Daniel Santolo V 20 de junio de 2016
La
posibilidad de ejercer un derecho constitucional se ha convertido en todo
un vía crucis. Es inaceptable que los encargados y obligados
constitucionalmente de hacer valer un derecho sean los que estén haciendo todo
lo posible para conculcarlo. La constitución nacional es muy clara en su
artículo 141, donde nos dice que: “La Administración Pública está al servicio
de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad,
participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia,
rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función
pública,…”, hay que hacer énfasis en la celeridad, eficacia y eficiencia en el
ejercicio de la función pública, esto debido a que en la actualidad el Poder
Electoral va en contra de estos principios, ya que pretende quebrantar un
derecho constitucional aplicando normas que terminan dilatando y entorpeciendo
el derecho que tienen todos los ciudadanos a invocar el referéndum revocatorio
del mandato presidencial; el CNE arguye un reglamento que no puede estar por
encima de la constitución, y de ser así debería ser modificado para el logro de
los objetivos, que no son otros que implementar en el más corto plazo la
solicitud hecha por más de un millón de venezolanos, para que se le dé inicio a
un proceso de evaluación de gestión al presidente de la república.
Ya
hemos sido testigos de que el Poder Electoral puede modificar sus propios
reglamentos y resoluciones, vemos como colocó un nuevo paso en las normas para
regular el procedimiento de promoción y solicitud de Referendos Revocatorios de
febrero de 2007, al incluir una recolección previa del 1% de las firmas a las
establecidas en el artículo 72 de la constitución, que solo habla del 20% de
firmas a recolectar, violentando no solo la constitución, sino su propio
reglamento en el que por ninguna parte aparece este paso previo, procedimiento
por el cual ya se ha perdido más de tres meses en una verificación inútil, ya
que la manifestación de voluntad de más de un millón de venezolanos fue más que
evidente.
El CNE
puede y está facultado a reglamentar y normar los procesos electorales
refrendarios, pero para que se cumplan, no para impedir que estos se realicen,
esto es inaceptable, en vez de cumplir con el principio constitucional de
celeridad y eficacia, estén haciendo todo lo contrario, y peor aún, permitiendo
que el ejecutivo nacional se entrometa en un proceso que debería ser conducido
por el órgano electoral de forma independiente y transparente.
Somos
testigos de cómo funcionarios públicos, que vociferando de forma caricaturesca,
incitan a violentar nuestra constitución, tratando de generar terror en
aquellos que pretenden ejercer un derecho, sobre todo violando el artículo
tercero de la constitución que reza que: “El Estado tiene como fines esenciales
la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el
ejercicio democrático de la voluntad popular,…”, escuchar a estos funcionarios
amenazar a venezolanos que ejercen un derecho constitucional, violentando y
atropellando la dignidad de miles sin que ninguna autoridad diga nada o haga
callar a estos arrogantes mequetrefes, es más que vergonzoso, la Fiscal, el
Defensor del Pueblo y el Poder Ciudadano deberían actuar de hecho a los llamados
violentos que exponen al escarnio público a venezolanos que ocupan cargos
dentro de la administración pública. Funcionarios con altos cargos en el
gobierno incitando a desatar toda una cacería de brujas y persecución, que
ponen en riesgo no solo su puesto de trabajo y por ende el ingreso familiar de
miles de venezolanos, sino que también atentan contra su vida.
Venezolanos
que exigen un derecho constitucional, son trabajadores del Estado, no
funcionarios que deben ser obedientes y sumisos a una parcialidad política,
igual lo reza nuestra constitución en su artículo 145, donde claramente nos
dice que: “Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al
servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Su nombramiento y
remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política….”,
hace falta mayor explicación para que los poderes públicos que están llamados a
garantizar la constitución actúen frente a la barbarie que es llevada a cabo
por unos individuos impropios, que implementan de forma grotesca una política
de exclusión de venezolanos que su único pecado es estar en desacuerdo
con un gobierno ineficiente, que no ha sido capaz de garantizar los derechos
mínimos de la población, como son la seguridad, alimentación, y salud, ¿es que
es un delito exigir que quienes gobiernen cumplan sus responsabilidades? y si
no cumplen sustituirlos por otros, ¿el derecho a revocar no es un principio de
la democracia participativa y protagónica? como también lo reza nuestra
constitución, ¿o es a los que gobiernan creen que podrán detener la historia
con subterfugios y mediante la utilización de la violencia?
Tal
vez no sea este año, o el próximo, pero lo que sí es una realidad es que tienen
sus días contados para que este pueblo noble los desaloje del poder, que
malamente han ejercido, y sobre todo en contra de quienes con esperanzas
votaron por un cambio, esos sectores empobrecidos que se encuentran peor que
hace 17 años serán los que los desalojen del poder. Porque la historia es
indetenible, y el cambio sigue su curso, más temprano que tarde tendremos un
gobierno que dote a todos los venezolanos de bienestar en equidad y en
hermandad, sin exclusiones ideológicas y sectarias.
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