Ángel Oropeza 18 de Enero de 2016
Hay cosas que es necesario recordar con
frecuencia, para evitar caer en errores de costosos resultados. Y una de ellas
es que las crisis económicas, por sí solas, no tumban gobiernos. Para que esto
último ocurra, se necesita la conjunción de dos elementos: que la población
perciba de manera inequívoca que el gobierno –y nadie más– es responsable de
sus desgracias, y que además identifique una opción política creíble y
alternativa a la cual arrimar sus afectos y apoyos.
El gobierno, conocedor de ambas cosas, ha
preparado una estrategia que no tiene que ver para nada con la solución de la
crisis sino con la asignación perceptual de responsabilidades sobre ella. Y la
ha llamado pomposamente “Plan de emergencia económica nacional”.
Esta iniciativa ya fue anunciada en el primer
encadenamiento nacional de radio y televisión de Maduro. (Por cierto, no deja
de ser lamentable que mientras en el resto del mundo las cadenas se usen solo
para amarrar a algunos animales, aquí se usen para los venezolanos). En la
práctica, la declaratoria de emergencia económica no significa otra cosa que
mayores dificultades para todo el que no sea gobierno de acceder a recursos que
por derecho les corresponden, a disponer de divisas preferenciales, a que les
sean reconocidas y honradas deudas a personas y empresas, y para exculpar al
madurocabellismo de cumplir con las obligaciones básicas que se derivan de su
condición de “todavía gobierno”.
Pero el papel principal de esta nueva excusa,
pariente cercana de aquella payasada llamada “la guerra económica”, es
fundamentalmente perceptivo y comunicacional. El gobierno aspira con este nuevo
invento a responsabilizar a la Asamblea Nacional del inminente y seguro
agravamiento de la crisis, bien sea porque ella no comparta o se oponga a las
“medidas” oficialistas para supuestamente enfrentarla, o porque no deje
gobernar al Ejecutivo, que tiene que estar todo el tiempo defendiéndose de los
“ataques conspirativos” de la oposición. Lo cierto es que el juego político del
gobierno en los próximos meses será hacer creer que la oposición es responsable
de las penurias de los venezolanos, y confiar en que ella puede perder su apoyo
popular gracias precisamente al empeoramiento de la crisis económica.
Frente a esto, nuestros diputados de la MUD
tienen entre sus retos más prioritarios y urgentes el modelar para el país el
tipo de gobierno que en la práctica significaría el cambio. ¿Y cómo lograr eso
sin las facilidades y funciones que no tiene, porque son exclusivas del
Ejecutivo? Pues, inundando al gobierno y al país de propuestas y proyectos en
materia económica y social, novedosas, atrevidas y eficientes, que sean
verdaderas alternativas para darle poder al pueblo, para destrabar la economía,
para reducir el sufrimiento diario de los venezolanos y para revertir la
expropiación de los derechos y bienes de los ciudadanos hacia unos pocos
privilegiados.
Mientras más sensatas y orientadas hacia la
gente sean estas propuestas, más las rechazará el oficialismo gobernante, preso
como está de sus intereses ideológicos y mafiosos, lo cual aumentará su
desprestigio popular. Al negarse a aceptarlas, y mucho menos llevarlas a la
práctica, quedarán más en evidencia como los únicos responsables de la tragedia
cotidiana que padecen los venezolanos.
Si nuestros diputados evitan inteligentemente
caer en el juego de desgastarse peleando con el madurocabellismo decadente, y
se dedican –como lo hicieron en la inolvidable y exitosa campaña electoral– a hablarle al país y a modelar
frente a este el tipo de sociedad que propugna el modelo alternativo de la MUD,
estaremos optando por la vía más rápida y más segura de lograr el tan ansiado y
urgente cambio político a favor de los venezolanos más necesitados.
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