Por Edgar López
En el simposio Juicio a la
Justicia, convocado por el Observatorio Venezolano de Prisiones para conmemorar
el Día Internacional de los Derechos Humanos, el director de Un Estado de
Derecho, Luis Alfonso Herrera, explicó que con los resultados electorales que
le otorgaron la mayoría calificada a la oposición la revocatoria de las
designaciones apresuradas de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que pretende
el oficialismo tiene mayor asidero jurídico.
El artículo 90 del Reglamento
Interior y de Debates permite revocar las decisiones del Parlamento por mayoría
simple (la mitad más uno), pero ahora la Mesa de la Unidad Democrática, que se
ha opuesto rotundamente al adelanto del relevo de autoridades en el TSJ, cuenta
con dos tercios de los integrantes del Legislativo, que es el quórum que exige
la Constitución para el nombramiento de los magistrados.
“Esta pretensión viene a
ratificar la terquedad del gobierno en mantener el control político del Poder
Judicial. El oficialismo, como lo hizo en 2010, está violando los
procedimientos y los lapsos establecidos en la Constitución, de modo que si era
posible revocar las designaciones realizadas el año pasado, ahora será mucho
más fácil”, indicó Herrera.
Laura Louza, directora de la
ONG Acceso a la Justicia, precisó que si se respetaran los lapsos luego de la
publicación de la lista de postulados, el 8 de este mes, correspondería
realizar la designación en la segunda quincena de enero de 2016.
Louza aclaró que la omisión
legislativa que alega el oficialismo corresponde a la maniobra de forzar
jubilaciones, pues es en diciembre de 2016 cuando vence el período
constitucional de los 18 magistrados que se quiere sustituir antes del 5 de
enero próximo.
Carlos Ayala Corao, ex
presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agregó que la
legislatura saliente no ha respetado los requisitos constitucionales en materia
de transparencia y méritos de quienes aspiran a dirigir el Poder Judicial
venezolano: “En apego a la Constitución hay que reconstruir la independencia
judicial. En ese sentido, cabe advertir que del mismo modo que no ha servido
para el bien del país una justicia chavista, tampoco serviría una justicia de
la MUD”.
Justicia condenada. En el
juicio a la justicia que realizaron los activistas de derechos humanos del país
la sentencia fue condenatoria.
Herrera se refirió a lo
medular: “¿A quién sirve la justicia venezolana?, a los integrantes del partido
de gobierno y sus aliados; ¿para qué sirve la justicia venezolana?, para
aplicar por la fuerza el proyecto ideológico del partido de gobierno”.
Marino Alvarado, de Provea,
mencionó un ejemplo del uso de la justicia para criminalizar la protesta: “11
cocineras de la Misión Alimentación que hace un año salieron a la calle a
reclamar derechos laborales están bajo proceso penal”.
Y Ayala Corao dijo que solo en
2015 los organismos internacionales han dictado una veintena de resoluciones
por falta de tutela jurídica en Venezuela.
elopez@el-nacional.com
11-12-15
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