MIGUEL ÁNGEL SANTOS 05 de septiembre de 2018
Durante
años, muchos venezolanos han estado obsesionados con el mito del chavismo
práctico. Según esta noción, llegaría un momento en que el gobierno de Hugo
Chávez, primero, y Nicolás Maduro, después, empezarían a administrar la
economía con algún criterio de eficiencia, mientras aceleraban la represión
política y se atornillaban al poder.
Las
reacciones al mito también evolucionaron en la medida en que la situación del
país se fue deteriorando. Del temor a que un mejor manejo de la economía
perpetuara al chavismo en el poder pasamos a la esperanza de que, en medio de
la catástrofe humanitaria que arropa al país, prevaleciera algo de sentido
común. Pero, como el escorpión de la fábula, el chavismo no puede evitar picar
a la rana que lo ayuda a cruzar el río. Es su naturaleza.
El
chavismo práctico fue reavivado el 17 de agosto, cuando el presidente Nicolás
Maduro apareció en cadena nacional para hacer una serie de anuncios de política
económica, que contenían algunos de sus elementos más conspicuos. Maduro
anunció una devaluación de 97 por ciento en la tasa de cambio oficial y aseguró
que iríamos “hacia un nuevo sistema cambiario” con “un solo tipo de cambio
fluctuante anclado al petro”, una pseudocriptomoneda lanzada en febrero.
También declaró su intención de eliminar la impresión de dinero como mecanismo
de financiamiento del gasto público, origen de la hiperinflación que azota a
Venezuela. Se crearía un impuesto a las transacciones financieras y el impuesto
al valor agregado subirá de 12 a 16 por ciento. En la misma alocución, decretó
un aumento de 35 veces en el salario mínimo, junto con un bono compensatorio.
El nuevo salario mínimo serían unos 30 dólares a la nueva tasa oficial,
equivalentes al dólar diario que se utiliza a nivel internacional para
identificar la línea de pobreza. El precio de la gasolina —que hoy es
prácticamente gratis— sería llevado a precios internacionales, una medida que se
complementaría con un subsidio directo a la persona.
Aunque
algunos de estos anuncios formarían parte de cualquier programa de reformas
orientado a recuperar la economía venezolana, el paquete de medidas carece de
elementos que permitan resolver sus dos principales problemas. En muy poco
tiempo, los cinco ceros que le acaban de restar al bolívar fuerte, volverán a
colgar a la derecha del bolívar soberano.
En
primer lugar, el conjunto de medidas no tiene cómo generar las divisas
necesarias para importar los productos que el país no es capaz de producir. La
caída en picada de la producción petrolera, el agotamiento de la capacidad de
endeudamiento durante los años de bonanza y la incapacidad para atraer
inversión extranjera en un entorno que no garantiza los derechos de propiedad,
ha forzado al país a reducir sus importaciones por habitante en 84 por ciento
en los últimos cinco años.
En
segundo lugar, veinte años de expropiaciones, nacionalizaciones y regulaciones
orientadas a apropiarse del flujo de caja del sector privado, han agotado al
aparato industrial, por lo que el país no tiene cómo producir las cosas que ya
no puede importar.
En
este contexto, lo máximo que cabe esperar es que las medidas estabilicen la
miseria. Una semana ha bastado para demostrar que aún esa era una meta de por
sí bastante ambiciosa.
Aunque
haya proclamado lo contrario, Maduro no tiene cómo pagar el aumento de salario
de los empleados públicos y los bonos decretados como no sea recurriendo a la
impresión de dinero. Solo en septiembre, el impacto de los anuncios —sin
incorporar los efectos sobre pensionados y los tres meses de sueldos de la
pequeña y mediana industria que el gobierno prometió asumir— equivaldría a 80
por ciento del dinero en circulación. Por inercia, la cantidad de dinero ya
viene duplicándose cada treinta días y la inflación supera 125 por ciento
mensual. La introducción de estas medidas equivale a apagar un incendio con
gasolina, cuyo aumento ha sido pospuesto para finales de septiembre.
A
pesar de la megadevaluación anunciada por Maduro, el precio del dólar en el mercado
paralelo continúa subiendo y ya se cotiza al menos 54 por ciento por encima del
dólar oficial. Para acabar con las dudas, el gobierno publicó una nueva lista
de precios acordados (ya no se llaman controlados) y detuvo a varios gerentes
de tiendas por el llamado “remarcaje” de precios y especulación. En estos pocos
días, los venezolanos se han abalanzado sobre las tiendas con lo poco que
tienen, las colas se han multiplicado y la escasez ha arreciado.
En el
fondo, lo que ocurre es que las políticas que el régimen necesita para
perpetuarse en el poder, no coinciden con las que la economía requiere para
poder funcionar. Para subyugar a los venezolanos, el chavismo necesita del
sistema de controles y una absoluta discreción administrativa. Solo así puede distribuir
la renta cada vez más exigua entre las diferentes facciones que lo sostienen en
el poder y mantener a la población sumisa. A fin de cuentas, esa ha sido
siempre su naturaleza.
La
economía venezolana, sin embargo, requiere recuperar el acceso a divisas a
través de un programa que contemple financiamiento multilateral extraordinario,
una significativa reestructuración de deuda y la apertura del sector petrolero
a la inversión privada.
Necesita
además recrear el mecanismo de mercado como herramienta que le permite a la
sociedad organizarse para sacar el máximo provecho de sus recursos y resolver
sus propios problemas.
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