Karen Sánchez 03 de octubre de 2020
@karenjsan
Durante
un encuentro con medios internacionales, Claudia López también habló de las
actuales diferencias que tiene con el Gobierno Nacional, en medio de las
protestas ciudadanas recientes, y de cómo Bogotá se ha preparado para enfrentar
la pandemia.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó que
actualmente los venezolanos que se encuentran en Colombia enfrentan una
situación “difícil y precaria”, lo que genera un “aprieto” en el mercado
laboral local y representa “un desafío difícil de enfrentar”.
Según Migración Colombia, el país alberga 1,7 millones
de migrantes venezolanos. La mayoría de ellos (343.169), se encuentran en
Bogotá. Desalojos de sus viviendas y pérdidas de empleo han sido el común
denominador de esta población, en la pandemia.
Durante una charla con medios internacionales, la
mandataria de la capital colombiana aseguró que, en la coyuntura, se les ha
“rogado” a los venezolanos que no regresen a su país. “Hemos hecho todos los
esfuerzos para que no tengan que hacer una travesía en condiciones tan
riesgosas”, aseguró López.
Aunque manifestó que no tiene a cargo el manejo de la
política migratoria en el país, le ha sugerido al Gobierno Nacional tener
prudencia en la apertura de la frontera. Así mismo, aseguró que, a lo largo de
estos meses, los migrantes han recibido ayudas en especie y atención en salud.
“A pesar de no tener seguro, el sistema público de
Bogotá ha asumido el costo del nacimiento del tratamiento en primera infancia y
de madres gestantes, de cualquier mujer, cualquier nacionalidad, que llega a
los hospitales públicos colombianos. ¿Nos cuesta? Sí. Lo hacemos con profundo y
con profunda humanidad”, manifestó, sin señalar los costos exactos de esta
atención.
Aunque señaló que hay un incremento de venezolanos que
incursionan en delitos, “no es mayor a la proporción en la que ha crecido la
población venezolana en Colombia” y enfatizó en que Bogotá ya tiene suficientes
problemas, como para alentar uno más: la xenofobia.
Protestas y grandes diferencias con el gobierno
Desde el 2019, los colombianos han salido a las calles
a protestar para pedirles a las autoridades garantías relacionadas con
educación, salud, derechos humanos y paz. Recientemente, el 9 y 10 de
septiembre, Bogotá fue protagonista de manifestaciones,
incluso violentas, generadas por el fallecimiento de un ciudadano, tras ser
víctima de un abuso policial.
Las reacciones y propuestas, ante estos hechos, han
sido las causas de los choques más recientes entre la alcaldesa de Bogotá y el
gobierno de Iván Duque.
Lopez señaló que la posición de la Alcaldía ha sido
trabajar en el “reconocimiento a la gravedad de los hechos, compromiso con
la verdad, con la justicia. Y pedimos reformas porque nos parece que es la
garantía de no repetición elemental”, pero afirma que el Gobierno ha negado “la
gravedad de lo ocurrido” y ha respondido que la reforma no es necesaria.
La ministra del interior, Alicia Arango, señaló a
mediados de septiembre que "no se negó a una reforma a la
Policía sino que dijo que estaba en camino a una reforma".
“El presidente fue muy claro con la alcaldesa y quiero
decirles a los ciudadanos que no es verdad que se haya negado, si no
que estamos implementando ya una transformación a la Policía Nacional”, agregó
Arango.
Según explicó López, lo que se debe hacer en “es
reconocer que la demanda de inclusión y de atención que hay en las calles es
legítima y que está agravada por las consecuencias sociales y económicas de la
pandemia, y que esa demanda de inclusión necesita una respuesta distinta a la
policía y el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios)”.
Lo segundo, dice, es hacer una reforma de “la calidad
de vinculación, de formación y de bienestar de la Policía” y, para evitar el
abuso policial, cree que se debe “garantizar la gradualidad en el uso de armas
letales”.
Finalmente, señala, es necesario tener un mecanismo de
investigación y judicialización de los casos de abuso para evitar la impunidad.
Incluso, la Alcaldesa manifestó que se ha pedido
reporte de uso de armas de fuego, pero que no ha sido entregado por “una
decisión política, de no facilitar sino obstruir la investigación”.
En este escenario, manifiesta que “se necesita una
acción estatal y judicial mucho más eficaz para prevenir y sancionar la
infiltración violenta en las protestas”, pues según ella, Bogotá es la única
ciudad de Colombia que en el transcurso de este año ha investigado,
identificado y judicializado a 11 personas que entraron violentamente las
marchas.
En este sentido, el Ministro de defensa, Carlos Holmes
Trujillo, dijo que los enfrentamientos entre la Policía y civiles, que dejaron
13 muertos entre Bogotá y Soacha en septiembre, “fue una manifestación de
violencia y de vandalismo, articulado, sistemático y organizado” y que hubo
infiltraciones de las disidencias de las FARC y el ELN.
Para López, el ministro “ha hecho un intento
deliberado por 'guerrellerizar' el fenómeno de protesta violenta que hubo el 9
y 10. Y no ha mostrado una sola prueba”. “Eso ha sido un esfuerzo de
distracción y de negación del ministro de defensa que no tiene ningún fundamento
y que no tiene ningún rigor”, agregó.
Sin embargo, López sentenció que de los 11 capturados,
seis (en febrero) tienen vínculos con disidencias de las FARC. Y hay indicios
que los cinco recientemente capturados podrían tenerlos. “Lo que está claro y
firme es que son grupos radicales que usan medios violentos en las protestas y
que, en efecto, coordinaron la asistencia de jóvenes radicales para hacer
vandalismo”, explicó la funcionaria.
Pero no comparte la idea de que sea necesaria la
presencia del ELN o disidencias de las FARC para que se presenten los hechos:
“En Estados Unidos, la estación de policía de Minneapolis quedó en cenizas…
Hubo incendios y disturbios en cien ciudades de Estados Unidos, a propósito del
caso del George Floyd y, que yo sepa, allá no hay ELN ni disidencias de las
FARC”.
“Cuando estos hechos sistemáticos de abuso policial
producen una reacción social, no se necesita FARC y ELN para que haya una
reacción, desafortunadamente masiva y desafortunadamente violenta”, agregó.
Por último, dice que “Bogotá necesita más y mejor
policía”, pues según explicó, la noche del 9 de septiembre, la ciudad -de ocho
millones de personas- tenía en turno a 750 policías de vigilancia y a 300
policías antidisturbios. “Eso es inadmisible. Bogotá sistemáticamente tiene un
tercio de la policía que necesita”, añadió.
Aunque, según ella, hay desacuerdos con el gobierno,
seguirá insistiendo con las propuestas en un ambiente actual, dice López, donde
permanece una relación meramente institucional con la presidencia.
La pandemia, otro desafío
Según autoridades locales, en Bogotá han fallecidos
cerca de 7.000 personas, a causa de la COVID-19. Entre los efectos de la
crisis generada por la pandemia, se encuentra un porcentaje de desempleo del
20%, en el mes de agosto.
A pesar de ello, López se siente optimista, pues dice
que la pandemia también generó oportunidades, como la posibilidad de agilizar
los procesos de la entrega de la renta básica, la disminución de la brecha
digital, entre otros.
La alcaldesa informó que, hacia noviembre y diciembre,
se podría presentar una segunda ola mucho menor que la primera. En primer
lugar, porque “en la medida en que la pandemia va creciendo, pues va afectando
a unos, va ganando un nivel de inmunidad colectiva” y porque se han adelantado
una serie de medidas.
Entre estas, se encuentran la promoción del cuidado
individual. La detección de síntomas, el asilamiento y el reporte de contacto
para los cual se han hecho, dijo, convenios con las EPS, además, para hacerle
seguimiento y control a mayores de 60 años, que pueden tener cualquiera de las
comorbilidades.
“Bogotá debe estar hoy por encima de los 6.000
rastreadores” de casos de COVID-19, informó López.
A esto se le suma las estrategias de cultura ciudadana
la implementación de los protocolos de bioseguridad de cada actividad.
Dijo que es incierto saber si es necesario aún hacer
algún tipo de cierre parcial, a pesar de las medidas, peo que se espera no
tomar esa decisión. La tercera ola de contagios, agregó, podría presentarse, al
final del primer trimestre del año entrante.
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