Por Piero Trepiccione
Un sistema
político con altos niveles de reconocimiento y éxito es aquel capaz de
reglamentar institucionalmente la convivencia pacífica de todos sus
ciudadanos, independientemente de su credo religioso o ideología política. En
la medida en que logre organizar la sociedad ajustada a parámetros legales
y constitucionales será más eficiente en la búsqueda del bien común y la
productividad económica que garantice mayor calidad de vida.
Lamentablemente en Venezuela
se dislocó nuestro sistema político y justo ahora no está en capacidad de
dirimir las posiciones encontradas. Todo lo contrario, por una parte una amplia
mayoría del país organizó un proceso de consulta popular con
una elevada participación que no ha sido reconocida por el gobierno.
Por la otra, desde el poder ejecutivo en connivencia con el judicial
y electoral, se fomenta una elección diseñada para que un sector
minoritario de la sociedad elija a una Asamblea Nacional Constituyente que
tendría facultades para representar a la totalidad del país, cuando en realidad
está soportada sobre una arquitectura absolutamente sobrerepresentada que
generaría una especie de apartheid político donde aproximadamente un
veinte por ciento definiría las reglas de juego que impactarían al cien por
ciento de la población.
Esta realidad orquestada desde
el poder ejecutivo está trastocando la convivencia democrática. Por tanto,
nuestro sistema político está en peligro. Aun cuando el hemisferio ha sido
tímido hasta ahora en dar respuestas adecuadas desde las organizaciones
continentales como la OEA, Celac, Mercosur, Unasur, entre otras, la situación
de violencia política y la falta de coordinación entre los
poderes públicos va en alzada, lo cual nos puede llevar a estadios de alta
conflictividad en el corto plazo si los actores políticos no viabilizan una
salida constitucional a la crisis.
Venezuela vive una encrucijada
extremadamente delicada que puede desembocar en una lección histórica para
relanzar nuestro sistema político o, por el contrario, nos puede llevar a
esquemas de violencia endógena similares a Colombia, El Salvador u
Honduras, que padecieron por décadas la incapacidad de procesar sus diferencias
internas desde la institucionalidad democrática. Tenemos una enorme
responsabilidad con el país y la nación quienes fuimos criados con los valores
de la democracia y estamos en la obligación de promoverlos en nuestra sociedad.
Frente a esta coyuntura, que está amenazando seriamente la convivencia
pacífica, debemos activarnos para que el liderazgo responsable se
imponga más allá del aferramiento al poder a cualquier costo.
29-07-17
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