Tulio Álvarez 26 de octubre de 2018
Quiero
aclarar desde la primera línea que el único objetivo de este artículo es
propiciar una declaratoria de la Asamblea Nacional de Venezuela como persona
non grata que elimine la posibilidad de intermediación o cualquier forma de
intervención por parte de José Luis Rodríguez Zapatero y Ernesto Samper en el
conflicto venezolano. Esta pretensión no deriva de antipatías personales o prejuicios
ideológicos. Al contrario, es consecuencia de una posición dirigida a admitir
diversas posibilidades para presionar un acuerdo político, entre factores
democráticos, validado por la única institución con legitimidad que aún
subsiste en nuestro país. Me refiero precisamente al Parlamento.
La declaratoria en si misma
No
pretendo aquí la materialización de un acto basado en el artículo 9 de la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961,
típico en el marco de las relaciones internacionales cuando un Estado, sin
tener que exponer los motivos de su decisión, comunica a otro que el jefe u
otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que
cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable. La fórmula
que propongo se circunscribe a que la directiva de la Asamblea Nacional incluya
en agenda la aprobación de un acuerdo, debidamente motivado, en el cual
desarrolle los antecedentes e intervenciones de ellos, explique la
imposibilidad de una solución negociada en cualquier escenario en los que
intervengan y apruebe la declaratoria como persona non grata.
Pero
ese acto político del cuerpo de representación popular, además de inhibir toda
participación de estos personajes, tiene un sentido punitivo. Al declararlos
como persona non grata se podría transmitir el grave daño que han causado,
reflejar el máximo nivel de menosprecio del pueblo venezolano, destruyendo así
cualquier expectativa de seguir utilizando la tragedia nacional como negocio transnacional
con epicentro en República Dominicana.
Se
trata, nada más y nada menos, de lo que puede denominarse como “pote económico”
de los beneficiarios múltiples de la corrupción venezolana. Así financian el
lobby internacional que garantiza la permanencia en el tiempo del régimen de
Maduro. El mismo conglomerado que coordina Jesús Barderas, socio político y
económico de líderes del PSOE.
La carga de almagro
Considero
que otro trabajo pendiente de la Asamblea Nacional es aligerar el tremendo peso
que viene arrastrando Luis Almagro en su lucha por los derechos humanos y la
restauración democrática en Venezuela. El secretario general de la OEA, ante
tanta babosada de Zapatero se vio obligado a darle una calificación que,
necesariamente, debe estar en el futuro Acuerdo de la Asamblea Nacional:
“Ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura”. Y lo hizo dándole el
beneficio de buena fe porque “el señor Zapatero tiene un problema muy grande de
comprensión. Mi consejo, es un consejo nada más: que no sea imbécil. Es un
consejo importante, bueno, creo que le puede hacer mucho bien”. Y digo que es
un beneficio porque no utilizó el argumento del negociado y la corrupción,
factor primario en las gestiones de Samper y Zapatero. Se limitó al de la
imbecilidad.
En ese
preciso momento, se debió producir un pronunciamiento del Parlamento
descalificando a estos traficantes. O quizás antes, cuando el socialista
español afirmó en Brasil que la “intensificación en los últimos tiempos de esa
emigración a otros países tienen mucho que ver las sanciones económicas
impuestas por los EEUU y que han sido respaldadas por algunos gobiernos”.
¡Máxima canallada! Resulta que la más desastrosa crisis moral, social,
económica y política de cualquier país en América Latina no es el producto del
saqueo de los depredadores rojos sino el resultado de sanciones contra los
personeros de un régimen signado por la corrupción, la sistemática violación de
los derechos humanos más elementales, el narcotráfico y el terrorismo.
En
cuanto a Samper, su desprestigio es de tal magnitud que su rol se ha limitado a
hacer de corista de Zapatero, no sé si bien pagado. Son dos sus misiones. La
primera, apuntalar el soliloquio masturbatorio (Jorge Rodríguez, genitori) que
llama a un diálogo como única salida, a pesar de que su paisano Francisco
Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos, afirmó ante las águilas
americanas que “todas las opciones deben estar sobre la mesa para afrontar la
crisis en Venezuela”- La otra, tarea hercúlea, convencer al presidente
colombiano Iván Duque de sentarse a hablar con Maduro. Si logra esto último, se
ganó su jornal. De alguna forma nuestro Parlamento debe poner lo suyo y el
Acuerdo es excelente decisión para reasumir la iniciativa.
Intervención de la transnacional del
crímen
En
1995, Croacia declaró a Carl Bildt persona non grata bajo el argumento de que
él había perdido la credibilidad necesaria para el rol de mediador de paz por
sugerir que el presidente croata Franjo Tuđman estaba implicado en crímenes de
guerra. Y lograron el objetivo de alejarlo de los acuerdos. La declaratoria es
un recurso político y, créanme, puede ser de máxima utilidad. Por ejemplo, los
comunistas son muy hábiles en su uso. ¿Quieren un ejemplo reciente? ¿Tienen
mala memoria?
En
2017, inmediatamente después de la memorable jornada del 16 de julio, Maduro
declaró a los líderes latinoamericanos que actuaron como observadores del
referendo (Vicente Fox, Andrés Pastrana, Jorge Quiroga, Laura Chinchilla y
Miguel Ángel Rodríguez) como persona non grata. Los llamaron “políticos
sicarios”, “payasos” y “mercenarios”. Al expresidente de Brasil Fernando
Henrique Cardoso y al expresidente español Felipe González también los
calificaron no gratos por reclamar un juicio justo para los políticos
encarcelados en Venezuela. Antes y después de esas agresiones, la transnacional
de la corrupción que sostiene a este régimen ha intervenido abiertamente en
Venezuela; ya sea militarmente (Cuba) o a través de los embajadores de la
dictadura, con ingentes recursos económicos. Y entonces, ¿Qué se espera para
devolver el golpe?
Zapatero
y Samper son corresponsables de los crímenes de lesa humanidad que aquí se
cometen diariamente. Tendrán varias condenas. Entre ellas una vitalicia, el
desprecio universal. Culmino recordando que el expresidente Quiroga, al
enterarse de la declaratoria en su contra afirmó: “Agravios, insultos y
descalificaciones de regímenes dictatoriales como el de Maduro son medallas
democráticas. Las voy a atesorar para siempre”. Así sea.
Tulio Álvarez
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