Miguel Méndez Rodulfo 19 de octubre de 2018
Este
régimen, incontinente como ningún otro gobierno, siempre ha creído mágicamente
poder resolverlo todo dictando leyes. La Constitución de 1999, ley de leyes de
la República Bolivariana de Venezuela, fue el proyecto país, la visión
revolucionaria de una nación que ameritaba ser rescatada por la “pureza” de un
nuevo ideal de hombre y sociedad, encarnado por el ilustre hijo de Sabaneta.
Casi 20 años después ya sabemos en que devino todo esto, pero en tanto el chavismo
y su extensión madurista fueron generando una producción industrial de leyes
para cualquier cosa, casi siempre por la vía habilitante ya que el parlamento
socialista siempre fue perezoso y estuvo genuflexamente subordinado al poder
Ejecutivo. Se hacían “al mayor” leyes nuevas y constantemente se reformaban
leyes anteriores o esas mismas leyes que hacía poco se habían sancionado
sufrían cambios. Muchas de estas reformas se efectuaban por errores materiales,
pero otras veces porque un nuevo grupo llegaba al mando y traía bajo el brazo
su propia idea de lo que debía ser esa ley.
El
régimen hemorrágicamente produjo leyes orgánicas, leyes ordinarias, decreto
leyes, reglamentos, providencias, normas, etc., etc., en tanto que el país
siguió en picada pronunciada; es decir que el efecto de generar más leyes fue
inversamente proporcional al crecimiento y desarrollo. ¿Cuantas habilitantes se
le dieron al héroe del Museo Histórico Militar, cuantas al actual inquilino de
Miraflores? Muchas, sin duda, tantas y tan prolongadas que su duración se
estiraba como un chicle y lo raro era no encontrarnos en un período de
otorgamiento de poderes especiales al regidor de nuestra sufrida Patria. Cuando
uno le mete la lupa a cualquier ley, no es difícil encontrar evidencias de luchas
de grupos gobierneros por controlar espacios de poder. Así una ley originada en
un ministerio y en alianza con otros ministros amigos, invade las competencias
naturales de otro ministerio, lo cual no significa sino trabas a la gestión y
enredos que impiden que la administración pública fluya y sea eficiente.
Al
final del gobierno de Caldera II se entendió que también, lo que había ocurrido
en el período democrático, era inconveniente. Se habían producido en Venezuela
más leyes de las necesarias y convenientes, al amparo del rentismo petrolero y
de la intromisión del Estado en la sociedad. Muchas de estas leyes propiciaban
la dispersión, eran contradictorias unas con otras, no contribuían a la
simplificación de la administración de justicia y eran muy variadas y difíciles
de entender por el ciudadano. La Ley Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público, fue un intento en la dirección correcta, al compilar en un
solo texto legal los temas de Presupuesto, Crédito Público, Control Interno, Tesorería,
Contabilidad, Fondo de Estabilización Macroeconómica y Fondo de Ahorro
Intergeneracional. Aquí se planteó el principio utilizado por Don Andrés Bello,
cuando en 1840 abordó la elaboración del Código Civil de Chile: “aplicando las
ventajas de la codificación, que generaba cuerpos de leyes coherentes,
preparados en forma racional y sistemática, por sobre el derecho común, lleno
de vacíos y de leyes contradictorias”.
Hay
que hacer leyes, pero éstas no pueden ser elaboradas en forma inconexa; deben
estar encuadradas en el marco de las Políticas Públicas. Un grave error que
cometimos en la democracia, fue haber hecho leyes y planes, sin referenciarlas
a una visión de mediano plazo, escenario sectorial en el que actúan las
políticas públicas. En la nueva gobernabilidad, la tarea legislativa será
descomunal y no habrá manera que nuestro Congreso pueda discutir y sancionar
tal cúmulo de leyes en los lapsos en que el país debe dar respuesta efectiva e
inmediata a los graves problemas que nos aquejan, de manera que muy a mi pesar,
porque creo que haberle dado poderes especiales al Presidente para que legisle,
ha sido perjudicial para Venezuela, a la vez que una sumisión del legislativo
al ejecutivo, en desmedro del equilibrio de poderes. Paro aún asi, no veo otra
opción que habilitar nuevamente, y por última vez al primer mandatario. Una
manera de controlar esto y atenuar el peso del ejecutivo, es que los diversos
grupos técnicos del país se aboquen inmediatamente a elaborar borradores de
leyes para su sector que puedan ser revisados por las diferentes comisiones de
la AN, de manera que se filtre el borrador y se le dote de técnicas legales,
antes de enviarlo como proyecto de ley al ejecutivo.
Miguel
Méndez Rodulfo
Caracas
19 de Octubre de 2018
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