JOAN FAUS Washington 29 MAY 2014
Aprueba un proyecto de
ley para castigar la represión de los opositores
La Administración se ha
opuesto recientemente a imponer penalizaciones
Tres semanas después de que la
Administración del demócrata Barack Obama descartara sancionar a Venezuela por
la represión de las protestas opositoras, la Cámara de Representantes de
Estados Unidos se decantó este miércoles por todo lo contrario. Legisladores
republicanos y demócratas aprobaron un proyecto de ley que bloquearía los
activos en EE UU y prohibiría la entrada al país a altos cargos venezolanos
vinculados con la represión de la
oleada de manifestaciones que estallaron a mediados de febrero y que
se ha cobrado una cuarentena de muertos.
En paralelo, el Senado, que cuenta con
mayoría demócrata, está estudiando una propuesta muy similar. En caso de que
ambas cámaras llegaran a un acuerdo para aprobar las sanciones, el presidente
Obama tendría que decir si rubrica o veta la ley. Teniendo en cuenta las
declaraciones de su Administración en las últimas semanas, lo más presumible es
que la bloqueara.
La norma, promovida por la oposición
republicana y apoyada por algunos congresistas demócratas, establece que serían
objeto de sanciones los cargos actuales o pasados del Gobierno venezolano que
“han perpetrado o son responsables” de dirigir actos de violencia o
vulneraciones de los derechos humanos contra los participantes en las
manifestaciones de los últimos tres meses, han ordenado o colaborado en
arrestos y persecuciones judiciales que vulneran la libertad de expresión de
los opositores; o han promovido actos de censura contra manifestantes o medios
de comunicación.
Estas penalizaciones tendrían una
duración máxima de dos años y en cualquier momento el presidente estadounidense
podría levantarlas alegando motivos de seguridad nacional o en caso de que se
produzca una mejora del respeto a los derechos humanos en Venezuela. La norma,
además, pide bloquear la transferencia de bienes y tecnologías que pueden ser
usadas en la opresión de las manifestaciones; y aboga por multiplicar el apoyo
a la sociedad civil independiente en el país latinoamericano y ofrecer asilo en
EE UU a opositores venezolanos.
La ley aprobada este miércoles por el
pleno ya fue validada hace tres semanas por el Comité de Relaciones Exteriores
de la cámara baja. Una versión muy similar, promovida por los senadores
demócrata Robert Menéndez y republicano Marco Rubio, también fue respalda en
comité en la cámara alta.
A principios de mayo el departamento
del Estado manifestó su oposición a imponer sanciones a Venezuela porque
consideró que hacerlo podría torpedear las
incipientes conversaciones entre el oficialismo y la oposición promovidas
por Unasur; fomentar el victimismo del Gobierno de Nicolás Maduro y suponerle
un “factor unificador” que impulsaría su habitual dialéctica contra Washington.
Aún así, el
secretario de Estado, John Kerry, reiteró la semana pasada en México que
"todas las opciones" siguen sobre la mesa.
La promotora del proyecto de ley, la
legisladora republicana cubano-estadounidense Ileana Ros-Lehtinen, argumentó
este miércoles que las sanciones buscan apoyar a aquellos “que no pueden hablar
libremente” en Venezuela. Por su parte, el demócrata Joaquin Castro, hermano de
Julián Castro, flamante
secretario de Vivienda en la Administración Obama, subrayó la importancia
de mandar, con las penalizaciones, una “fuerte señal” al Gobierno de Maduro.
Desde Caracas, el presidente venezolano ya avisó el martes que se enfrentaría
“en todos los escenarios mundiales” a unas hipotéticas sanciones, informa la
agencia Efe.
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