Mayela Armas 28 de mayo de 2018
@mayearmas
En
1999 el para entonces presidente Hugo Chávez Frías iniciaba su gobierno con un
llamado a los inversionistas para reactivar la producción, pero al poco tiempo
decidió que el país tenía que girar hacia un modelo en el que el Estado tuviera
mayor participación en la economía, lo cual logró mediante controles y
nacionalizaciones.
Tras
el paro petrolero y empresarial de diciembre de 2002 y enero de 2003, aumentó
la incertidumbre política y económica que generó una mayor demanda de billetes
verdes. Las reservas internacionales bajaron a 11 millardos de dólares y frente
al descenso, el Banco Central de Venezuela (BCV) suspendió la venta de divisas
por unos días, siendo la medida posterior: regular el grifo.
“Querían
llevarse todas las reservas internacionales y hemos establecido una medida de
defensa y contraataque”, dijo Chávez en enero de 2013 para justificar la
instrumentación del control de cambio, con lo cual el Gobierno determinó
quiénes recibirían los dólares a tasa preferencial.
En
paralelo al control de cambio, el Ejecutivo instauró el control de precios.
“Tendremos que instalar un sistema nacional integral, pleno y nacional, de
distribución de alimentos y medicinas para que no haya escasez”. Mediante
resolución fueron fijados los precios de 106 alimentos, 63 artículos de higiene
personal y 1140 productos farmacéuticos.
Lo que
sería una medida temporal se volvió permanente. Los controles pasaron a un ser
un instrumento político y se convirtieron en la base para cercar al sector
privado. Acción que luego fue acompañada por las nacionalizaciones de
industrias y la creación de empresas de producción social, todo ello apadrinado
por la visión del exmandatario, quien sostenía que se debía avanzar hacia el
modelo socialista.
Esas
acciones desmoronaron la economía. El director de Ecoanalítica, Asdrúbal
Oliveros, señala que hoy Venezuela tiene “la peor crisis de su historia” y el
economista y profesor del IESA, José Manuel Puente, agrega: “Esas medidas
ocasionaron un daño inmenso y el país está colapsado”.
Entre
el boom de ingresos y las regulaciones
La
aplicación de los controles coincidió con la fase de boom de ingresos por el
salto en los precios del crudo que estuvo entre 2004 y 2008 y en la que la
administración de Chávez disparó el gasto público e impulsó el consumo. El
economista Ronald Balza señala que en este período “no se requería mantener los
controles porque ya había ingresos. No se justificaba”.
En
esos años, el volumen de dinero —290 millardos de dólares— permitió que las
autorizaciones de dólares oficiales fluyeran, sin embargo, el retardo en la
revisión de los precios regulados generó problemas porque las industrias debían
ofrecer los productos a valores que estaban por debajo de sus costos de
producción, lo que llevó a bajar la fabricación de esas presentaciones.
Ya
para fines de 2006, el esquema de controles generaba dificultades. Los rubros
controlados, especialmente alimentos, desaparecían por períodos de los
anaqueles, y en ocasiones, los negocios disponían de más bienes importados.
El
crecimiento de la economía —que en el lapso de 2004 a 2008 estuvo entre 8 y 10
% del PIB— fue sustentado por los egresos del sector público y las
importaciones.
Pese
al mayor consumo y gasto, la inflación avanzaba para ser la más alta de la
región, aumentaba el riesgo país, se ampliaba el déficit en las cuentas
públicas y las compras externas llegaban a niveles preocupantes.
Durante
cinco años, las autoridades no devaluaron, lo que potenció la demanda por el
dólar barato y cuando se registraban los ajustes no se corregía lo suficiente.
El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, destaca que “mantener la
tasa sobrevaluada desestimuló la producción nacional”.
La
mayor disponibilidad de recursos le permitió a Chávez —luego de su reelección
en diciembre de 2006— acelerar las nacionalizaciones de industrias en las áreas
de alimentos, construcción, finanzas, electricidad, telecomunicaciones,
comercio y servicios y, adicionalmente, presentar una reforma constitucional
para impulsar el modelo socialista y con él, afianzar los controles.
Para
diciembre de 2007 —cuando se efectuó el referendo constitucional que fue
rechazado— las fallas de abastecimiento se incrementaron.
En
2008 la fórmula de gasto, endeudamiento, nuevos marcos legales para acorralar a
las industrias y los comercios, y el mayor número de empresas estatales
acentuaron las dificultades que se venían arrastrando y con el declive de los
precios del petróleo en 2009 y 2010, la actividad económica se desplomó. En
esos dos años las industrias sufrieron un recorte en la entrega de dólares a lo
que se sumó un retardo en los ajustes de precios de los bienes controlados y la
merma de insumos nacionales.
Hacia
fines de 2010, la administración de Chávez volvió a beneficiarse del incremento
de los ingresos porque el barril llegó a los 100 dólares. Ante ese aumento, la
campaña para la elección de 2012 empezó con meses de anticipación y el gasto
subió a un tope de 47 % del PIB, de acuerdo con los datos oficiales. Con todo,
los aportes tributarios y los ingresos petroleros —pese a ser elevados— no
fueron suficientes para cubrir los salarios, misiones y necesidades de entes
oficiales e industrias públicas, por lo cual la brecha fiscal fue 15 % del PIB.
En
medio del desorden fiscal, el Gobierno congeló los precios de los rubros de
higiene personal, limpieza del hogar y alimentos —como agua, jugos y compotas—
lo que generó que la producción de esos artículos mermara en los ejercicios
siguientes.
Para
ese año (2012), las importaciones alcanzaron los 65 millardos de dólares, sin
embargo, una parte de esos billetes verdes fueron a empresas de maletín.
Con
altos precios del petróleo, la economía creció pero no de manera igual que en
el lapso de 2004 a 2007, y por ejemplo, la actividad manufacturera, que tenía
un peso en el PIB de 17 % en 2006, bajó a 14 % en 2012.
Dicho
resultado fue por los controles, las nacionalizaciones que llevaron a las
empresas estatales a generar menos insumos, la merma de las inversiones y el
desequilibrio en las cuentas fiscales. El gasto no motorizó. Balza agrega que
las regulaciones fueron para “ahogar a los privados, hubo caída de la inversión
y corrupción”. José Guerra, economista y diputado, destaca que los controles
“no sirvieron para regular las salidas de capitales ni la inflación”.
El
hundimiento
En
2013, cuando Nicolás Maduro asume la presidencia, ya el modelo hace aguas y
frente a las distorsiones, las regulaciones continuaron en ascenso. Al
principio, el nuevo Jefe de Estado anunció que buscaría vías para reactivar la
manufactura, la construcción, la petroquímica, entre otras áreas. Se efectuaron
diversas reuniones para evaluar los cuellos de botellas que enfrentaban las
industrias a fin de incrementar la producción y allí las autoridades se
comprometieron a reducir los trámites; revisar los precios de los rubros
regulados y agilizar la entrega de dólares, lo cual no se concretó. La economía
apenas repuntó 1,3 % y las áreas claves tuvieron saldos negativos.
La
coyuntura se extendió. Para 2014, Maduro anunció un plan nacional de
facilidades de inversión para el desarrollo económico y repitió que se
impulsarían los 11 motores. La asignación de dólares fue menor y la revisión de
precios se quedó corta. En ese período, la economía cayó 3,9 %. En 2015 se
mantuvo la misma línea, las industrias siguieron enfrentando obstáculos para
producir y el desplome fue de 6,2 %.
En
2016 Maduro intensificó los controles y aplicó medidas desordenadas. El
mandatario arrancó el año con un conjunto de leyes aprobadas —mediante la
Habilitante— que tuvieron como fin restarle poder a la Asamblea Nacional, tras
el dominio de la oposición. El grifo de billetes verdes se siguió regulando. A
los privados se les prometieron revisiones de precios y fueron escasos los
ajustes. A la par de esto, se les ordenó a las empresas de alimentos y
artículos de higiene personal dar parte de la producción a los Comités Locales
de Abastecimiento y Producción (Clap). La economía cayó 16,5 %.
A lo
largo del 2017, el Presidente siguió usando los poderes especiales de los
decretos de emergencia de económica. La reducción en la entrega de dólares fue
mayor, de manera que aquellos que intentaron operar recurrieron al mercado
paralelo, cuya tasa se disparó. En medio de una baja oferta —pues las empresas
operaron a 34 % de su capacidad— la inyección de bolívares subió y el país
entró en hiperinflación.
De
manera que en 15 años, las regulaciones, junto con la injerencia estatal en
todas las áreas, han hecho que los ciudadanos hoy en día tengan que “cazar”
artículos por la ausencia en los comercios y que su ingreso no rinda por la
inflación de cuatro dígitos. Ronald Balza expresa que “tener controles con boom
petrolero fue lo peor que pudo pasar”. Puente apunta que “los controles lo que
hicieron fue descontrolar”.
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