Por José Vicente Carrasquero
Dictadura. No se puede
denominar de otra forma a un gobierno cuya respuesta al hambre de los
venezolanos se compone de represión violenta y discriminación a la hora de
conceder acceso a productos de primera necesidad. Uno de los rubros que parece
no escasear es el de equipamiento para la represión. A lo largo y ancho del
territorio nacional unos policías y guardias a los que se le garantiza dotación
de productos básicos son usados para disolver violentamente la legítima
protesta de quienes sufren las terribles consecuencias de la nefasta política
económica del chavismo-madurismo.
Como si las fuerzas del
orden no fuesen suficientes, el gobierno usa sus hordas de primitivos
militantes violentos para impedir que la prensa pueda cubrir las
manifestaciones. Si existiese un mínimo de estado de derecho en Venezuela, los
mercenarios agresores de los trabajadores de prensa agredidos, estarían en este
momento presentados antes los órganos de justicia para su procesamiento legal.
Pero como en toda dictadura
que se respeta, estos procedimientos de los órganos jurisdiccionales están
reservados para opositores que son capturados en manifestaciones y que pasan a
engrosar el grupo de presos políticos que característicamente posee una
dictadura.
A pesar de los altísimos
niveles de represión que vive el país, se le ha hecho difícil al gobierno
evitar el Caracazo de baja intensidad que se observa desde hace meses. La
respuesta clásica de la dictadura no se hace esperar. Represión a mansalva y
sordina en los medios de comunicación. Mientras, las redes sociales se inundan
de reseñas de disturbios en casi todos los estados del país. Los canales de televisión
al servicio del partido de la dictadura se empeñan en presentar una Venezuela
virtual que no se corresponde con la realidad que sufren sus telespectadores.
El venezolano es sometido a
las penurias del hambre, el crimen desbordado, la ausencia de atención médica y
los pésimos servicios públicos mientras que los miembros de las cúpulas
podridas disfrutan de las mieles del poder. Prueba de ello fue el percance que
el gobernador del estado Vargas sufrió recientemente a bordo de un yate que se
le expropió a un banquero. Recuerda el caso de otro yate que se incendió y que
estaba a disposición de otro funcionario muy cercano a Maduro. Las dictaduras
se mantienen sobre los privilegios otorgados a una clase política que abusa
descaradamente de los recursos del país en desmedro de los venezolanos menos
favorecidos. Al final, nadie responderá por estos yates que pudieron, siendo
bienes de la nación, haber sido colocados en dólares en el mercado
internacional para resolver alguna necesidad del país, por pequeña que sea.
La no rendición de cuentas
es otra característica de las dictaduras. ¿Cuántos otros bienes de la nación
están a disposición de funcionarios y privados en Venezuela? Uno de los casos
más estrambóticos es el de la residencia presidencial La Casona que no ha
podido ser ocupada por quienes les corresponde por ley. Este asunto, que no
tiene discusión alguna, solo puede ser acatado en un sistema político que por
su alto nivel de corrupción política, desprecia el respeto que le debe a los
ciudadanos que pusieron estos bienes a su cuidado.
La dictadura es el típico
régimen que pueden exhibir sin escrúpulo alguno el desdén con el que la
ministra de salud se expresa de los enfermos a los que solo les queda esperar
la muerte, a pesar de que la Constitución que el chavismo escribió garantiza el
acceso a ese derecho fundamental. Una dictadura hace caso omiso de la extinción
de la vida de niños con cáncer que no tuvieron la suerte de contar con un
servicio hospitalario de calidad que los curara o les diera una mejor calidad
de vida en la enfermedad.
Desdén con el que habla el
frustrado golpista, miembro de la promoción Ibáñez, gobernador del estado
Táchira al referirse a la situación que sufren sus coterráneos. El fallido
intento de esconder tras su deteriorada figura de autoridad la gravedad del
problema de alimentación y salud de su entidad solo puede ser admitida en una
dictadura que somete la voluntad individual a los intereses de la corrompida
elite gobernante.
Desdén dictatorial el que
sufren los pensionados y jubilados en el exterior y que solo cuentan con ese
ingreso para su manutención. Un tenebroso silencio administrativo que pone a
quienes debieran vivir la paz del deber cumplido a sufrir situaciones de pánico
ante la imposibilidad de cubrir sus más mínimas necesidades.
El desdén con el que el
vocero electoral del partido de la dictadura se refiere a las firmas de
ciudadanos que ejercieron su derecho a solicitar revocar el mandato de Maduro.
Al dictador solo se le ocurre balbucear que el referendo para derogarle el
mandato es opcional. Porque una de los peores aspectos de esta tiranía es la
escaza capacidad intelectual de quien la comanda.
Los venezolanos tenemos el
derecho natural de oponernos a un régimen como el someramente descrito. Desde
el mismo momento que nos podemos dar una constitución, nos asiste el derecho
soberano de tomar los correctivos necesarios para reconducir el país hacia una
democracia. Incluso, hay artículos en la carta fundamental que le imponen ese
deber a los venezolanos.
Nadie hará una declaración
formal de que en Venezuela hay una dictadura. Los gobiernos de otros países
están más pendientes de los intereses de estado que de los problemas de los
pueblos que los llevaron al poder. El reconocimiento de que sufrimos una
dictadura tiene que nacer de nuestro propio convencimiento. De que tenemos
derecho a una verdadera libertad y que las instituciones tienen el deber de
garantizarla.
Ese no es el caso en
Venezuela. El derecho a rebelarse ante este desdén dictatorial que nos azota
es, paradójicamente, constitucional.
07-06-16
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