas
criminales, narcotráfico y grupos vinculados a los sectores petrolero y de
cemento. En Trujillo, particularmente en los municipios La Ceiba y Andrés
Bello, colindantes con el lago de Maracaibo, también se incrementaron los casos
de resistencia a la autoridad, y el estado Sucre se ubica en tercer lugar. En
las tres entidades el tráfico de drogas determina la dinámica criminal.
En el Distrito Capital y el
estado Miranda, puntualiza, las cifras de muertes por resistencia a la
autoridad son “muy altas” y se constatan cada día en operativos desplegados por
la FAES de la PNB, la GNB y el Cicpc. Los casos más frecuentes en Caracas se
reportan en El Valle, Santa Rosalía, La Pastora, 23 de Enero, y Antímano; en
Miranda, en Petare, Brión (Higuerote) y zonas de los Valles del Tuy.
Para el investigador de
violencia en las ciudades, estas ejecuciones extrajudiciales están no solo
anulando los enunciados de la Misión A Toda Vida Venezuela, que catalogaban el
uso de las policías en el combate del crimen como una modalidad “de la
derecha”, sino que, además, están generando rechazo en sectores populares. “Eso
está debilitando al gobierno y socavando sus bases políticas”, asegura. La idea
de la fuerza, propia de las dictaduras, puede afectar las libertades políticas
para un sector, pero para los más pobres está relacionada con una acción
criminal, dice.
La actuación violenta del
gobierno, a través de la incapacitación selectiva final, lo convierte en
criminógeno al no actuar en prevención, y en criminal, al centrarse en la
represión brutal, y solo tiene un objetivo, según Briceño-León: “Amedrentar a
la población más pobre con una supuesta protección policial, pero que en la
realidad crea la percepción de un gobierno asesino e infunde temor”.
Gobierno criminógeno
El hurto para la venta
ilegal de antimaláricos donados desde Guyana o Brasil, que son manejados solo
por el Estado, y de otros medicamentos en centros de salud públicos, es
expresión no solo de supervivencia, sino también de una situación social
provocada por el gobierno “criminógeno” para mantener el control, afirma
Roberto Briceño-León.
“En la lucha por la
proteína, la gente socialmente ya no está vinculada al trabajo como valor
social, porque lo que gana es insuficiente para vivir, y entonces incurre en
modos fuera del trabajo: robo, hurto, bachaqueo, incluso personas que no son
delincuentes, para resolver sus carencias”, advierte.
Desde su perspectiva
sociológica, observa otras situaciones anómalas que en el pasado configuraban
delito: el uso de moneda extranjera para sobrevivir; o inducir al pago ilegal
de comisiones al no conseguir una cita por la página web del Saime para renovar
el pasaporte. “El gobierno es criminógeno hasta cuando envía a funcionarios de
la GNB o la FAES a realizar operativos sin darles dinero y comida, los ponen a
buscar sus proteínas, y eso los hace matraquear. Ha creado las condiciones por
omisión o por incompetencia, porque no le importa otra cosa que mantenerse en
el poder; pero, además, porque al generar el control social lleva al ciudadano
a buscar vías ilegales para hacerlo; entonces todo el mundo delinque”, afirma.
Considera que no hay freno,
porque el marco legal está en suspenso y ya no es eficaz para regular la vida
social: “La base de la regulación de la vida desaparece y cuando eso ocurre
aparecen la fuerza y el delito organizado”. Sostiene que al empujar a la
sociedad a incurrir en prácticas delictivas crea las condiciones y convierte a
los ciudadanos en imputables: “Se imputa a quien quieren imputar. La ley se usa
para los enemigos”.
“Lo que hay detrás es un
sistema personalista autoritario que implica un gran retroceso social, es la idea
de una revolución que quiere destruir e imponer un nuevo modelo político”,
señala.
Fuente:
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/briceno-leon-gobierno-aplica-exterminio-como-politica-estado_238310
04-06-18
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