Por Carlos Crespo
El sociólogo e investigador
social indicó que Gobierno y oposición deben buscar el diálogo y la negociación
para evitar un enfrentamiento civil.
Para el sociólogo e integrante
de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, Edgardo Lander,
Venezuela atraviesa una situación “extremadamente riesgosa” en la que sectores
del Gobierno y la oposición promueven un conflicto civil, del que no será fácil
salir luego. “Ambos lados están jugando con candela”, advierte.
El profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV)
e investigador del Transnational Institute,
un centro de investigación vinculado a movimientos sociales de todo el mundo,
indicó que está imperando una concepción de “la política como guerra”, en la
que se desechan las vías pacíficas para resolver los conflictos como el diálogo
y la negociación, lo que puede llevar a la conformación de un gobierno
paralelo. “Eso es acercarnos, peligrosamente, a una situación de guerra”,
dice con preocupación.
El investigador añade que,
mientras estos temas dominan el debate político actual, se dejan de lado otras
problemáticas urgentes, como la necesidad de una pronta respuesta a la crisis
humanitaria que vive el país y la discusión sobre las políticas de
gobernabilidad que saquen a Venezuela del colapso del modelo rentista. “Tiene
que haber unos acuerdos nacionales que den repuesta a eso”.
En septiembre del año pasado
usted advirtió que si se suspendía el revocatorio, se acelerarían las
situaciones de violencia. Con la posterior suspensión de las regionales y la
convocatoria a la Constituyente ¿Ve la posibilidad de que haya un
enfrentamiento civil en el país?
—Nos estamos acercando o ya
estamos en una situación extraordinariamente riesgosa. Por una parte, el
Gobierno ha ido cerrando, paso a paso, cada una de las vías constitucionales
para salir de la crisis. El hecho de que no se realizase el referendo
revocatorio, el hecho de que no se realizaran las elecciones regionales, que el
Gobierno ha desconocido de hecho a la Asamblea Nacional (AN), constituyen pasos
que van concentrando el poder en manos del Ejecutivo y cerrando toda opción
constitucional en relación con la crisis.
Por otra parte, desde el punto
de vista de la oposición hay una gama de posturas. Entre ellas, unas posturas
que están apostando a alguna solución de salida democrática pero, obviamente,
hay posturas que están generando una violencia creciente. Esas miradas de
buscar la solución por la vía violenta están en ambos lados. En los altos
mandos de Gobierno y en los altos mandos militares hay una responsabilidad muy
grande. No solo por lo que he señalado de cerrar todas las vías
constitucionales, sino porque hay una voluntad muy clara de preservarse en el
poder a como dé lugar y para eso utilizan medios extremadamente represivos. La
razón por la cual es posible afirmar que hay intención de mantenerse en el
poder a cómo dé lugar es porque hay tal nivel de corrupción, tal nivel de
interés en la preservación de los niveles de poder con los cuales se cuenta,
que una salida del Gobierno significaría, para mucha gente del alto Gobierno,
tener que ser sometidos a juicio y la imposibilidad de disfrutar de sus
fortunas mal habidas.
Igualmente, hay sectores de
los más radicales de la derecha en la oposición que lo que quieren no es
simplemente una salida constitucional o electoral, sino una salida lo más violenta
posible, que signifique un escarmiento y que busque la derrota política de lo
que ha sido el imaginario de cambio de lo que se ha denominado el pueblo
chavista durante estos años. Entonces uno se encuentra una situación en donde
hay un creciente desconocimiento de la Constitución. Hay, de los dos lados,
factores que lo que están buscando es incrementar la violencia y cada vez que
hay algún intento de un paso de negociación, de otra forma de abordar los
problemas, estos son inmediatamente saboteados. Se le meten zancadillas para
garantizar que esos acuerdos no sean exitosos.
Las palabras “diálogo” y
“negociación” se han convertido en palabras tabú que a los dirigentes de ambos
lados no les gusta mencionar…
—O las mencionan pero
solamente como una especie de declaración abstracta que carece por completo de
compromiso alguno. ¿Qué significa diálogo? ¿Qué significa compromiso? En una
situación en que se concibe la política como una situación de amigo-enemigo,
donde el objetivo de la política es el exterminio del otro visto como enemigo,
de la política como guerra, el diálogo carece por completo de sentido. Tampoco
tiene sentido el diálogo si todo el mundo estuviese de acuerdo. El diálogo y la
negociación se supone que es entre partes que están en desacuerdo, pero se
requiere como condición que las partes reconozcan al otro lado como un
interlocutor válido, que lo reconozcan como sujeto político con aspiraciones
legítimas. Por el contrario: unos son calificados de fascistas y otros son
calificados de quién sabe qué y hay una negación total del otro. Esto es la
deshumanización total y cada lado piensa que puede imponer su voluntad sobre el
resto. Es una sociedad que sabemos que está profundamente dividida.
La convivencia de esta
sociedad pasa por el reconocimiento de esta profunda división y el
reconocimiento de que no puede haber un futuro posible donde el actual Gobierno
y el madurismo se impongan a través de su proyecto de Constitución nueva,
imponinendo, minoritariamente, su voluntad al conjunto del resto de la
población, pero tampoco es posible pensar por otro lado que los sectores de la
extrema derecha puedan simplemente imponer, al conjunto de la sociedad, su
proyecto político y negar la continuada vigencia de un mundo popular que tiene
una expectativa de que sus condiciones de vida mejoren, que no está de acuerdo
con muchas de las cosas que están ocurriendo, pero que sigue con la expectativa
de lo que fue el inmenso proceso de transformación que se dio durante los años
del proceso bolivariano. El reconocer la existencia de esa pluralidad de
experiencias, de posturas, de visiones, de aspiraciones, de diferentes sectores
de la población, es una condición sine qua non para la posibilidad de
un diálogo que tenga sentido.
El reto que tenemos en
Venezuela, cuando nos estamos acercando a una situación en la que es
crecientemente dicho que la salida puede ser por una intervención externa o una
salida de intervención militar, o una salida de guerra civil, es evitar todos
esos tremendos riesgos. Eso pasa por el reconocimiento de una responsabilidad
que tiene la dirección de los dos lados de poner freno a esta escalda, de
reconocer que no se puede imponer al conjunto de la sociedad su proyecto
político en la medida que desconozca a los otros, y eso significa ceder y ceder
en cosas importantes.
Algunos dirigentes de la
oposición han planteado al Gobierno la posibilidad de retirar la Constituyente,
como paso previo a un entendimiento. ¿Cree que esto es posible a estas alturas?
—Hay dos razones fundamentales
por las que es difícil pensar en esa posibilidad. Primero, lo que señalas, que
es el tiempo. Ya hay un acercamiento tan grande a la fecha que se ha anunciado
que los procesos de reflexión y reacomodo al interior del chavismo y del
Gobierno difícilmente darían para esto, pero por otra parte la apuesta del
Gobierno ha sido tan absolutamente radical, como si hubiese puesto todos sus
huevos en una misma cesta, que es la vía Constituyente, que muy difícilmente
pueden echarse para atrás.
También hay un creciente
descontento y eso se nota en sectores militares, en sectores del propio
partido, inclusive en algunos diputados, en las divisiones de los poderes
públicos, cuando algunos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) o
la fiscal general hacen señalamientos muy severos, en relación con el carácter
inconstitucional de esa convocatoria, que hacen ver que también hay cierta
fragilidad en esta propuesta, inclusive al interior del propio chavismo.
Yo creo que es importante ver
cuáles son los acontecimientos fundamentales de este mes de julio y cuáles son
las expresiones de tranca del juego que se plantea de un lado y de otro lado.
Si la AN o la MUD hubiesen planteado en el llamado plebiscito solo la primera
pregunta, en la cual le hubiesen preguntado a la población si estaba de acuerdo
o no con la convocatoria a la Constituyente, hubiese tenido algunas
consecuencias importantes. Hubiese sido bastante más atractiva para más gente
esa sola pregunta y hubiese sido una opción, absolutamente legítima, al
interior del orden constitucional. Pero cuando se incorporan las otras
preguntas, una pregunta pidiéndole a la Fuerza Armada que se subordine al poder
del Legislativo, está llamando abiertamente a una ruptura del orden
constitucional, porque la AN no es un poder que tenga atribuciones
constitucionales para ello y eso significaría estar en la dirección de la
creación de una especie de gobierno paralelo, donde unos reconocen el gobierno
de la AN y otros el del Ejecutivo y eso es acercarnos, peligrosamente, a una
situación de guerra también.
¿Qué pasaría si en estas
condiciones la AN se declara Gobierno, nombra al TSJ y hay algunos países que
reconociesen a ese Gobierno? ¿Qué pasaría con una dualidad de este tipo? La
experiencia de otros países nos señala que esto es una puerta a la guerra
civil.
Una situación en la que podría
declararse a una parte del territorio como leal a un Gobierno y otra, al otro.
Los conflictos de Medio Oriente deben servir de advertencia a los
extraordinarios riesgos que se corren en esta dirección. Por eso lo que se ha
venido denominando la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, en la
que argumentamos que todo ataque a la Constitución, venga de donde venga, es
una contribución a la amenaza de la guerra. Se pueden hacer todos los debates
que hay que hacerle a futuro a la Constitución de 1999, pero es una
Constitución que contó con un altísimo grado de legitimidad cuando fue
aprobada. Está siendo, paso a paso, desmontada, pero constituye las únicas
reglas de juego con las que contamos para evitar una salida violenta.
Por eso los ataques a la
Constitución, como las preguntas 2 y 3 del plebiscito de la oposición, o todo
el desmontaje progresivo que ha venido haciendo el Ejecutivo durante el último
año, son caminos a la violencia y son caminos de los cuales va a ser
extremadamente difícil regresar. Se ha generado en Venezuela una situación
no solo de tensión política sino de transformación de los sentidos comunes. Se
ha instalado un clima de odio entre sectores de la población y eso no se borra de
un día para otro. Tiene consecuencias a muy largo plazo para la infancia y la
juventud que está iniciando su conciencia política y su contacto con la
sociedad en este clima de odio. Eso tiene extraordinarias consecuencias de
impacto tanto en su sociabilidad como en la estabilidad personal.
Los sectores populares han
protestado pero de una manera distinta ¿Cómo evalúa esa reacción?
—La caracterización de cómo es
la protesta, quién protesta y cuáles son las dimensiones es algo muy complejo,
porque hay una mezcla de asuntos muy diversos. Hay, por una parte, una protesta
bastante espontánea que tiene que ver con el malestar generalizado, con la
ausencia de gas, por ejemplo, asuntos de este tipo. Hay una protesta que tiene
que ver con una expresión política de descontento, que se expresa en diferentes
sectores de la sociedad. Hay unas protestas en las que hay claramente una
actuación de grupos gansteriles y mafiosos, que aprovechan los momentos de
malestar y movilización para asaltar negocios en una forma que corresponde
propiamente al hampa. Hay protestas en las que hay unos colectivos chavistas
violentos. En muchas manifestaciones de la oposición, hay unos grupos violentos
armados, extremadamente agresivos, que le han hecho mucho daño a instalaciones
públicas, educativas, de salud, etc. Dentro de esa gama es difícil saber quién
es responsable de qué y quién hizo qué en cada lugar.
Sí creo que hay una diferencia
en relación con cómo se expresa el descontento en sectores populares. Es un
descontento que es una expresión de protesta en contra de las condiciones
crecientemente más difícil y hay otras formas de protesta y de acción que se
encuentran en sectores medios, sobre todo en la zona de Altamira, La
Castellana, que es la zona en donde eso ha sido constante y ahí no hay una
protesta solo política o social, sino una protesta que busca violencia.
Mientras se produce todo esto
se van quedando de lado temas o problemas estructurales del país, como las
propuestas concretas para salir del modelo rentista que colapsó, lo que explica
también la crisis económica actual…
—La forma como se ha
construido esta polarización entre Gobierno y MUD, ha colocado en un tercer
plano el debate sobre las cosas urgentes que tenemos. Yo creo que hay dos
planos fundamentales que son los que tenemos que discutir. Estamos en Venezuela
ante una crisis humanitaria severa. Hay una situación de desnutrición, de
crisis hospitalaria, de carencia de medicamentos básicos, que termina haciendo
que aumente la mortalidad infantil. Son asuntos que requieren respuestas
urgentes y estas no son las respuestas que tienen que ver con lo que se debate
en el día a día político, sino que tiene que haber unos acuerdos nacionales que
den repuesta a eso. En el otro plano, que es más estructural y de mediano
plazo, no por ello menos urgente, es lo que se refiere a la crisis del
rentismo.
La crisis que vive Venezuela
hoy es una crisis que viene de muy atrás, de por lo menos los años 80 y tiene
que ver con el agotamiento del modelo rentista y de la posibilidad de sostener
una sociedad sobre la obtención de los recursos del petróleo y el Estado
convertido en agente distribuidor, que se supone que va a ser el garante de las
condiciones de vida y de los derechos del conjunto de la población. Eso como
posibilidad histórica se agotó y se agotó hace mucho tiempo ya y vivimos una
crisis prolongada. Durante la primera década de este siglo ocurrieron unos
acontecimientos muy particulares que llevaron a dar la impresión de que se
había superado esta crisis estructural.
En primer lugar, la emergencia
de Chávez como un dirigente con capacidad de darle sentido y dirección al mundo
popular y volver a crear expectativas y convencimiento, capacidad de
organización y movilización, que creó en este proceso la Constitución después
de mucho debate y un apoyo referendario muy amplio. Por otra parte, al poco
tiempo, subieron los precios del petróleo y llegaron a superar los 100 dólares
el barril y eso dio un margen y una posibilidad, un imaginario, de que la
crisis, esta [crisis] profunda y estructural del rentismo, estaba siendo
superada. Con el fallecimiento de Chávez, el colapso de los precios del
petróleo, el desmantelamiento progresivo de la Constitución del 99 y la pérdida
de legitimidad, nos encontramos otra vez como estábamos antes de 1999. En una
sociedad que reconoce que por este camino no es, que tiene que repensarse y eso
pasa por un reconocimiento de que el Estado no puede ser el centro de todo, el
que va a ser el que resuelva todos los problemas.
Vivir de rentismos, del asalto
a las condiciones de la naturaleza, lo que produce es una dinámica destructora
que no garantiza la preservación de la vida y nos encontramos que ante la
crisis de los precios del petróleo, el Gobierno opta por la vía de ampliar el
rentismo por la vía del Arco Minero. Se pasa de un rentismo petrolero a un
rentismo minero. Se están tomando decisiones de consecuencias
extraordinariamente severas para el futuro del país y eso está absolutamente al
margen del debate político fundamental.
¿Será posible salir del
sistema rentista, hacer los ajustes necesarios, sin que se produzca una
explosión social?
—Lo que pasa es que una
política de ajustes más severos, de la que vive la población venezolana, es
casi difícil de imaginar. Ahorita estamos en una severa política de ajustes, en
donde la inflación se come completamente el salario. Si hubiese una situación
muy inflacionaria y el Gobierno hubiese decretado una reducción salarial, como
de hecho ocurre con el salario real, te diría que es una política de ajuste
brutal, pero resulta que la inflación es una política de ajuste brutal. Es una
política que le está carcomiendo día a día las posibilidades adquisitivas al
conjunto de la población. Ajuste ya lo hay y lo hay con mucha profundidad. En
estos momentos el Gobierno le está dando prioridad al pago de la deuda externa
sobre asuntos como la importación de alimentos y de medicamentos básicos, que
fue el ajuste más radical posible.
A pesar de esto, habría que
tomar otras medidas impopulares y difíciles de explicar a la gente…
—Insisto, las medidas que se
están tomando son obviamente no populares y parece como si fuesen simplemente
consecuencia de una inflación de la cual nadie es responsable, pero resulta que
hay unas políticas públicas que tienen esa inflación como consecuencia. En
Venezuela hace falta, obviamente, una profunda transformación cultural, tenemos
instalado en el imaginario que Venezuela es un país rico, un país abundante, un
país donde el Estado es el gran proveedor, la expectativa de que todos los venezolanos
tenemos el derecho de exigirle al Estado que cumpla con sus responsabilidades,
pero no hay en esa sociedad una ética de trabajo, no hay una equivalencia entre
derechos y deberes y eso es una condición sin la cual no es posible superar
esta crisis. La crisis no se supera simplemente con una política económica u
otra.
En Venezuela se desperdició
una extraordinaria oportunidad en la primera década de este siglo porque había
la combinación de una extraordinaria legitimidad por parte del Gobierno, un liderazgo
capaz de convencer a la población de muchas cosas y una abundancia de recursos
que hubiese permitido comenzar efectivamente la transición en otra dirección.
Creo que esta oportunidad histórica fue desperdiciada porque se continuó con
esta megalomanía, similar a la gran Venezuela de Carlos Andrés Pérez, de pensar
que los precios del petróleo iban a seguir subiendo indefinidamente y las
consecuencias las estamos pagando.
Foto: Yolvik Chacón
24-07-17
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