26 de Julio de 2017
La escalada de tensión política y violencia en
Venezuela ya se ha cobrado demasiadas vidas y causados incontables heridos en
las casi diarias manifestaciones. Ya es hora de poner fin a esta violencia. Los
numerosos informes sobre las violaciones de los derechos humanos, el uso
excesivo de la fuerza, las detenciones masivas y los juicios a civiles por
tribunales militares son una fuente de preocupación. La UE espera que las
autoridades venezolanas respeten la Constitución y el Estado de Derecho y
garanticen el respeto de los derechos y libertades fundamentales, incluido el
derecho a la manifestación pacífica.
El respeto a la Asamblea Nacional, legítimo órgano
legislativo, y la independencia del fiscal general, que debería poder actuar
sin obstáculos y sin miedo a intimidaciones o amenazas, son elementos cruciales
para preservar la confianza de los ciudadanos en el Estado y en el sistema
judicial.
Todas las autoridades públicas y todos los actores
políticos deben asumir sus responsabilidades. El pueblo venezolano está
viviendo en condiciones muy difíciles, con graves carencias de alimentos y
medicamentos. Se necesitan con urgencia soluciones comúnmente acordadas para
aliviar el sufrimiento de la gente.
Para la sociedad venezolana la convocatoria de una
Asamblea Constituyente es una medida controvertida, por ello se corre el riesgo
de que polarice más al país y aumente el peligro de confrontación. El Gobierno
debe tomar medidas urgentes para restablecer la confianza antes del 30 de
julio, como hizo al permitir que Leopoldo López pasara de la prisión al arresto
domiciliario, a fin de rebajar la tensión y crear mejores condiciones que
permitan la reanudación de los esfuerzos hacia una solución pacífica negociada.
La UE pide al Gobierno y a la oposición que vuelvan a
abrir los cauces del diálogo y reanuden unas negociaciones políticas serias, en
interés del país en su conjunto.
En este contexto, la UE propugna, y está dispuesta a
apoyar de cualquier forma posible, la creación de un «grupo de amigos»
regional, aceptado por Gobierno y oposición, para ayudar en el empeño de los
actores políticos de Venezuela por alcanzar una solución pacífica, democrática
e integradora a la crisis de su país. Al hacerlo, no será posible renunciar a
ninguna de las cuatro condiciones esenciales para cualquier compromiso
satisfactorio: respeto de la separación de poderes, liberación de los oponentes
políticos encarcelados, cooperación exterior para abordar las necesidades más
urgentes de la población y fijación de un calendario claro para las elecciones
previstas constitucionalmente, con el fin de que el pueblo venezolano pueda
expresar su voluntad mediante el sufragio libre, directo y universal.
La Unión Europea reitera su disposición a cooperar con
las autoridades venezolanas para garantizar la asistencia, la protección y la
seguridad de todos los ciudadanos europeos que se encuentran en Venezuela.
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