Por Jesús M. Casal H.
De llegar a instaurarse la
Asamblea Nacional Constituyente, se plantearía lo que para algunos acaso
significaría un conflicto de legitimidades: la de la Asamblea Nacional y la de
la Constituyente. De hecho, cuando el Ejecutivo señala en las bases comiciales
que la Constituyente se instalaría en el Salón Elíptico del Palacio Federal
(Legislativo), está apostando a este choque de legitimidades y está marcando el
escenario en el cual se daría la contienda que -en razón de la superioridad
fáctica- sería supuestamente ganada por el órgano constituyente. Toda la
estridencia de la recuperación de espacios, la expulsión o arrinconamiento de
los Diputados y la restauración de imágenes forma parte de una simbología del
combate y de la derrota del adversario que el oficialismo aspira lograr.
Nada más alejado, sin embargo,
de la realidad jurídica y política. La llamada Asamblea Nacional Constituyente
solo lo sería nominalmente, pues en verdad no tendría la condición de tal, al
haber surgido de una usurpación del poder constituyente del pueblo y de la
soberanía popular, por un órgano del poder constituido. Además, sus integrantes
lo serían con base en un sistema electoral antidemocrático e inconstitucional,
que en su vertiente territorial estableció circuitos uninominales o binominales
en todo el país, con la excepción del Distrito Capital, vulnerando el principio
de representación proporcional, y el carácter federal del Estado venezolano,
que obligaba a preserva a los estados como circunscripciones electorales
principales; y que en su vertiente sectorial quebrantó la universalidad del
sufragio a partir del concepto de ciudadanía y el derecho al sufragio
igual, y dio lugar a la elaboración sobre la marcha de registros hasta entonces
inexistentes como registros electorales, que no quedaron sujetos a los
procedimientos, auditorías y plazos exigidos por la legislación electoral y por
los principios constitucionales de transparencia, igualdad y confiabilidad.
Más allá de todo esto, que
basta para calificar a la Constituyente como ilegítima, resulta indudable que
la mayoría de los venezolanos la han rechazado, de lo cual fue una muestra
luminosa la consulta ciudadana del 16 de julio. Más aún, está a la vista de
todos que la Constituyente solo ha podido ser impulsada por medio del agravamiento
de la represión, la generalización de las detenciones arbitrarias, el uso
indebido de la jurisdicción militar contra civiles, el amedrentamiento de
electores y la expansión de zonas de seguridad que pretenden ser inmunes a los
derechos humanos. Amplios sectores de la sociedad decidieron no participar en
esa convocatoria, con razón calificada de fraudulenta.
En cambio, la Asamblea
Nacional electa el 6 de enero de 2015 lo fue con una alta participación del
electorado y nació de un proceso comicial democrático, en el que compitieron
las dos grandes fuerzas o corrientes políticas que orientan la vida nacional:
el chavismo y la oposición agrupada en la MUD, las cuales juntas obtuvieron una
votación superior a trece millones de electores. La MUD obtuvo la victoria,
pero el oficialismo consiguió una importante presencia en la Asamblea Nacional.
La legitimidad de la Asamblea Nacional se conserva intacta, pese a la manida
tesis del desacato y a las demás expresiones del bloqueo político impuesto por
el Tribunal Supremo de Justicia y el Ejecutivo Nacional contra el Parlamento.
Contra él quiere instalarse
una Constituyente espuria gestada por la usurpación y que es manifestación
patente de la determinación del régimen de desconocer al pueblo si este le
niega su apoyo y pide alternancia. La Constituyente a juro, a costa del país y
de la vida de los más jóvenes, es el reflejo cabal de un proyecto agotado que
se rehúsa a admitir que su tiempo expiró y está dispuesto a hundir a la nación
si es necesario, para evitar verdaderas elecciones universales y libres.
El horizonte del futuro
inmediato es, en parte, sombrío, porque quien no ha tenido reparo en liquidar
la titularidad del pueblo sobre el poder constituyente menos lo tendría a la
hora de valerse de la pretendida Constituyente para perseguir a la oposición,
disolver órganos del Estado o asumir formalmente facultades ilimitadas para
gobernar, sin que se resuelva ninguno de los problemas del país. No
obstante, la ilegitimidad de la Constituyente, que se hará más palpable con su
actuación, seguramente dominada por el revanchismo y la prepotencia, puede ser
la causa de su naufragio. En lo que al pueblo respecta, ha de seguir avanzando
vigorosamente en la conquista de la Democracia, sin dejarse enceguecer por el artilugio
constituyente y sin desviarse un ápice de su ruta esperanzada hacia un futuro
mejor para todos.
31-07-17
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