Por Alberto Arteaga Sánchez
Para sorpresa de muchos, en la
parodia de antejuicio seguido a la fiscal general de la República, en la
audiencia convocada, con acusadores de oficio por su tendencia política
inequívoca y una defensa pública sin alegato válido alguno, el garante de los
derechos ciudadanos, el “defensor del pueblo”, solicitó que se sometiera a la
investigada, bajo la imputación de delitos encubiertos con la fórmula de faltas
graves administrativas, a la sedicente prueba del polígrafo o del llamado
“detector de mentiras”.
Este instrumento, aparato o
técnica que pretende medir la verdad o falsedad de una aseveración mediante las
alteraciones fisiológicas que serían apreciadas en la persona sometida a la
prueba, es rechazado en materia probatoria y considerado como viciado,
inválido, nulo, además, absolutamente inocuo, ya que la condición de verdadero
o falso de un aserto no es determinable como hecho moral y complejo a través de
determinadas reacciones susceptibles de equívoca interpretación; pero, sobre
todo, porque lo único que queda claro y es evidente es su condición
intimidatoria o de coacción que le impide ser empleado para obtener una
confesión, pues nadie puede ser obligado a reconocer culpabilidad en causa
propia (artículo 49, numeral 5 de la Constitución).
Este procedimiento,
patrocinado por policías represivas de algunos países, debe ser objeto del más
claro y contundente rechazo, siendo absolutamente extraño que sea un pretendido
defensor de los derechos humanos quien lo proponga.
En Venezuela, en nuestra
legislación, se rechaza la coacción para admitir un hecho, se considera la
declaración de un imputado o investigado como un medio de defensa, la inocencia
se presume y quien acusa debe probar lo que imputa, por lo cual, resulta absurdo,
inadmisible y condenable la instauración de prácticas de pretendida indagación
de la verdad que en nada distan de la justificación de la tortura o de la
utilización de medios que sirven para doblegar la voluntad libre de un
investigado, lo cual no puede admitirse, ni siquiera con su consentimiento.
Sin darnos cuenta, marchamos a
pasos agigantados hacia la instauración de una justicia sancionatoria de corte
eminentemente inquisitivo, que se concentra en métodos policiales de tortura,
en poderes omnímodos de un juez y en la absoluta indefensión de un acusado.
No hay justicia, sino
venganza; no hay juicio, sino linchamiento político; no hay jueces, sino
verdugos.
Esta es la realidad que toca
enfrentar a quienes han sido declarados “peligrosos” por el régimen en razón de
su condición de “disidentes”, lo cual equivale a dejar de lado los hechos, para
“juzgar” y condenar por actitudes o por la simple conducta de la vida.
Recurrir al polígrafo,
utilizado, eso sí, por parte de cuerpos de policía e inteligencia, incluyendo
los del denostado imperialismo, nos remonta –por increíble que parezca– a
concepciones lombrosianas que creyeron encontrar un rastro físico o una
determinada señal corporal de la conducta delictiva, cuya libertad no puede ser
afectada ni quedar sujeta a instrumentos de medición que, simplemente,
desconocen la dignidad de la persona humana.
Finalmente, si aceptamos el
uso del polígrafo u otras técnicas similares, tendremos la fórmula más expedita
para declarar culpables a muchos inocentes y para que muchos inocentes sean
condenados como culpables.
aas@arteagasanchez.com
24-07-17
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