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miércoles, 26 de julio de 2017

Votar bajo las botas, por @OmarBarbozaDip



Omar Barboza Gutiérrez 25 de julio de 2017

De acuerdo al Artículo 63 de la Constitución vigente, el sufragio es un derecho que se ejerce mediante votaciones libres; principio éste que está ratificado en el Artículo 126 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que textualmente expresa: “Ninguna persona puede ser obligada o coaccionada bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio”.

Los gobernantes antidemocráticos que irrespetan los derechos del pueblo, saben que el voto libre de los ciudadanos los rechazará cuando lo han  traicionado, utilizan la trampa y la fuerza para que la letra de la Constitución y de la Ley no tenga ninguna efectividad, con el fin de mantenerse en el poder sin contar con el apoyo del pueblo, ni tomar en cuenta que el numeral primero del Artículo 236 de la misma Carta Magna, que define las Atribuciones y Obligaciones del Presidente de la República, dispone: “Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley”, y sin importarle que esa conducta lo ponga al margen de la Constitución, consciente  de que no está sentado allí por la voluntad popular sino por la amenaza de mantenerse en el gobierno a través de la persecución, el abuso del poder, y la utilización de las armas.

La Presidenta del CNE, que como órgano principal del Poder Electoral, está obligada, de acuerdo al Artículo 293 Constitucional, a garantizar la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación del principio de la representación proporcional, anunció al país de manera reiterada que los Centros de Votación para la llamada Constituyente están declarados zonas de seguridad militar. O sea, para imponer el fraude constitucional sobre la soberanía popular, han decidido militarizar el acto más cívico de cualquier ciudadano en el mundo, que es el ejercicio del voto libre de cualquier presión o amenaza, se pretende convertir a los hombres que tienen las armas para proteger los derechos del pueblo, en protagonistas de un proceso electoral que no será cívico sino militar, para imponer por esa vía la voluntad del gobernante y del único partido que participa que es el del gobierno. El propósito es claro, imponer por la fuerza una supuesta Constituyente donde todos los candidatos son del PSUV o incondicionales del gobierno. Incluyendo el juzgamiento a civiles por tribunales militares violando la Constitución e impidiendo por la fuerza el ejercicio del derecho constitucional a la protesta pacífica.

De tal manera que no exageramos cuando afirmamos que estamos ante la grave pretensión de ponerle fin al principal sueño de nuestros libertadores, que es hacer de Venezuela una República de hombres libres. Para ello el Presidente de la República usurpa sin ningún pudor el derecho del pueblo venezolano como depositario del poder constituyente originario de ser el único con la atribución de convocar una Asamblea Nacional Constituyente de acuerdo a lo establecido en el Artículo 347 de nuestra Constitución, que es consecuencia directa de lo dispuesto en el Artículo 5 de la misma, según el cual: “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”; es decir, su ejercicio no es transferible ni al Presidente, ni a nadie. En consecuencia, ese vicio de origen no subsanable de no estar convocada por el pueblo, hace que tanto la Constituyente como cualquier acto o decisión que de ella se derive sea nulo; y lo afirmamos con fundamento, tanto en lo antes expresado, como en lo dispuesto por el Artículo 25 de nuestra Constitución que dice textualmente: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo”.

Nos corresponde entonces, a todos los ciudadanos de Venezuela creyentes y defensores de la libertad y de los derechos del pueblo, cumplir con la enorme responsabilidad histórica en estos momentos oscuros de la patria, de hacer todo lo que esté al alcance de cada uno de nosotros para impedir que ese proyecto constituyente fraudulento y autoritario se concrete, cumpliendo con el deber que nos impone el Artículo 333 de la Carta Magna, de acuerdo al cual, cuando la Constitución vigente se derogue por un medio distinto al previsto en ella, todos los ciudadanos tenemos el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Ese debe ser el foco de todos nuestros esfuerzos y luchas en estos momentos.

Si el desprecio por la libertad y los derechos del pueblo conducen a este gobierno a la imposición a sangre y fuego de esta Constituyente fraudulenta, todos debemos desconocerla a ella y a sus actos. Todavía queda un pequeño margen de tiempo para que las gestiones de la comunidad internacional logren un acuerdo que permita evitar esta Constituyente y restablecer el orden constitucional para el bien de todos. Pero de no ser así, debemos estar preparados para conquistar nuestra libertad y los derechos de todos los venezolanos en la calle y en los espacios que sean necesarios. No podemos entregar sin luchar el destino de Venezuela.

Omar Barboza Gutierrez