Fernando Camino 29 de julio de 2017
@fernandocaminop
Las
implicaciones políticas que tiene la constituyente ilegítima de maduro, amenaza
con destruir el establecimiento jurídico, el cual nos identifica como una
nación con arraigados principios republicanos. Además, tan grave como eso, existe la amenaza de profundizar el
experimento, fracasado en nuestro país,
de desplazar de la producción de bienes y servicios a la iniciativa privada,
para privilegiar la producción de las denominadas empresas de producción
socialistas.
Este
régimen intervino y destruyó cerca de cinco millones de hectáreas en plena
producción agropecuaria, acabó con la flota pesquera industrial y artesanal, e
inutilizó dos tercios del parque industrial del país. En el sector comercio,
monopolizó el agrocomercio e intervino todo el proceso de almacenaje y
distribución de alimentos y de otros bienes, teniendo como resultado el
desastre que todos conocemos.
La
crisis humanitaria que padecemos en nuestro país, a causa del desabastecimiento
y la carestía de los alimentos, medicinas y demás bienes y servicios esenciales
para vivir dignamente, es consecuencia de la aplicación de este modelo político
comunistoide, cuya aplicación ha convertido al 80% de la población nacional en
pobres, con altos niveles de desnutrición en nuestros sectores más vulnerables.
Entre
noviembre de 2009 y junio de 2012, la Asamblea Nacional controlada por el
régimen aprobó siete leyes orgánicas, la mayoría de ellas en diciembre de 2010,
denominadas por ellos, como las leyes del poder popular. Todos estos
instrumentos legales violan nuestra Constitución Nacional y atentan contra la
propiedad privada, las libertades económicas, el derecho al trabajo y con la
libre iniciativa para el emprendimiento económico. También entran en abierta
contradicción con la descentralización administrativa, con la autonomía de los
poderes regionales y municipales, que son bases fundamentales de nuestra
democracia.
Este
paquete de leyes orgánicas, denominadas leyes del poder comunal, son las bases
para la constitución comunal que pretenderá imponernos sin éxito el régimen. De
estas leyes orgánicas, las más influyentes e importantes para tales fines son:
la del Poder Popular, la de Las Comunas, la del Sistema Económico Comunal y la
de Planificación Pública y Popular.
La Ley
Orgánica del Sistema Económico Comunal, será el marco legal que regirá nuestra
economía de concretarse el adefesio constituyente de Maduro. Los ideólogos
trasnochados del socialismo de siglo XXI y la caterva de corruptos del régimen,
sueñan con la creación del sistema económico comunal, integrado por
organizaciones socioproductivas y el Poder Público.
Los
ideólogos trasnochados se sentirían realizados y los bolicorruptos creen que
seguirían desangrando nuestro país, importando lo que es imposible que puedan
producir las organizaciones socioproductivas. Pero se quedarán con las
intenciones, porque afortunadamente existe en nuestra constitución dos
artículos: el 350 y el 333 y una población dispuesta aplicarlo.
Fernando
Camino P.
@fernandocaminop
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