Ysrrael Camero 13 de junio de 2016
En
medio de la peor crisis de nuestra historia se abren dos frentes de tensión y
conflicto, uno derivado de la escasez de alimentos y medicinas, otro vinculado
con el impulso que las fuerzas democráticas otorgan a la convocatoria del
Referéndum Revocatorio como mecanismo, constitucional y democrático, para
sustituir a los responsables de la crisis por un nuevo gobierno,
democráticamente electo, alternativo, renovador.
La
respuesta del gobierno ha sido sistemática, violencia política, humillación
pública contra los hambrientos, persecución contra la disidencia, postergación
del referéndum revocatorio y montaje de un proceso de “diálogo” diseñado para
ganar tiempo y apaciguar unos ánimos legítimamente caldeados.
VIOLENCIA POLÍTICA, REPRESIÓN Y
HUMILLACIÓN: LA RESPUESTA GUBERNAMENTAL
Una
manifestación de diputados opositores a las puertas del Consejo Nacional
Electoral es respondida violentamente por grupos oficialistas, “colectivos”.
Terminando el hecho con el líder de la bancada democrática herido con un objeto
contundente. Ni una palabra de la Presidenta del CNE, Tibisay Lucena,
lamentando los hechos y rechazando la violencia desatada contra los diputados.
La
fracasada instauración de los CLAP, con los que el gobierno pretende
discriminar políticamente la distribución de alimentos básicos en las comunidades,
se ha desarrollado mientras en sectores populares tan distintos como las
caraqueñas comunidades de Catia o La Vega, como la comunidad mirandina de
Petare, como los pueblos de Cariaco o San Juan de Los Morros, la gente sale a
la calle a exigir masivamente comida. La respuesta gubernamental ha sido
represión y humillación. No hay producción de alimentos para surtir de
alimentos a Venezuela, ni existen divisas suficientes para importarlos.
UN SALVAVIDAS DE CEMENTO
Está
claro que el experimento del “diálogo” impuesto por el gobierno autoritario
pretende apaciguar el conflicto político, pero ha sido aprovechado para traer a
la luz pública una especie de “salvavidas”: un Plan de Ajuste económico
impulsado por algunos sectores de UNASUR, con colaboración de algún
“facilitador” amigo del gobierno y la experticia técnica de economistas
reformistas dispuestos a colaborar con la presente elite gobernante a sortear
la crisis.
Pero,
¿puede este gobierno autoritario desarrollar la reforma necesaria para sacar a
Venezuela de la crisis? ¿Pueden separarse las reformas económicas de las
reformas políticas e institucionales necesarias para permitirle al país
recuperarse? ¿Tiene el actual gobierno y los actuales detentadores del poder la
legitimidad necesaria para aplicar efectivamente los cambios? ¿Quiénes pagaran
los costos de un plan de ajuste? ¿Serán efectivas las reformas económicas si se
mantiene el actual régimen autoritario?
No
faltará quien perciba detrás de los bigotes de Nicolás Maduro a un moderno
Adolfo Suárez, quien construyó la transición democrática desde el franquismo,
otros podrán ver en un Aristóbulo Istúriz el perfil de un modernizador
económico, de un nuevo Deng Xiao Ping versión criolla. No voy a criticar esas
esperanzas, pero voy a alertar respecto a algunas limitaciones importantes para
que este optimismo tenga asidero.
POLÍTICA Y ECONOMÍA: UNA SOLA REALIDAD
He
venido insistiendo en el hecho de que la transición venezolana tendrá que ser,
a la vez, tanto política como económica, en la medida en que Venezuela ha de
salir de un régimen fundamentalmente autoritario como de una institucionalidad
económica extractiva, marcada por controles férreos que inhiben la iniciativa
productiva autónoma.
El
contexto de este proceso también es determinante. El empobrecimiento del 85% de
la población, la escasez de alimentos y medicinas que se convierte en una
creciente conflictividad social. Cada día hay enfrentamientos, protestas, por
hambre, por razones laborales, algunas se convierten en saqueo. La reducción
progresiva de la capacidad del Estado para asegurar un orden público es el
correlato de una creciente pérdida de legitimidad del poder político.
El
problema social y económico en Venezuela es fundamentalmente político, en sus
causas y en los rasgos de su agudización. La red de mafias que se enriquecen
con la crisis es un fenómeno del poder, y sin desmontar esos negocios derivados
del control político, no podrá funcionar la sociedad venezolana. En este
contexto la reconstrucción económica de Venezuela no se separa de la
reconstrucción institucional, tanto social como política. No es posible
abstraer un plan de ajustes económicos, con su impacto social sobre los
sectores más vulnerables, del problema de legitimidad política que debe asumir
quien pretenda desarrollarlo.
EL PROBLEMA DE LA LEGITIMIDAD PERDIDA
El
plan de ajuste económico no puede desarrollarse desvinculado con un cambio
sustancial en la correlación y en el funcionamiento del poder. El gobierno de
Nicolás Maduro ha perdido su legitimidad. Sin legitimidad las reformas
económicas no tendrán gobernabilidad, por ende, su sostenibilidad en el tiempo
será corta.
Durante
los años ochenta crisis económicas profundas, marcadas por la hiperinflación y
el endeudamiento, marcaron la vida de muchos países latinoamericanos. Los
regímenes autoritarios, que dominaban a países como Argentina y Brasil, fueron
incapaces de enfrentar estas crisis, fundamentalmente por arrastras un grave
déficit de legitimidad política.
Bajo
un régimen autoritario la gobernabilidad de las reformas se dificulta. Las
nuevas democracias latinoamericanas tuvieron que dar la cara por el proceso de
reformas del Estado.
En el
caso venezolano la tentación tecnocrática de separar metodológicamente el
cambio económico del político puede tener graves implicaciones. Pretender
postergar el cambio político por adelantar el cambio económico, puede derivar
en un retroceso en ambos ámbitos, el impacto social de las reformas encontraría
a un gobierno sin legitimidad, sin credibilidad interna o externa, con una
conflictividad social creciente y una escalada represiva que pondría agua en el
molino de la autocratización.
De
igual manera, puede ser el Plan de Ajuste flor de un día, en caso de que no
venga acompañada de la democratización del sistema, porque en la medida que un
programa de apertura y liberalización económica se desarrolle empieza a
encontrarse con férreas resistencias en las elites políticas, en la
nomenklatura que se beneficia del antiguo régimen. Los reformistas y
modernizadores, aliados del régimen autoritario, se enfrentarán a un dilema
difícil de resolver, pueden optar por detener las reformas a las puertas de los
intereses creados, conviviendo y coexistiendo con la corrupción y el
autoritarismo, o bien pueden proceder a impulsar la democratización del
sistema, con la dificultades inherentes a haber pasado por su pasantía
colaboracionista con el régimen. Si no pueden estos tecnócratas superar este
dilema serán despachados rápidamente por otros sectores del poder, por otras
facciones, por otras tribus.
La
tentación central de los tecnócratas, y de aquellos políticos que pretendan
sumarse, es la de desarrollar un Plan de Ajuste económico postergando la
transición política, permitiendo o aupando la postergación del Referéndum
Revocatorio. Caer en esa tentación podría hundir a estos personajes junto al
régimen autoritario, cual el mortal abrazo del oso, sea a corto plazo o a
mediano plazo.
ASUMIR
LA COMPLEJIDAD DE LAS REFORMAS
A
quienes, dentro del chavismo, reconocen la profundidad del desastre económico y
social, y creen que es imprescindible una reforma estructural, podría darles
una recomendación: impulsen el Revocatorio para 2016, promuevan que se le
coloque fecha próxima a su realización. Construyan los puentes necesarios para
la reconstrucción del tejido social, preparándose para abandonar el poder.
Quienes
diseñen el Plan de Reformas deben asumir la complejidad del cambio que
Venezuela necesita y exige, salir del régimen autoritario y superar un modelo
económico destructivo, es un proceso simultáneo. No se puede pretender acabar
con uno sin demoler al otro. Cuidado con caer en tentación.
Ysrrael
Camero
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