Por Mayela Armas
El exministro y exdiputado
asegura que el grupo que planteó la Constituyente es el de mayor poder dentro
del partido y el Gobierno, y apunta que la suspensión de las elecciones se
daría si avanzan las conversaciones entre las cúpulas. Asevera que la ANC
agudizará la crisis.
Caracas. Durante 15 años,
Héctor Navarro estuvo en el Gobierno como diputado y ministro de Educación y de
Energía Eléctrica, y en 2014 fue expulsado del Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV) tras cuestionar la
política del presidente Nicolás Maduro y a la dirigencia de partido. Conoce a
profundidad el oficialismo y a sus cabezas, por lo que no duda en aseverar que
la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) agudizará la crisis.
Avala el diálogo entre todos los sectores y apunta que dentro del chavismo “hay
gente dispuesta” a conversar.
Adelanta que se “están
llevando a cabo negociaciones cupulares al muy viejo estilo de la cuarta
República“ y comenta que “la no realización de las elecciones del
domingo 30 de julio se daría solo si son exitosas las conversaciones
cupulares”.
¿Era necesario reformar la
Constitución de 1999? ¿Por qué cree que el Gobierno no consultó si el pueblo —o
poder originario— quería o no una Constitución nueva?
—De ninguna manera era
necesario reformar la Constitución. Absolutamente todos los
planteamientos que hacen los candidatos, e incluso los que anuncia el
propio Presidente en lo que atañe a las condiciones de vida de los
venezolanos, tienen su solución en medidas de tipo administrativo. La
necesidad es de otro tipo: mayor y antidemocrática concentración de poder como
objetivo de corto plazo que veremos rápidamente si llega a instalarse la ANC,
y, como objetivo estratégico —creo el que más se está pesando para tanta
premura—, la legalización de los grandes contratos y concesiones que se han
venido otorgando en la Faja Petrolífera del Orinoco y en el Arco Minero de
manera inconstitucional e ilegal.
El Gobierno y la cúpula del
PSUV no consultaron al pueblo porque es evidente que no se habría producido la
necesaria aprobación. Este Gobierno ha perdido apoyo popular tan
escandalosamente que le sería imposible ganar unas simples elecciones de un
Centro de Estudiantes. Por eso, no hay elecciones de ningún tipo.
La oposición hizo una
Consulta Popular en la que más de 7 millones de venezolanos rechazaron la
Asamblea Nacional Constituyente, tras este resultado, ¿usted y el grupo que
representa estarían dispuestos a hacer un frente común en defensa de la
Constitución?
—Nosotros hemos estado
participando abiertamente en un frente con venezolanos que, aunque estuvieron
vinculados hasta hace poco con la MUD, hoy han dado un paso al frente fijando
posición en muchas cosas de actualidad.
En la consulta, los ciudadanos
votaron por reinstitucionalizar los poderes ¿estarían dispuestos a participar
en ese procedimiento?
—Hemos estado planteando la
necesidad de la vuelta al Estado de Derecho y de justicia que pauta la
Constitución, que es la primera institución de la República. El Gobierno-PSUV
ha venido, sin dudas, violándola consistentemente. Hay que señalar, sin
embargo, que el llamado a que las Fuerzas Armadas se subordinen a la Asamblea
Nacional o la formación de un “Gobierno de Unidad Nacional” al margen de la
Constitución, de ninguna manera constituyen formas de reinstitucionalizar, es
decir, de volver al cauce democrático. Esto es, ni más ni menos, un paso en la
dirección de la estructuración de un nuevo Estado paralelo al existente que,
como resulta obvio, apunta en la dirección ya señalada del escalamiento de la
violencia.
La AN aprobó el nombramiento
de nuevos magistrados ¿es legal esta designación o es extemporánea? ¿Se puede
considerar que habría un TSJ paralelo? ¿Qué opina de las amenazas de cárcel a
esos magistrados escogidos por el Parlamento?
—En primer lugar, en las
circunstancias actuales creo que cualquier amenaza está de más, venga de donde
venga. El tema del TSJ se ha desviado de lo realmente importante: ¿Cumplen los
magistrados actuales con los requisitos? La respuesta, que no ha sido asumida
ni siquiera por los actuales magistrados, luce evidente, no han mostrado sus
credenciales. No obstante, la discusión se ha centrado en la forma y no en el
fondo. Es evidente que se quiere montar un TSJ paralelo que no ayuda a la
reinstitucionalización del país.
Si se instala la Constituyente
habrá otra instancia parlamentaria, se estaría creando una estructura paralela
¿Cómo se gobierna de esa manera?
—Exacto. Uno de los objetivos
de la ANC es justamente crear esa instancia paralela. Obviamente, eso dificulta
la gobernabilidad, al menos la gobernabilidad democrática, aunque podría
facilitar otro tipo de gobernabilidad.
¿Considera que una vez que se
instale la Constituyente, la crisis de gobernabilidad puede empeorar?
Definitivamente, porque esa
espuria ANC va a comenzar a asumir funciones antidemocráticamente y a tomar
decisiones contrarias al interés nacional que simplemente agudizarán la crisis
ya grave en la cual nos encontramos, con riesgo incluso de un escalamiento de
la violencia y de hasta una guerra civil.
Frente a esta crisis
¿considera que es urgente dialogar? ¿Que es necesario que oposición y Gobierno
dialoguen para evitar que el deterioro aumente?
—Sí, definitivamente
es urgente dialogar, pero la crisis, que inicialmente se inició como una
crisis política cuando después de los resultados de las elecciones de la
Asamblea Nacional, se impidió la realización del Referendo Revocatorio —ya
anunciado por el CNE— y luego las elecciones regionales —dispuestas en la
Constitución para diciembre pasado—, pudo haber sido evitada mediante el
diálogo de cúpulas al viejo estilo. Hoy a esa crisis se suma la profundización
de una de carácter social que alcanza a las grandes mayorías del pueblo
venezolano: crisis de servicios como seguridad, hospitales, vialidad, agua
potable; crisis de abastecimiento en insumos básicos como medicinas y
alimentos, crisis de hegemonía y de liderazgo en las cúpulas derechistas de la
MUD y del PSUV-Gobierno. Todo ello con que además la inflación es la más
elevada de nuestra historia y del mundo.
Esto significa que, si
bien la respuesta está en el diálogo, ahora se trata de un diálogo
abarcante, popular, sincero, con todos los sectores sociales y no la imposición
de una Asamblea Nacional Constituyente que ni siquiera fue consultada con el
pueblo. Un multidiálogo.
Usted dice que es urgente
dialogar y que en el diálogo participen diversos sectores, pero también se
tendría que negociar ¿Qué pueden negociar oficialismo y oposición para evitar
que la crisis de gobernabilidad aumente?
—Me considero de oposición,
oposición revolucionaria, chavista, bolivariana y socialista, de tal manera que
no me siento incluido cuando genéricamente se habla de Gobierno y oposición.
El problema es que la crisis
social es tan profunda que la solución pasa por la toma de decisiones que
tendrían que afectar intereses poderosísimos de quienes están, han estado o
pretenden estar en el poder. ¿Están esos intereses dispuestos a renunciar a los
grandes negocios, a la repartición del Arco Minero del Orinoco, a la entrega de
la Faja, a suspender el pago de una deuda externa ilegítima hasta que se
realice una auditoría, al retorno de los capitales “fugados”, todo ello en
función del pueblo cada vez más necesitado? Por eso es que el diálogo
tiene que ser múltiple, incluyente, para que ese pueblo pueda hacerse sentir e
imponga sus exigencias. De esta manera, los “negociadores” que, como tales, al
final se pondrían de acuerdo porque representan los mismos tipos de intereses,
estarían supervisados, controlados por el doliente que es el pueblo, que es el
soberano. Ese es el único tipo de negociación posible a estas alturas en
función de salvar la paz de la República y, quizá, la República misma.
La crisis del partido
Usted conoce a las cabezas del
oficialismo ¿entre ellos puede haber disposición de diálogo?
Sí. Estoy convencido de ello.
Fui dirigente fundador del PSUV —botado por instrucciones de Diosdado Cabello
sin que hubiese derecho a la defensa— y en el PSUV, especialmente en sus bases,
e incluso en el alto Gobierno, hay gente consciente con disposición al diálogo
sincero pero se impone el terrorismo instalado por parte de algunos dirigentes.
¿Cómo ve la situación interna
del oficialismo de cara a la Constituyente? ¿Este proceso beneficia a un solo
grupo dentro del PSUV? ¿Puede haber internamente dirigentes del PSUV en contra
de este proceso?
—Por el conocimiento que poseo
del PSUV y por el contacto permanente actual con varios de sus principales
cuadros, el PSUV se encuentra atravesando una profunda crisis que
tiene como punto de partida: a) el descuido de la formación y discusión de los
militantes y con los militantes y su periferia, b) la destrucción de la
democracia interna y c) su uso como instrumento acrítico del Gobierno. Un
partido revolucionario requiere de la atención permanente a sus cuadros en
materia de formación y en materia de democracia interna ya que resulta
imposible pretender construir una verdadera democracia participativa y
protagónica con un partido que no lo es.
¿Puede haber cuadros dentro
del partido que incidirían en la suspensión de la elección de la Constituyente?
¿O algunos grupos tienen tanto peso que el proceso es irreversible?
—A partir de diversas
declaraciones de voceros tanto del Gobierno-PSUV como de la Cúpula de la MUD,
resulta obvio que en este momento, de espaldas a las militancias y de espaldas
al pueblo, se están llevando a cabo negociaciones cupulares al muy viejo estilo
de la cuarta República —tales negociaciones son compartidas por grupos de poder
en la MUD y el Gobierno-PSUV—, lo cual complica todavía más el panorama.
Por parte del PSUV, la
militancia fue incorporada a una dinámica fraudulenta de elecciones para la
Constituyente por lo cual, de concretarse las negociaciones mencionadas,
se produciría una frustración más que definitivamente acabaría con lo que queda
en pie del PSUV. El grupo que se planteó la Asamblea Constituyente es, sin
dudas, el de mayor poder, por lo cual la no realización de las elecciones del
30 de julio se daría solo si son exitosas las conversaciones cupulares
mencionadas.
¿Cuál cree que sea la vía o la
solución a esta crisis político-institucional?
Cumplir con la Constitución.
Está claro que el pueblo, todos nosotros, no podemos quedarnos de brazos
cruzados. La propia Constitución nos da el derecho a protestar e incluso nos
asigna deberes en la restitución de la vigencia del orden constitucional. De
esta forma, la protesta pacífica hay que llevarla a cabo y la protección de los
que protestan pacíficamente debe estar garantizada por el Estado y sus
distintas instituciones. No es aceptable que se instale por parte de grupos
paramilitares un toque de queda que afecta, como hemos visto, a vastos sectores
de la población, incluso con el costo de heridos y muertos.
¿Estima que la Fiscal debe
acelerar las investigaciones de corrupción como el caso de Odebrecht, Cadivi
que ha sido muy cuestionado por usted?
—Evidentemente, en estos temas
de la corrupción ha habido muchas demoras y complicidades en muchas partes.
Recuerdo cuando el presidente [Hugo] Chávez denunció públicamente el caso del
señor Arné Chacón, hermano de Jesse Chacón. Chávez nos explicó que aquel era un
“pata en el suelo” y de la noche a la mañana se había convertido en millonario
finalizando: “me lo meten preso”. Aquí ha habido denuncias de mucha mayor
cuantía por parte del propio Presidente Maduro y no ha ocurrido absolutamente
nada. Desde luego que la Fiscalía debe apresurarse en su actuación sobre esos
casos que mencionas pero, además, también debe dejar sentada su actuación en
los casos del Arco Minero y de la Faja Petrolífera del Orinoco. En este
momento, ella está llamada a pasar a la historia con una posición digna;
mañana podría ser tarde.
Foto referencial: AVN
24-07-17
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