Por Froilán Barrios
Los lineamientos emanados
desde el Ministerio del Trabajo el pasado 11 de octubre para ser implementados
en las negociaciones colectivas de trabajo, con ocasión de la implementación
del Programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, reafirman la
decisión del Poder Ejecutivo de desmantelar la contratación colectiva y las
relaciones de trabajo en nuestro país.
Mediante estas directrices
se crea una comisión de control y seguimiento de las contrataciones colectivas,
siendo su función, “proteger el cumplimiento y racionalización de los
beneficios laborales tanto en el sector público como en el sector privado, de
manera tal que todos los trabajadores y trabajadoras del país gocen de la justa
distribución de la riqueza, garantizando a su vez la protección de las fuentes
de trabajo así como la producción de las entidades de trabajo”.
Dicha comisión está
integrada únicamente por funcionarios del Ministerio del Trabajo, a quienes se
les ha otorgado cualidades plenipotenciarias de adecuar toda convención
colectiva pública o privada, a partir del nuevo salario mínimo de 1.800
bolívares soberanos y del tabulador autoritario, cuya característica
primordial es desconocer la meritocracia laboral.
Ahora bien, ¿cuál ha sido el
resultado del programa de recuperación económica?: un rotundo fracaso, ya que
las cifras de inflación suben vertiginosamente, a tal extremo que el Cendas-FVM
registra una canasta alimentaria superior a los 28.000 bolívares soberanos, y
una canasta familiar básica de 42.000 bolívares soberanos, indicadores que han
pulverizado el actual salario mínimo de 1.800 bolívares soberanos, fijado el 17
de septiembre de 2018, y la canasta de 52 productos acordada por el Estado
alrededor de 2.200 bolívares soberanos.
En tan solo 2 meses el poder
adquisitivo del trabajador ha sido reducido a la miseria, ya que el nuevo
salario impuesto a 8.000.000 de trabajadores de la población formal, en los que
se incluye a públicos y privados, a 4.300.000 jubilados y pensionados unifica
la condición de pobreza y precariedad de toda la población, que al mismo tiempo
agrava la situación de más de 5.000.000 de trabajadores informales que trabajan
a destajo y se les remunera a partir del concepto del nuevo salario del bolívar
soberano, bajo características de exclusión total.
24-10-18
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