José Guerra: “El Gobierno tiene que reconocer que el modelo económico fracasó” por @vsalmeron

Por Victor Salmerón

Al inicio de la campaña electoral parecía poco probable que, con un candidato debutante en la política y prácticamente desconocido en sectores populares, la Mesa de la Unidad alcanzara la victoria en el Circuito 4 del Distrito Capital, que incluye parroquias emblemáticas como El Valle, Coche y Santa Rosalía. Pero tras una intensa actividad casa por casa que le hizo perder cuatro kilos y el viento a favor del descontento, José Guerra debe ser el diputado más preparado en temas económicos en la historia del país.

Después de veinte años de carrera en el Banco Central de Venezuela, donde llegó a ocupar el cargo de gerente de investigación, y un posgrado en la Universidad de Illinois, ahora aspira a la presidencia de la Comisión de Finanzas, aguas donde nadaría a placer y podría emitir señales muy claras del vuelco que la oposición promete darle al Poder Legislativo.

Tras la derrota en las elecciones parlamentarias, el presidente Nicolás Maduro señaló que el origen del problema de inflación, escasez y recesión sigue siendo la guerra económica. ¿Usted qué opina?

Nicolás Maduro se está autodestruyendo. Con esa interpretación el país no va a superar la crisis. El Gobierno tiene que reconocer que el modelo económico fracasó, que la idea de vivir de importaciones a costa de sacrificar la producción nacional no da para más, porque no hay dólares en las reservas internacionales para seguir importando como antes. Perseverar en el error de interpretar lo que ocurre como una guerra económica nos va a llevar a una situación más crítica en 2016.

Aumentar la oferta con producción nacional requiere reformas profundas: salir de los controles, restituir el derecho de propiedad, enfrentar el atraso tecnológico, crear condiciones para atraer inversión extranjera. Eso implica que el Gobierno pierda poder y acepte la palabra mercado. ¿El Gobierno de Maduro no está incapacitado para hacer esto por carecer de credibilidad?

Comparto la tesis de que Nicolás Maduro está incapacitado para hacer cualquier cambio en materia económica. Lo trató de hacer con Rafael Ramírez en 2014 y no pudo. Tengo la impresión de que el tiempo de Maduro para poder realizar reformas económicas pasó. Perdió la posibilidad de hacer ajustes.

Proyecciones de firmas especializadas en el sector petrolero apuntan a que la cesta petrolera venezolana promediará 45 dólares el barril en 2016. Y, asumiendo que las importaciones se mantengan en el mismo nivel que este año e incluyendo los pagos de deuda que suman 10 mil 500 millones y demás gastos en divisas, el déficit será de 20 mil millones de dólares. ¿Cómo se va a cubrir esa brecha?

No hay reservas, el precio del petróleo está cayendo y, como la política económica es inviable, se cerró el financiamiento externo. Con un precio de la cesta petrolera en torno a los 50 dólares, las cuentas no cuadran con este modelo económico porque no hay entrada de capitales.

Con un cambio de modelo económico vendrían capitales y se abriría el financiamiento externo. Esto lo que dice es que con el petróleo al precio actual, y sin cambios de política económica, la situación en 2016 va a ser más grave porque no quedará más camino que seguir recortando las importaciones o que China preste 20 mil millones de dólares. Y habrá que ver si con esta situación política y un modelo económico inviable China estará dispuesta.

¿La nueva Asamblea Nacional va a exigir información sobre los acuerdos con China?

Vamos a exigir las cuentas con China. China es un aliado comercial de Venezuela y queremos mantener esas relaciones, pero la condición de aliado y la relación comercial pasa por clarificar los acuerdos, no por ocultar las cifras. ¿Cuánto es el financiamiento? ¿A qué tasa implícita o explícita? ¿Y las condiciones financieras? Los chinos son los interesados en que esto se clarifique para que nosotros, que somos mayoría, sepamos que la relación va a seguir en buenos términos y con transparencia.

¿Cree que el Gobierno logrará que los inversionistas cambien parte de los bonos que se vencen en 2016 por otro título a mayor plazo y así disminuir los desembolsos por deuda externa?

Estoy de acuerdo en que se haga un manejo de pasivos, pero para que sea exitoso tiene que haber un cambio de política económica. De lo contrario, ¿quién va a aceptar un canje, si no tiene seguridad en que el Gobierno va a realizar reformas a fin de tener suficientes dólares para pagarle el bono en el futuro?

¿No descarta un default?

Con este Gobierno, no. Un Gobierno nuestro tendría la posibilidad de contar con financiamiento externo y consolidación fiscal, pero tengo dudas de que con este esquema de políticas el Gobierno pueda seguir pagando la deuda.

Existe una gran expectativa porque la nueva Asamblea investigue la corrupción en el control de cambio. Diversas fuentes señalan que el Sitme fue un gran foco de corrupción y está la cifra que hizo pública Edmée Betancourt: que se entregaron 20 mil millones de dólares a empresas de maletín. ¿Habrá una comisión especial para investigar?

El control de cambio ha sido un desaguadero y un foco de corrupción enorme. Podríamos decir que, junto a los contratos de suministro al Estado, es lo que los marxistas llaman la acumulación originaria del capital en la revolución bolivariana. La sobrefacturación de las empresas de maletín debe ser investigada, pero ese tema del Sitme esta de anteojito. Hay información de que hubo adjudicaciones a dedo entre 2010-2013 y eso vamos a investigarlo.

Le digo a Nelson Merentes que prepare muy bien el informe detallado sobre las operaciones en el Sitme, porque vamos a meterle la lupa. Existe la presunción razonable de que allí hubo corrupción y creo que en esa investigación el chavismo nos va a acompañar. Hay un sector del PSUV que clama porque eso se investigue. En el Sitme hubo asignaciones a dedo. Allí hubo irregularidades que propiciaron acumulación de capitales privados de funcionarios corruptos que ningún país civilizado debe permitir.

¿Quiénes hacían las adjudicaciones a dedo en el Sitme?

Las asignaciones las hacía el Directorio del Banco Central de Venezuela. Y creo que el Presidente del BCV tenía la discrecionalidad de asignarles a unos sí y a otros no.

Se suponía que era una subasta de bonos en divisas que los inversionistas pagaban con bolívares. Y que luego revendían el bono en el exterior para obtener los dólares.

Eso no era cierto: el tipo de cambio no variaba, no había subastas.

Grupos como Fedecámaras, Consecomercio y la Cámara Inmobiliaria ya están solicitando reformas a determinadas leyes. El Gobierno indica que esa es la muestra de que la Asamblea Nacional va a estar al servicio del sector privado. ¿Qué opina?

Quiero decirle a los empresarios lo siguiente: yo soy un firme creyente de la propiedad privada en los medios de producción y del rol del empresario, pero los llamo a que se calmen. La prioridad no es la Ley de Precios Justos ni la Ley Inmobiliaria ni la Ley del Trabajo. La prioridad son las leyes de contenido social. Si comenzamos a irnos por las ramas y a no tocar los temas fundamentales del país, vamos a entrar en un período de muchas dificultades. Todo tiene su tiempo. Lo que deben saber es que van a ser escuchados, oídos e interpretados en sus demandas. ¿Pero aún no somos diputados y van a querer imponernos una agenda? No. La agenda la va a poner la Unidad Democrática que fue la que ganó las elecciones. A nosotros nos eligieron para gobernar para todo el país, no para un sector.

¿Cuáles son las leyes prioritarias?

La ley de para otorgarle título de propiedad a los habitantes de la Gran Misión Vivienda. La ley para extender el cesta ticket de alimentación a todos los jubilados y pensionados. La ley de fomento de la producción nacional. La ley para que el Banco Central se centre en su objetivo de inflación. ¿De qué vale tener una Ley de Precios Justos nueva con una inflación galopante? Nadie va a invertir. Tenemos que atacar los problemas de fondo.

Con el control de las dos terceras partes de la Asamblea y tras la derrota del Gobierno se piensa que la oposición está en condiciones de convocar a un referendo revocatorio o a una constituyente para forzar la salida de Nicolás Maduro. ¿Cree que es adecuado que la oposición tome por alguno de estos caminos en 2016?

El pueblo no eligió un nuevo Presidente, eligió una nueva Asamblea Nacional. Creo que no debemos precipitarnos. Tengo la impresión de que en 2016 la situación económica va a ser más aguda y, en medio de una crisis tan profunda, generar un cambio de gobierno puede ser un autogol y un bumerán para la oposición. No se puede asumir que tenemos un mandato para una cosa distinta a ser la nueva Asamblea Nacional.

El país se ha quedado sin cifras, no se conocen indicadores clave. ¿Qué hará la Asamblea Nacional?

Estamos en una oscuridad estadística: no hay cifras de inflación, PIB, pobreza, desempleo, canasta básica, el detalle de los acuerdos con China. Quisiera decirle a los señores Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela, Eulogio del Pino, presidente de PDVSA, general Rodolfo Marco Torres, Ministro de Finanzas, y Raúl Pacheco, presidente del Instituto Nacional de Estadística, que se preparen porque van a tener que informarle al país estos indicadores.

El Artículo 31 de la Ley del Banco Central de Venezuela indica que este organismo se guía por el principio de transparencia y que debe mantener informada a la población “acerca de la ejecución de sus políticas, las decisiones y acuerdos del Directorio, los informes, publicaciones, investigaciones así como las estadísticas pertinentes”. No obstante, desde hace un año se ocultan cifras como inflación, PIB o balanza de pagos. ¿Cómo harán los nuevos parlamentarios para que se respete la Ley?

Si no publican las cifras los vamos a llamar a que comparezcan. Y si no comparecen se les abrirá un proceso por desacato a la Asamblea Nacional, que es la voz del pueblo. Puedes escribir que estos señores van a tener que ir a la Asamblea Nacional a explicar la situación de la economía venezolana. Que vayan preparando sus cuadros y presentaciones, porque vamos a exigirles información.

El Artículo 102 de la Ley del Banco Central de Venezuela dice que el presidente del BCV y el ministro de Finanzas deben firmar un acuerdo anual de políticas que, entre otras cosas, establecerá “los objetivos macroeconómicos que deben ser asegurados, los cuales estarán dirigidos a garantizar el crecimiento de la economía, la estabilidad de precios a través de una meta de inflación, el balance fiscal y el balance externo”. Señala expresamente que “la divulgación del acuerdo deberá hacerse en el momento de la aprobación del presupuesto nacional por la Asamblea”. Si este acuerdo existe, en este momento es secreto. ¿Qué opina?

Tienen cinco años que no publican el acuerdo. Nelson Merentes ha pisoteado la Ley del Banco Central de Venezuela y nosotros vamos a hacer que la respete. Ese acuerdo lo vamos a pedir para que el país lo conozca y lo evalúe.

Es interesante este punto del acuerdo anual. Sobre todo si se observa el de años anteriores, porque el Artículo 319 de la Constitución señala que el BCV rendirá cuenta de “las actuaciones, metas y resultados de sus políticas ante la Asamblea Nacional, de acuerdo con la ley”. Además, señala que “el incumplimiento sin causa justificada del objetivo y de las metas, dará lugar a la remoción del Directorio y a sanciones administrativas”. ¿No existirían razones para remover a este Directorio en medio de una inflación galopante y una fuerte recesión?

Sobran las razones y los motivos para destituir al Directorio del Banco Central. Eso no tiene atenuantes, no tiene doble interpretación. Si no cumples las metas, como dice la Constitución, tienes que ser destituido. La Ley no es un formalismo: es para cumplirla.

¿Entonces es partidario de la remoción del Directorio?

Completo.

Hay otro aspecto interesante en este tema. El Artículo 18 de la Ley del Banco Central señala que los integrantes del Directorio “deben ser personas de reconocida competencia en materia económica, financiera, bancaria o afines a la naturaleza de las funciones por desempeñar, con al menos diez años de experiencia”. ¿Nelson Merentes, José Khan, Eudomar Tovar, William Cañas, Sohail Hernández y Franklin Méndez cumplen con esta condición?

Solamente una persona del Directorio cumple con esa condición: Franklin Méndez, quien es un profesional solvente, competente, con posgrado y conoce el tema financiero y económico. Los demás no tienen el estatus para estar en el directorio del Banco Central de Venezuela ni de ningún otro país.

¿La preparación es causal para la destitución?

Sí. Si la Ley del Banco Central no se va a cumplir, entonces que se derogue. El descalce entre la capacidad técnica en los distintos departamentos del BCV y un directorio analfabeto en materia económica ha causado problemas.

Lo más probable es que el Gobierno se atrinchere y se niegue a destituir a buena parte del Directorio del Banco Central. ¿Hay la posibilidad real de llevar adelante esas acciones?

Nosotros no vamos a caer en una guerra de desgaste con el Gobierno. Fuimos electos para resolver los problemas, no para agudizarlos. Pero parte de la solución a los problemas es tener autoridades competentes en materia económica. Lo cierto es que, aparte de esos directores, con Nelson Merentes dirigiendo al Banco Central y Rodolfo Marco Torres en Finanzas, este país no tiene ningún futuro desde el punto de vista económico.

La Asamblea puede modificar la Ley del Banco Central de Venezuela. ¿Estaría de acuerdo con reformar el Artículo 60 que permite que el BCV financie a PDVSA comprándole bonos? En la práctica ésta es la manera en la que el Gobierno cubre gastos con billetes que fabrica el BCV y presionan la inflación.

Hay que hacer varias reformas a la Ley del Banco Central. La primera es devolverle la autonomía para que haga la política monetaria, porque sin política monetaria autónoma no hay manera de controlar la inflación. Efectivamente, en 2010 la Asamblea Nacional saliente aprobó ese artículo que permitió que el BCV imprima dinero para financiar déficit fiscales. Un aspecto importante es que ese artículo colide con el Artículo 320 de la Constitución que dice que el BCV no puede convalidar ni financiar políticas fiscales deficitarias. Y lo otro es acabar con la descentralización de las reservas internacionales. Han creado un conjunto de fondos que hace imposible manejar las reservas internacionales.

Es previsible que el Gobierno argumente que con los petrodólares que fluyen hacia fondos como el Fonden se financian proyectos de desarrollo y eliminarlos crearía graves problemas.

¿Cuáles son esos proyectos? ¿Por qué no son públicos con sus fuentes de financiamiento? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuál es el nivel de ejecución? El Fonden ha recibido 170 mil millones de dólares y nadie lo ha auditado. Si ese dinero se hubiese invertido bien, este país no debería tener problemas de servicios públicos de ningún tipo. Lo correcto es que el Gobierno incluya en el presupuesto nacional las obras que realiza para que pueda haber seguimiento.

Otro punto a tomar en cuenta es que obligan al BCV a calcular un nivel adecuado de reservas y a transferir todos los dólares que superen este nivel al Fonden. La verdad es que ese concepto de reservas excedentarias es un absurdo: no se sabe cómo se calcula ni cuánto es.

El Gobierno se financia masivamente con billetes que emite el Banco Central porque no tiene cómo cubrir una porción muy importante del gasto. Se proyecta que el déficit fiscal es colosal y se ubica en torno a 15% del PIB. Si se le cierra esa puerta a una administración que no ha realizado cambios, ¿no se llegaría a una situación bastante complicada?

No. Lo que va es a obligar al Gobierno a cambiar de modelo. Si sigue financiándose monetariamente va a agudizar el problema. ¿Hasta dónde nos ha llevado la impresión de dinero? Hacia una inflación tremenda, una fuerte contracción económica y a la desaparición de las reservas internacionales. Hay que parar eso.

¿Será el nuevo presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea?

Ésa es una decisión de la MUD. Creo que tengo las credenciales, la experiencia y la preparación.

09-12-15

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