Muy acertada la decisión de la Mesa de
la Unidad Democrática (MUD) de congelar el diálogo emprendido hace un mes con
el gobierno de Nicolás Maduro y bajo el
acompañamiento del representante de El Vaticano, el nuncio apostólico Aldo
Giordano, y de los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador.
Como bien apuntó el secretario general
de la MUD,Ramón Guillermo Aveledo, la oposición no puede continuar
dialogando cuando es público y notorio que el gobierno madurista no quiere
llegar a acuerdos concretos ni ha accedido a ninguna de las peticiones
del grupo opositor.
El gobierno había prometido sentarse a
dialogar con los estudiantes y los sindicatos, evaluar “caso por caso” los
expedientes de los presos, procesados y exiliados por razones políticas, y
diferir el debate en el Parlamento del proyecto de Ley Orgánica
para la Ordenación y Gestión del Territorio, pero no lo ha hecho. Por el
contrario, lo que ha recibido hasta ahora la MUD del régimen, son
agravios y desaires.
Para muchos de los líderes
políticos que cuestionaron la decisión de la mayoría de los integrantes de la
Mesa de la Unidad de ir al diálogo sin condiciones previas –en particular María
Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma-, esta decisión
era de esperarse, incluso ha debido tomarse antes, ya que la
radicalización gubernamental hacía prever desde el inicio del proceso de
diálogo que no se lo tomaría en serio; que con el mismo el gobierno sólo quería
ganar tiempo y hacer creer nacional e internacionalmente que aún tiene un
talante democrático y que quiere la paz en el país.
Pueden que tengan razón pero también
es cierto que el haber iniciado un diálogo sin condiciones y bajo el modo
escogido por el gobierno (que fuera sin la mediación de la OEA,
sino con “el acompañamiento” de países de la UNASUR), le da ahora a la MUD más
fuerza y autoridad para presionar públicamente al madurismo y dejarlo al
desnudo, que es precisamente lo que está logrando.
Esta decisión opositora, que no llega
al rompimiento total del diálogo y que deja abierta la puerta a continuarlo si
el gobierno cumple con hechos precisos, además neutraliza los numerosos
intentos del régimen de imputarle a la MUD de ser la responsable de
patear la mesa de negociación. Con tino, los opositores han afirmado que
para reactivar las conversaciones, el gobierno deben dar las siguientes
demostraciones concretas de su compromiso con el diálogo: la medida
humanitaria que libere al comisario Iván Simonovis, el
sobreseimiento de las causas contra los numerosos manifestantes detenidos
masivamente, el diferimiento de la discusión parlamentaria del proyecto de Ley
Orgánica para la Ordenación y Gestión del Territorio, y la conformación de una
Comisión de la Verdad confiable para todos.
Puede que con esta acción la MUD no logre
convencer a la mayoría del sector opositor venezolano que se opone rotundamente
al diálogo sobre los beneficios políticos del mismo a mediano y largo plazo,
como los que ya se están observando. Seguramente la decisión tampoco cambiará
de plano el rechazo opositor que hoy vive la MUD por sentarse con el gobierno y
haber tomado otras acciones políticas impopulares. Sin embargo, le ayuda
a mejorar su imagen ante una sociedad que quiere salir de inmediato de un
régimen que además de hacerla vivir cada vez peor, encarcela y tortura
salvajemente a los jóvenes y otros sectores que luchan pacífica y
democráticamente por un cambio gubernamental.
Ahora bien, lo más importante
de la decisión de congelar el diálogo es que pone en jaque, en primer lugar,
al gobierno que ahora se encuentra en la tesitura de cambiar o no
la actitud que hasta ahora ha mantenido en la mesa y, en consecuencia, otorgar
las concesiones formuladas por la MUD.
Y en segundo lugar, también
coloca en una situación comprometida, de acción inmediata, tanto a los
gobiernos de UNASUR que acompañan el diálogo .que deberán exigir al gobierno de
Venezuela el cumplimiento de los acuerdos y tomar un rol de verdaderos
mediadores o simplemente retirarse de su función- como a los gobiernos
democráticos que han manifestado su decepción con la actuación autoritaria,
represiva y de permanente violación de los derechos humanos de los venezolanos
pero que a la hora de la verdad no hacen nada efectivo por protegerlos.
En este sentido, el caso del gobierno
del presidente estadounidense Barack Obama es uno de los más
significativos. Este gobierno no ha querido tomar sanciones económicas
ni de otro tipo contra funcionarios del gobierno madurista implicados en abusos
y violaciones a los DD.HH como le solicitan legisladores tanto del Partido
Republicano como del Partido Demócrata, con la excusa de que ello podría
perjudicar el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, como tan
desacertadamente lo expuso recientemente en el Comité de Relaciones Exteriores
del Senado de ese país, la subsecretaria para el hemisferio occidental, Roberta
Jacobson.
Ahora con el congelamiento del diálogo
la administración Obama se encuentra comprometida a hacer algo
más de lo realizado hasta ahora y si aquél se cierra definitivamente,
cosa que es posible ante la terquedad de la (i) lógica radical del presidente Maduro y
su equipo, entonces tendrá que sancionar a los funcionarios régimen
autocrático y meterse de lleno en la problemática del caso venezolano con la
misma atención con que lo hace con los casos de Rusia-Ucrania, Israel-Palestina
y Siria.
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