Por Mariano de Alba
Los Estados Unidos de América
y la Unión Europea han manifestado su disposición a imponer sanciones a
Venezuela si el gobierno concreta la convocatoria de la Constituyente. Ya
Estados Unidos sancionó a funcionarios venezolanos por considerar que están
involucrados en violaciones de derechos humanos o narcotráfico. Ahora, vista la
posible radicalización de la situación con la propuesta Constituyente,
existe una posibilidad de que Estados Unidos acentúe las sanciones a
funcionarios y también imponga sanciones económicas, según lo manifestó
el presidente Donald Trump. Igualmente, la Unión Europea ha
reconocido que está dispuesta a evaluar un paquete de sanciones en caso de
concretarse la Constituyente. En consecuencia, resulta pertinente evaluar
cuáles son las sanciones que suele utilizar la comunidad internacional en estos
casos.
Este reporte no considera
medidas diplomáticas, tales como el retiro de embajadores y el cese de
relaciones diplomáticas, las cuales podrían ser adoptadas por algunos países de
América Latina. Tampoco considera sanciones que podrían ser impuestas por
organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, ya que en ese caso
específico tendrían que ser aprobadas por el Consejo de Seguridad sin el veto
de sus miembros permanentes. Este escenario al día de hoy parece poco probable
si se considera que dos de esos miembros son China y Rusia.
Las posibles sanciones
Una evaluación de los esquemas
de sanciones impuestos por Estados Unidos y Europa en los últimos años revela
que las medidas impuestas responden específicamente a las circunstancias y
condiciones del país a ser sancionado. Hecha esta salvedad, es posible explicar
las categorías de las sanciones que podrían ser aplicadas a Venezuela.
Prohibición de ingreso y/o
revocación de visas: Esta posibilidad ya ha sido puesta en práctica
por Estados Unidos a diversos funcionarios
del régimen venezolano. En muchos casos, el gobierno estadounidense ni siquiera
ha dado a conocer a quiénes se les ha revocado la visa para ingresar a ese
país. En consecuencia, es probable que el gobierno estadounidense imponga esta
medida a un mayor número de funcionarios, sus familiares o asociados. En Europa sí
se trataría de una medida novedosa con respecto a Venezuela, y podría constar
de la revocación de visa (para aquellos países en los que sea aplicable) o una
prohibición general de entrada a cada país miembro.
Congelamiento de activos y/o
multas: Esta es otra medida que ya ha sido impuesta por Estados Unidos a
funcionarios y personas jurídicas vinculadas al gobierno venezolano, tal y como
lo prevé Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad
Civil de Venezuela aprobada por el Congreso estadounidense
en 2014. Por ende, podría ser extendida a más individuos o empresas. La Unión
Europea, en su conjunto, no ha congelado activos (cuentas bancarias, inmuebles,
etc.) de funcionarios del gobierno venezolano, por lo que se trataría de una
medida inédita. Cabe destacar que el congelamiento de activos adoptado por la
Unión Europea no es automáticamente aplicable en Suiza, país
que en el pasado lo ha replicado en diferentes casos, pero primero evalúa
las medidas independientemente.
Restricciones al sector
energético: Siendo Venezuela un país petrolero, las medidas en este ámbito
podrían ser diversas y muy significativas. En el caso de Estados Unidos,
nuevamente no se trataría de una medida inédita, ya que en 2011 el gobierno
de Barack Obama sancionó a Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA)
por suministrar petróleo a Irán. En esa oportunidad le prohibió competir en
licitaciones para contratos con el gobierno estadounidense, solicitar créditos
al Banco de Exportaciones e Importaciones (Eximbank) y obtener licencias de exportación. Estas
prohibiciones se levantaron en 2015 luego del acuerdo entre Irán, la Unión
Europea y Estados Unidos.
En esta oportunidad se conoce
que la Casa Blanca está considerando dos
grandes categorías de medidas: primero, sanciones a PDVSA como parte de un
“paquete sectorial”, y segundo una posible pero improbable prohibición (o
embargo) a la importación de crudo venezolano.
El paquete sectorial podría
incluir una prohibición a personas y/o empresas estadounidenses (e incluso
empresas extranjeras con operaciones en Estados Unidos) de sostener
transacciones con PDVSA. Esa fue una de las sanciones que Estados Unidos impuso
al sector petrolero iranícomo consecuencia de su
programa nuclear. La definición de los términos específicos de la medida sería
crucial, porque ello determinaría si únicamente sería sancionada la empresa
estatal o también sus filiales. Cabe recordar que estas tienen participación en
empresas en distintos países, tales como Refidomsa,
una refinería de petróleo en República Dominicana, y CITGO. Esta
última compañía es propiedad de PDVSA y se trata del mayor refinador de crudo
venezolano en Estados Unidos. Cuenta con una importante red de distribución con
estaciones de servicios en ese país. También es posible que las sanciones sean
parciales, como por ejemplo prohibiciones a empresas estadounidenses de
venderle a PDVSA equipos y repuestos petroleros.
El embargo a la importación de
crudo venezolano también es una opción, aunque menos probable. Estados Unidos
lo ha impuesto a países como Irán o Siria y en esos dos casos la Unión Europea
lo ha secundado. Funcionarios de la Casa Blanca han manifestado reservas
y preocupación por el efecto que podría tener una medida de esa naturaleza en
la situación económica de Venezuela, ya que podría acentuar la crisis humanitaria.
Se estima que perjudicaría a empresas estadounidenses dedicadas a la refinación
(como Valero Energy y Chevron) y que se especializan en el tratamiento del
crudo pesado venezolano.
Si se llegara a imponer esta
medida tampoco se puede descartar que la prohibición sea parcial. Por ejemplo,
de forma gradual, por un número determinado de días o imponiendo un gravamen especial por cada barril que sea
importado. De manera previsible, el efecto sería muy fuerte para la industria
petrolera y la economía venezolana, ya que aproximadamente 95%
de las divisas que entran a Venezuela provienen de las exportaciones petroleras
y en abril de 2017, por ejemplo, se exportaron unos 795.000 barriles diarios al mercado
estadounidense.
Restricciones financieras y/o
bancarias: Asimismo, sería posible que Estados Unidos y/o Europa prohibieran a
sus instituciones financieras o bancos involucrarse
en operaciones con el Estado venezolano, con PDVSA o cualquier otra empresa
estatal o privada que sea sancionada. En este ámbito, es importante recordar
que estas restricciones pudiesen ser eventualmente implementadas por Estados
Unidos y Europa sobre transacciones fuera de su jurisdicción, en Asia, por
ejemplo, siempre y cuando estén denominadas en dólares o euros. Por ejemplo,
Estados Unidos ha impuesto prohibiciones a instituciones financieras
estadounidenses de mantener cuentas bancarias a ciertos países, como es el caso
de Irán y Myanmar. Asimismo, podrían imponerse sanciones
específicas para limitar el movimiento de fondos en posibles casos de
corrupción, narcotráfico y lavado de dinero.
Restricciones comerciales y/o
inversiones: Finalmente, Estados Unidos y/o Europa podrían
imponer otras restricciones comerciales, tales como prohibir a personas
jurídicas estadounidenses o de países de Europa sostener operaciones de
comercio con Venezuela o empresas venezolanas específicas. Usualmente, estas
sanciones buscan limitar las actividades de un sector y visto que ya
consideramos al petrolero, podrían ser por ejemplo en contra de cualquier
empresa del sector minero o militar venezolano, incluyendo un embargo de armas. Las restricciones de este
tipo, al igual que las impuestas al sector petrolero, también podrían buscar
específicamente prohibir la firma de contratos de interés público sin la aprobación
por la Asamblea Nacional.
21-07-17
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