NOTA EDITORIAL: Nuestra amiga y colaboradora la Dra.
Adriana Vigilanza, nos envía este documento elaborado en el año 2013, que
enviaron en su momento al Candidato Henrique Capriles, ante el llamado a
elecciones el 14 de Abril de 2013, y que permanece completamente vigente al día
de hoy. En el contexto de la nueva elección de tres(3) Rectores del CNE y
teniendo en la mira que cualquier salida a la crisis estructural que sufre
Venezuela, al final terminará en un escenario electoral.
Carta abierta a la sociedad democrática venezolana ante
el llamado a Elecciones el 14 de Abril de 2013
El candidato Henrique Capriles, en su declaración de
fecha 10 de marzo, envió claramente el mensaje de estar dispuesto a escuchar a
la sociedad civil y hacerla partícipe de las decisiones que se tomen en razón
del futuro de nuestro país. En la citada declaración el candidato advirtió a
viva voz que nos estamos enfrentando al poder del Estado, mostrándose como un
luchador, como el hombre fuerte que necesitamos para confrontar a los más viles
detractores de la democracia y la libertad que haya conocido Venezuela.
Pero hasta el momento, ni nuestro candidato
Henrique Capriles, ni el Comando Simón Bolívar han exigido con vehemencia
condiciones a este CNE, absoluta y visiblemente parcializado con el régimen, a
pesar de que el propio candidato señaló, ante una pregunta de una periodista,
que sería su Comando de Campaña quien hablaría acerca de ese tema. Solamente el
digno movimiento estudiantil venezolano ha dado muestras concretas y públicas
de luchar por condiciones justas y equitativas para ir a unas elecciones.
En nuestro criterio, el Comando Simón
Bolívar debe dejar en evidencia que nuestras elecciones no son libres, ni transparentes y tampoco equitativas, como
recientemente afirmó la Presidente del CNE, Tibisay Lucena. Esta nueva batalla
debe hacer hincapié en que la institucionalidad fue demolida, que nuestra
Constitución ha sido deshonrada, en fin que hemos perdido la democracia con prácticas de persecución, abuso,
intimidación, mentiras, discriminación y
violaciones a los Derechos Humanos.
En tal sentido, exigimos que el CNE cumpla con las
exigencias que siguen - sin las cuales no tendremos elecciones auténticas:
libres, transparentes y justas- y exhortamos al candidato Henrique
Capriles Radonski, a los partidos políticos que lo apoyan, y a los ciudadanos
comprometidos con la libertad y la democracia que conforman nuestra sociedad
civil, a que si no se cumplen dichas exigencias, no reconozcan, como no reconoceremos
quienes firmamos el presente comunicado, los resultados electorales fruto de
los comicios del 14 de Abril de 2013.
No permitiremos bajo ningún pretexto, que este llamado
a la protesta civil, pacífica y No Violenta, sea interpretado como un llamado a
la abstención. Al contrario, creemos firmemente que el ejercicio del voto es el
arma más poderosa que posee el ciudadano a la hora de enfrentarse contra el
abuso de poder por parte de cualquier gobierno.
I. LA
LIBERTAD DEL VOTO
Para que el voto sea libre, el
ciudadano necesita entender por sus propios medios que su voto es secreto. Por tal motivo, se exige:
1-
Eliminación de la máquina capta huella: Este elemento intimida al elector y lesiona su derecho a una
votación libre. Los mismos técnicos de la MUD (en particular el Ingeniero Mario
Torre, gran defensor del sistema)
confiesan que el sistema de captahuellas-con-máquinas de votación SAI (Sistema
de Autenticación Integrada) no funciona, es decir no garantiza el principio de
«una persona un voto», y solo sirve para amedrentar al votante y retrasar las
colas. Ver: http://bitakoraeva.blogspot.com/2012/07/video-sobre-el-sai-mario-torre-21-julio.html. y La
«Captahuella» como Falacia del CNE (Psuv), y Pecado de las Élites Electoreras.
2-
Respeto a las condiciones legales para el uso del voto asistido:
La ley permite el voto asistido por razones de salud o incapacidad
física. Es público y notorio que la asistencia al votante se usa para intimidar
y violar el secreto del voto. Ver: http://www.youtube.com/watch?v=Txq9str1x3Q
3. Limitación al cumplimiento de rol legal del
llamado “Plan República”: Los
procesos electorales son actos esencialmente civiles. El rol de la Fuerza
Armada Nacional está legalmente limitado a: Resguardar el orden público y el
material electoral (“Plan Republica”). Sin embargo, la FAN se han manifestado
consistentemente a favor del proyecto político del Presidente Chávez, en
abierta violación al Artículo 328 de
la CRBV. En pasados procesos electorales,
ha sido evidente la participación del plan República en actos de
carácter político que no les corresponde, adoptando conductas permisivas frente
a los grupos de choque y motorizados armados que se identifican con el gobierno, los cuales rodean los centros de votación, generando
zozobra, angustia y temor a los electores.
Ver: http://www.youtube.com/watch?v=OkFPueIz43o (minutos 3:20 (FAN al servicio de los Poderes
Constituidos) y minuto 3:55 (FAN al servicio de Chávez y la Revolución)- http://www.youtube.com/watch?v=NuCtYkXMaVM (minuto 3:47). Ver: http://tiempolibre.eluniversal.com/nacional-y-politica/hugo-chavez-1954-2013/130306/ministro-molero-llamo-a-votar-por-maduro-para-dar-en-la-madre-a-fascistas;Ver: http://www.youtube.com/watch?v=Y4MXK0rwkVQ&feature=youtu.be
4. Eliminación de la participación de las “Milicias” en el proceso
electoral: Las milicias no son constitucionalmente parte de la FAN y han
demostrado su parcialidad política con el régimen.
5. Eliminación de la llamada “Estación de Identificación del Elector”
(“estación No.1” o “laptop” en la entrada del centro, conectada permanentemente
a la red de telefonía móvil):
Este elemento no está en la ley electoral, causa retardo en el
proceso, intimida al elector, es un requisito adicional de identificación. Para
votar, la ley sólo exige la cédula de identidad laminada.
6. Eliminación de la codificación del voto.
En el año 2004, con la aparición del voto electrónico, el Consejo Nacional Electoral (“CNE”)
estableció la codificación de la papeleta de votación. Es ampliamente conocida
la práctica fraudulenta denominada “el carrusel electoral” o “cadena de votos”,
facilitada al quedar el voto identificado con un código. Eso permite la
coacción o compra de votos, de la siguiente forma: El primero que entra a votar
pone otra papeleta (no la que emite la máquina, sino una cualquiera). El
votante se lleva consigo la papeletea válida y la entrega en un “punto de encuentro”
(“punto rojo”), con eso comienza la cadena, sabiéndose así por quién votó el
elector. Se organiza así una cadena de votos, asegurándose que son a favor de
una opción determinada. Esto vulnera el carácter secreto del voto. Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Fraude_electoral
II. LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO
ELECTORAL.
La
transparencia en el proceso electoral, permite que los ciudadanos tengan la plena certeza de que su voto elije,
será contado y además tener pleno acceso
a la información.
1.
Garantizar que la
tinta sea VERDADERAMENTE indeleble: Para identificar a los electores que ya ejercieron su derecho al
voto se utiliza la tinta indeleble, que debe contener nitrato de plata. Con ella se evita el votante múltiple. Es público y notorio que la tinta que se usa
actualmente en Venezuela no cumple con esta condición, pese las auditorias que
se le practican muchos días antes de la fecha de la elección. Por lo tanto, la
auditoria de la tinta debe realizarse en cada mesa electoral, previa su
apertura.
2.
Realizar una auditoría
independiente del Registro Electoral:
El RE no ha sido
auditado de manera independiente desde el año 2005. La auditoría realizada en
ese año por Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto de Derechos Humanos de la OEA
(“CAPEL”) indicó, que de una muestra de 12.280 inscritos en el RE, el CNE sólo
pudo entregar 5.571 partidas de nacimiento. Se puede concluir que casi un 50%
de los inscritos no cuentan con documento que soporte su cualidad de elector
(partida de nacimiento o Gaceta de nacionalización). Adicionalmente, en esta auditoría los técnicos del CNE sólo entregaron
6.477.900 huellas digitales con código AFIS, para un RE de 14.404779 inscritos.
A partir de esa fecha, el RE ha experimentado un crecimiento anormal pues la
población creció, en los últimos 10 años, un 14%, mientras que el RE creció un
58%, entre el 2003 y el 2012.
Por otro lado, de
acuerdo a la “auditoría” realizada por el mismo organismo electoral en
presencia de los representantes de la oposición, antes de las Elecciones
Presidenciales del 7-O, se encontró que para la cantidad de 1.513.564 electores
falta un "dato esencial", definido como tal por el artículo 30 de la
LOPRE en su numeral 5: la huella digital. El Diccionario de la Real Academia
Española define Esencial como derivado de
Esencia (Del
lat. essentĭa, y este calco del gr. οὐσία) como 1. f.
Aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable
de ellas. 2. f. Lo más importante y característico de una cosa.
De acuerdo a lo
anterior, en esta “auditoría” del Registro Electoral utilizado para las
Elecciones del 7-O hay 1.513.564 electores cuyo registro está incompleto pues
carece de algo que "constituye su naturaleza, algo permanente e
invariable" y " no tiene lo más importante y característico" de
un elector según la LEY y por lo tanto, no pueden votar, no se puede aplicar el
SAI, y no pueden estar en el Registro Electoral.
Esta irregularidad debe ser corregida porque si bien no puede cargarse a esos electores ninguna consecuencia de la ineficiencia gubernamental, permitir que esos electores voten, produce la nulidad de los resultados, pues una de las causales de nulidad es que el Registro Electoral esté conformado en fraude a la Ley. (ver Auditoria del CNE en http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2012/presidenciales/documentos/auditorias/20120924_Evaluacion_Registro_Huellas.pdf.
Esta irregularidad debe ser corregida porque si bien no puede cargarse a esos electores ninguna consecuencia de la ineficiencia gubernamental, permitir que esos electores voten, produce la nulidad de los resultados, pues una de las causales de nulidad es que el Registro Electoral esté conformado en fraude a la Ley. (ver Auditoria del CNE en http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2012/presidenciales/documentos/auditorias/20120924_Evaluacion_Registro_Huellas.pdf.
3.
Eliminación de la
figura del “Coordinador de Centros”: Se trata de un funcionario designado por el CNE que no cumple
ninguna labor específica ni tiene sustentación legal. Al contrario, asume las
funciones que le corresponden a los miembros de mesa, únicas autoridades que la ley reconoce en el centro electoral. En
las últimas elecciones se ha detectado que su participación es la de un
“comisario político” que, entre otras cosas, incide negativamente al imponer la
selección temprana de las urnas a ser auditadas, en contravención a la ley ya
que esta selección debe hacerse una vez que se cierren todas las mesas
(“auditoria de cierre o “Verificación Ciudadana”).
4.
La verificación de
todas las papeletas de votación:
Dado el carácter de
democracia participativa y protagónica que garantiza la Constitución, el
resultado arrojado por una máquina no puede estar por encima de la voluntad del
elector, expresada en la boleta de votación.
En consecuencia, todos los electores tienen derecho a verificar su voto
físico, ya que es el único elemento al alcance de sus sentidos. Esto únicamente
se logra contando cada una de las papeletas.
5.
Eliminación de los
centros de votación cuya existencia no
evidencie que cumplen con el principio legal de la cercanía del voto y
simplificar el acto de votar: La ley electoral fue cambiada en el año 2010
y se prohibió que los partidos políticos conozca la residencia de los votantes,
lo que impide que se pueda constatar si se cumple el principio de la cercanía
del elector al voto (Artículo de la Ley
electoral), lo cual desvirtuada el pretexto que utiliza el CNE para crear estos
nuevos centros. A esa falta de transparencia se le añade que en esos centros
están presentes otras irregularidades, como las señaladas en el estudio
FEBRES-MARQUEZ, el cual demuestra, entre otros,
que los centros de una sola mesa tienen comportamiento inconsistente con
la información electoral de las parroquias a las cuales pertenecen. Estos últimos centros representan el 40% de todos los centros
electorales del país y el 9% de la
población electoral. Ver: http://esdata.info/2012
6.
No emitir el primer boletín del
resultado electoral, hasta tanto no se haya concluido el proceso de
verificación ciudadana: La
auditoría de cierre o verificación ciudadana es un elemento esencial del
proceso electoral venezolano, sin cuya realización no puede darse por
concluido el proceso. En sus recientes declaraciones a la prensa, Tibisay
Lucena justificó la solidez del sistema electoral venezolano justamente en que
este sistema es auditado en todas sus fases. Sin embargo, la realidad demuestra
que esa auditoría no se hace pues las fuerzas de choque y el Plan República
interfieren, para sabotearlo y el CNE
contribuye a que este paso esencial no se cumpla, porque emite los resultados
electorales oficiales, sin que haya concluido el proceso electoral, el cual
termina una vez realizado el acto de verificación ciudadana y el posterior
cierre de la mesa.
Esta información genera el abandono por parte de los miembros
de mesa, sin que se hayan concluido los pasos de verificación ciudadana y
cierre, privando a los electores de su derecho a verificar si el resultado emitido por la
máquina se corresponde con su voluntad.
III. LA EQUIDAD EN EL
PROCESO ELECTORAL:
La Equidad en el proceso electoral tiene
como misión compensar las desventajas circunstanciales que surjan en una
contienda electoral entre los que participan en ella, esto apuntando en
dirección a la igualdad con aquellos que poseen mayor capital político, que en
nuestro caso es el Gobierno. En las anteriores elecciones, han quedado
evidenciadas las grandes diferencias entre el Gobierno y la oposición, al punto
que podemos afirmar que como opositores no tenemos posibilidad alguna de
competir en mínimas condiciones de igualdad frente al gobierno. El hecho de que
los Rectores del CNE fueron nombrados en fraude a la Constitución (Socorro
Hernández, Tania D'Amelio, Tania Onorez y Héctor Rodríguez), porque fueron
incluidos en el CNE siendo militantes del PSUV, partido del régimen, crea gran
desconfianza. Ver: http://www.guia.com.ve/noti/53221/sumate-demanda-rectores-sin-militancia.
Y http://noticierolegal.com/justicia/tribunal-supremo-de-justicia/958-sumate-introduce-recurso-ante-tsj-contra-aspirantes-a-rectores-del-cne.html).
1.
Imparcialidad en la
campaña electoral: Se debe exigir con firmeza que no sea utilizado el aparato del
Estado, sus recursos, equipos y funcionarios públicos, para favorecer la
campaña del candidato-Presidente encargado.
2.
Prohibición de la
llamada “publicidad institucional”: La masiva propaganda del Estado en todo el sistema Nacional de
medios públicos, refleja un ventajismo inaceptable del gobierno sobre la otra opción. Ésta en realidad esconde propaganda electoral.
3.
Ordenar el cierre de
los Centros de Votación a las 6 PM.: Se ha observado en procesos
anteriores las movilizaciones irregulares de electores afectos al
proceso hacia centros de votación que deberían ser cerrados por no tener
personas en la cola con la finalidad de votar
luego de las 6:00 PM.
4.
Facilitar y promover
la participación y el voto de los venezolanos en el extranjero: En el proceso electoral del
7 de octubre de 2012, el Gobierno
Nacional, en abierta violación del Derecho a Elegir, cerró por razones
netamente políticas el Consulado de Venezuela en la ciudad de Miami, donde residen mayoritariamente los venezolanos en los
Estados Unidos, violando el espíritu manifestado por el Gobierno de acercar los
electores a sus centros de votación naturales.
En aras del principio de equidad entre los venezolanos, exigimos la apertura del Consulado para las elecciones convocadas para el 14 de
Abril de 2013. Téngase en cuenta que durante los 14 meses que ha permanecido
cerrado, se siguen pagando los sueldos de sus empleados y el alquiler del local
donde funcionaba.
5. Igualdad en el acceso a los medios de comunicación. Los medios de comunicación
públicos y pro-gobierno tienen que permitir un trato igualitario a los
diferentes actores en el proceso electoral, no sólo su participación si no también
al trato, que debe ser respetuoso y no intimidante. Exigimos que por cada
minuto de cobertura que se le dé a la promoción del candidato oficial se
compense con el mismo tiempo al candidato opositor.
6. Participación auténtica y
equilibrada de observadores nacionales e internacionales: Según recientes declaraciones de la Presidenta del CNE, Tibisay
Lucena, el sistema electoral venezolano es de los más abiertos, porque en los
últimos 17 procesos han visitado Venezuela más de 3.000 observadores internacionales.
Sin embrago, esta supuesta "observación" ha dejado de ser tal por el
hecho de que el CNE ha establecido, en el Reglamento General de la Ley
Orgánica de Procesos Electorales, que las personas u organizaciones que acepten
la invitación para presenciar elecciones presidenciales tendrán prohibición de
efectuar pronunciamientos, sin la autorización de los rectores. Ver: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120718/cne-extendio-invitacion-al-centro-carter-como-observador-para-el-7-0.
Además, en los últimos procesos electorales el CNE sólo invita a quienes
considera aliados
ideológicos del régimen o son invitados a última hora, lo que
no les permite auténtica preparación para una labor seria. Ver: http://primicia.com.ve/index.php/mundo/item/31276-el-centro-carter-rechaza-invitaci%C3%B3n-del-cne-para-ser-observador-de-elecciones
En cuanto a observadores nacionales,
tienen idénticas limitaciones y sólo subsiste un ente, denominado “Observadores
Electorales de Venezuela", dirigida por el ex rector del CNE, Ignacio
Avalos y el académico Luis Lander, quienes, junto a Carlos Genatios, Roberto
Picón y el padre José Virtuoso, dirigieron otro organismo (que se disolvió en
el año 2004), denominado “Ojo
Electoral”.
La clara violación del gobierno a la Ley es abierta cuando el
candidato del régimen se niega a separarse del cargo que ostenta violando los
artículos 55, 56, 57 y 58 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales-LOPE. La
Ley indica que “Salvo en el previsto en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, los funcionarios y funcionarias de la administración
pública que se postulen en un proceso electoral, deberán separarse de manera
temporal de sus cargos, desde el día en que comienza la campaña electoral hasta
el día de la elección”. Esto nos da una idea que el régimen no se parará en la
violación de nuestros derechos para perpetuarse en el poder.
De no ser respetados estos derechos vulnerados en el próximo
proceso electoral presidencial, exigimos a nuestro candidato Henrique Capriles
Radonski no reconocer los resultados electorales ya que se realizarían dentro
de un marco ilegal y fraudulento. Asimismo a instar a los partidos políticos y
a la sociedad civil, a igualmente desconocer tales resultados. Estas
exigencias, que en cualquier país del mundo serían vistas como básicas,
elementales, inobjetables, en Venezuela son vistas como “radicales” y fuera de
lugar, lo que nos hace pensar que sufrimos de una especie de “Síndrome de
Estocolmo” generalizado, en el que nos da miedo exigirle a quienes les compete,
que cumplan con lo que les corresponde de acuerdo a la Ley.
Basándonos de nuevo en el principio de democracia participativa y
protagónica que garantiza la Constitución, el resultado arrojado por un sistema
automatizado como el que nos impone el CNE no puede estar por encima de la
voluntad de los venezolanos. Todos los electores tenemos el derecho a
comprender el sistema de votación con el que elegimos a nuestros gobernantes,
debiendo estar al alcance de los sentidos y ser entendido por todos. La única
manera de asegurar que un sistema de votación sea transparente y que sea visto
y comprendido por toda la ciudadanía es volviendo al voto y escrutinio manual,
sin perder las ventajas que nos da la automatización. De esta manera muchas de
las desviaciones asociadas al hecho tecnológico pueden ser corregidas.
Aducir lo ajustado del cronograma electoral para las próximas
elecciones del 14A con el fin de no producir los cambios necesarios, no puede
ser una excusa. La mayoría de las exigencias planteadas en este documento son
de Derecho, de carácter administrativo y de inmediata implementación. Tanto
la corrección de los registros que
resultaron irregulares en la auditoría ya realizada, como la realización de una
auditoría “express” del Registro Electoral, son posibles si así se lo
propusiera el CNE.
Tomamos al pie de la letra las declaraciones dadas por Henrique
Capriles a El Nacional (Cuerpo Nación Pag. 4, El Nacional Domingo 17 de Marzo
2013): “Me preguntan qué voy a hacer ante las condiciones; quiero que se
pregunten que van a hacer ustedes por esas condiciones”. La respuesta a
esa pregunta es clara: exigimos una respuesta firme del candidato ante el
atropello de nuestro derecho a elegir libre, transparente y equitativamente. Si el candidato asume la responsabilidad
histórica en la defensa de nuestros derechos, los venezolanos haremos lo que
siempre hemos hecho: defender la democracia. De nada sirve pedir, solicitar,
exigir, si no existe una muestra del candidato acerca de la acción que tomaría
en caso de que no se cumpla la exigencia al CNE de respetar nuestros derechos.
No exigir condiciones, equivale a convalidar un sistema electoral fraudulento, y
por ende, legitimar al Presidente fruto de una sentencia inconstitucional y una
elección controlada.
Para finalizar, queremos dejar
claro que ha llegado el momento de las definiciones, y que por tanto, la
primera exigencia está dirigida al candidato y a la MUD. Exigimos una declaración
firme en relación a este tema ya que de seguir en la lógica de no poner
condiciones para la participación en el proceso electoral, el país necesitará
tomar una posición definitiva de cara al evento del 14 de abril.
Suscriben:
Luis Manuel Aguana, Lic.
en Computación, Miembro de Por la Conciencia, y Coordinador General AC Familia
Metro
Theresly Malavé W, Abogado, Miembro de la ONG Justicia y Proceso Venezuela (JUYPROVEN)
Adriana Vigilanza García, Abogado. Miembro de la
Dirección Nacional de Copei
Guillermo Salas, Lic. En Física y Miembro de ESDATA
Ludwig Moreno, Médico Radiólogo, miembro de ESDATA y
de VOTOLIMPIO
Marisol Sarria Pietri,
Abogado.
Eric Ekvall, Miembro
Co-Fundador de Por la Conciencia
Iñaki Gainzarain, Lic. Matemáticas
Luisa Elena Vidaurre, Miembro Co-Fundador de la AC
Por la Conciencia
Pablo Brito Altamira, Miembro Co-Fundador de la AC
Por la Conciencia
Gral
(r) Carlos Julio Peñaloza
Kika Bisogno, Miembro de VOTOLIMPIO
Ana Mercedes Díaz, Ex Directora del CNE
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