Por Redacción
El dirigente comunitario,
Manuel Mir, de la parroquia 23 de Enero, denunció que un grupo de 7 hombres vestidos
de civil, con armas largas, intentó allanar su residencia alrededor de
las 12 de la noche de este miércoles, en un supuesto intento de “aprehensión”
en su contra, sin presentar credenciales de algún organismo policial ni
militar, ni una orden judicial por parte del Ministerio Público.
Mir precisó que ese mismo día
varios vecinos le alertaron que se iba a presentar un hecho irregular contra su
persona por parte de grupos afectos al oficialismo. “En el momento en
que intentaron allanar mi vivienda no me encontraba en el lugar, desde muy
tempranas horas se escucharon rumores en la parroquia, por eso mismo fui más
precavido”, detalló.
El líder vecinal indicó que el
presunto “allanamiento” no se concretó y que ocasionaron destrozos en la
entrada principal y la fachada de su vivienda. “Ellos no lograron lo que
venían hacer, solo saben generar violencia y odio en la comunidad”, sostuvo.
Explicó que no es la primera
vez que ha recibido amenazas por parte de grupos paraestatales en la zona.
“Nosotros los dirigentes sociales sabemos el peligro de nuestra labor en una
zona como el 23 que está asediada por los colectivos”, aseguró.
Hizo un llamado al Gobierno
para que cese la persecución y hostigamiento a todos los dirigentes
comunitarios, que solo buscan solventar las problemáticas de las comunidades
sin distinciones políticas. “Nosotros solo queremos seguir en las calles
brindando apoyo y ayuda a todos los vecinos”, puntualizó.
La asociación civil Radar de
los Barrios emitió un comunicado ante el hecho de violencia contra el dirigente
Manuel Mir, para exhortar al Gobierno en la activación de “mecanismos políticos
e institucionales” que disminuyan la situación de amenaza y violencia, y así
garantizar la integridad de los vecinos que fungen su trabajo como dirigentes
sociales.
Exigieron a la Fiscalía
General de la República y a la Defensoría del Pueblo que en ejercicio de sus
atribuciones y competencias se aboquen a investigar el hecho. Además
enfatizaron que es obligación constitucional del Estado garantizar la vida,
integridad y bienes de los ciudadanos, independientemente de su posición
política.
Foto: Archivo Crónica.Uno
27-07-17
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