IBSEN MARTÍNEZ 30 de octubre de 2018
@ibsenmartinez
Según
varios observatorios de la actividad militar en el globo, tales como la privada
Red de Seguridad y Defensa de América Latina, las fuerzas armadas venezolanas
se estiman en unos 365.000 efectivos y más de 1.000 generales en activo.
Con
una población calculada en 31 millones de habitantes, la proporción entre
generales y ciudadanos venezolanos es de un general por cada 31.000 personas
decentes.
En
marzo pasado, la organización no gubernamental Transparencia Venezuela,
integrante de una respetada red mundial de lucha contra la corrupción, informó
que de los 34 ministerios creados por la revolución bolivariana desde 1999, los
militares están al frente de 14 de ellos, incluyendo Defensa, Interior,
Petróleo y Minería, Agricultura y el notoriamente inepto y corrupto ministerio
de Alimentación. Un general detenta la presidencia de la estatal Petróleos de
Venezuela (PDVSA) y otros seis las gobernaciones de los Estados más populosos
de los 24 en que, políticamente, se divide el país.
Siempre
según cifras aportadas por Transparencia Venezuela, más de 11.000 miembros de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se hallan, de una u otra forma, en
posiciones de poder y, de acuerdo con Control Ciudadano, otra ONG que escudriña
el opaco mundo castrense venezolano, la participación de los militares en el
Gobierno alcanza ya un 43,7%.
Vistas
esas cifras, la responsabilidad de los militares en el desplome de la economía
que ha precipitado la tragedia humanitaria venezolana es, pues, indiscutible.
Su hegemonía en todos los ámbitos de gestión pública susceptibles de ser
saqueados con ya probada absoluta impunidad se acrecentó con la creación, en
2016, del llamado Arco Minero del Orinoco (AMO).
La
propaganda bolivariana describe al AMO como una zona de desarrollo estratégico
destinado a “romper con el rentismo petrolero”. Nicolás Maduro anunció, al
crear el AMO, la participación de 135 compañías internacionales.
El AMO
abarca un área de 111.843,70 kilómetros cuadrados, es decir, el 12,2 % del
territorio venezolano, más del doble de lo que ocupa la faja petrolífera del
Orinoco. Se extiende al sur del gran río, desde el norte del Estado Bolívar
hacia el noreste del Estado Amazonas y parte del Estado Delta Amacuro. La
región se corresponde groseramente con la del mítico reino de El Dorado que
obsesionó a Sir Walter Raleigh en sus exploraciones, a fines del siglo XVI.
Diversas fuentes estiman las reservas mineras del AMO en unas 7.000 toneladas
de oro, cobre, diamantes, hierro, bauxita y el invalorable coltán. Inmediatamente
después de su creación, comenzaron las matanzas de civiles dedicados a la
minería ilegal.
Entre
enero y septiembre de 2017, la prensa regional registró hasta 61 mineros
informales asesinados en cinco municipios del Estado Bolívar. El portal Insight
Crime logró atribuir, sin lugar a dudas, 40 de esas muertes a las fuerzas
militares venezolanas.
La
escalada de violencia criminal asociada a la minería había comenzado en marzo
de 2016, con la desaparición y ejecución de 28 mineros venezolanos en Tumeremo,
municipio aurífero donde, hace dos semanas, volvió a registrarse una matanza
con saldo de al menos 7 víctimas.
Lugareños
y diputados de la región ante la Asamblea Nacional dicen que los asesinatos
sugieren una operación de exterminio de la minería informal presuntamente
exigido por las transnacionales del oro atraídas por Maduro. Esta vez, lo
acontecido en Tumeremo dejó ver que la bárbara lucha por el control de las
minas incorpora nuevos actores amados.
Uno de
ellos son los llamados trenes, aguerridas bandas criminales comandadas por
líderes, a su vez llamados pranes, salidos todos de las dantescas cárceles
venezolanas y luego cooptados por generales de la Guardia Nacional, la
aborrecida policía militarizada. El otro bando en pugna es el inefable ELN
(Ejército Nacional de Liberación) colombiano, obrando como subcontratista de
los generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pranes y elenos
actuarían como agentes de retención del diezmo que los generales venezolanos
cobran a los mineros ilegales.
La
codicia homicida de este paralelogramo de fuerzas deja ver el grado de
envilecimiento moral del sector militar venezolano, el único sostén real de la
dictadura de Nicolás Maduro.
Que
aún haya opositores demócratas que lo esperen todo de mitológicos militares
restauradores de la democracia civil y regeneradores de la moral pública es el
más terco resabio del militarismo hondamente arraigado en el alma venezolana
desde 1830.
Ibsen
Martinez
@ibsenmartinez
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