Omar Barboza Gutiérrez 25 de julio de 2017
De
acuerdo al Artículo 63 de la Constitución vigente, el sufragio es un derecho
que se ejerce mediante votaciones libres; principio éste que está ratificado en
el Artículo 126 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que textualmente
expresa: “Ninguna persona puede ser obligada o coaccionada bajo ningún pretexto
en el ejercicio de su derecho al sufragio”.
Los
gobernantes antidemocráticos que irrespetan los derechos del pueblo, saben que
el voto libre de los ciudadanos los rechazará cuando lo han traicionado, utilizan la trampa y la fuerza
para que la letra de la Constitución y de la Ley no tenga ninguna efectividad,
con el fin de mantenerse en el poder sin contar con el apoyo del pueblo, ni
tomar en cuenta que el numeral primero del Artículo 236 de la misma Carta
Magna, que define las Atribuciones y Obligaciones del Presidente de la
República, dispone: “Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley”, y sin
importarle que esa conducta lo ponga al margen de la Constitución,
consciente de que no está sentado allí
por la voluntad popular sino por la amenaza de mantenerse en el gobierno a
través de la persecución, el abuso del poder, y la utilización de las armas.
La
Presidenta del CNE, que como órgano principal del Poder Electoral, está
obligada, de acuerdo al Artículo 293 Constitucional, a garantizar la igualdad,
confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos
electorales, así como la aplicación del principio de la representación
proporcional, anunció al país de manera reiterada que los Centros de Votación
para la llamada Constituyente están declarados zonas de seguridad militar. O
sea, para imponer el fraude constitucional sobre la soberanía popular, han decidido
militarizar el acto más cívico de cualquier ciudadano en el mundo, que es el
ejercicio del voto libre de cualquier presión o amenaza, se pretende convertir
a los hombres que tienen las armas para proteger los derechos del pueblo, en
protagonistas de un proceso electoral que no será cívico sino militar, para
imponer por esa vía la voluntad del gobernante y del único partido que
participa que es el del gobierno. El propósito es claro, imponer por la fuerza
una supuesta Constituyente donde todos los candidatos son del PSUV o
incondicionales del gobierno. Incluyendo el juzgamiento a civiles por
tribunales militares violando la Constitución e impidiendo por la fuerza el
ejercicio del derecho constitucional a la protesta pacífica.
De tal
manera que no exageramos cuando afirmamos que estamos ante la grave pretensión
de ponerle fin al principal sueño de nuestros libertadores, que es hacer de
Venezuela una República de hombres libres. Para ello el Presidente de la
República usurpa sin ningún pudor el derecho del pueblo venezolano como
depositario del poder constituyente originario de ser el único con la
atribución de convocar una Asamblea Nacional Constituyente de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 347 de nuestra Constitución, que es consecuencia
directa de lo dispuesto en el Artículo 5 de la misma, según el cual: “la
soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”; es decir, su ejercicio no
es transferible ni al Presidente, ni a nadie. En consecuencia, ese vicio de
origen no subsanable de no estar convocada por el pueblo, hace que tanto la
Constituyente como cualquier acto o decisión que de ella se derive sea nulo; y
lo afirmamos con fundamento, tanto en lo antes expresado, como en lo dispuesto
por el Artículo 25 de nuestra Constitución que dice textualmente: “Todo acto
dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos
garantizados por esta Constitución y la ley es nulo”.
Nos
corresponde entonces, a todos los ciudadanos de Venezuela creyentes y
defensores de la libertad y de los derechos del pueblo, cumplir con la enorme
responsabilidad histórica en estos momentos oscuros de la patria, de hacer todo
lo que esté al alcance de cada uno de nosotros para impedir que ese proyecto
constituyente fraudulento y autoritario se concrete, cumpliendo con el deber
que nos impone el Artículo 333 de la Carta Magna, de acuerdo al cual, cuando la
Constitución vigente se derogue por un medio distinto al previsto en ella,
todos los ciudadanos tenemos el deber de colaborar en el restablecimiento de su
efectiva vigencia. Ese debe ser el foco de todos nuestros esfuerzos y luchas en
estos momentos.
Si el
desprecio por la libertad y los derechos del pueblo conducen a este gobierno a
la imposición a sangre y fuego de esta Constituyente fraudulenta, todos debemos
desconocerla a ella y a sus actos. Todavía queda un pequeño margen de tiempo
para que las gestiones de la comunidad internacional logren un acuerdo que
permita evitar esta Constituyente y restablecer el orden constitucional para el
bien de todos. Pero de no ser así, debemos estar preparados para conquistar
nuestra libertad y los derechos de todos los venezolanos en la calle y en los
espacios que sean necesarios. No podemos entregar sin luchar el destino de
Venezuela.
Omar
Barboza Gutierrez
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