JOSÉ MANUEL ABAD LIÑÁN, JAVIER GALÁN, DAVID
ALAMEDA 24 de may. de 18
Hace
un año, en mayo de 2017, un venezolano con salario mínimo tenía que dedicar
casi una jornada entera de trabajo, 7 horas y 24 minutos, para comprar un kilo
de pollo. La inflación disparada que acusa el país ha inflado aún más ese
precio, de por sí ya enorme, en solo un año. Ahora, para conseguir el mismo
producto, el mismo trabajador tiene que dedicar 88 horas: 11 días. En 2014,
ocho de cada diez familias venezolanas compraban pollo semanalmente. El año
pasado (últimos datos disponibles), solo tres.
Los
alimentos son uno de los principales indicadores del colapso del sistema
económico venezolano, acrecentado tras la llegada al poder de Nicolás Maduro en
2013, un mandato que las elecciones del pasado domingo extienden hasta 2025. La
investigadora senior para América Latina del Barcelona Center for International
Affairs (CIDOB), Anna Ayuso, denuncia que hay una enorme dependencia del
exterior para importar comida. "La situación es nefasta, porque no se
tienen las divisas suficientes y la gente no puede comer", apunta.
Describir
la situación de Venezuela a partir de datos objetivos se topa con un primer
obstáculo. El país ha ido perdiendo transparencia en sus cifras públicas en los
últimos años, acusa Miguel Santos, investigador especialista en el país
sudamericano en el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de
Harvard. "Desde 2015 para acá, una cifra como la inflación está basada en
estimaciones de terceros y fuentes independientes [del chavismo], incluyendo la
Asamblea Nacional de Venezuela, porque el Banco Central no publica datos
oficiales desde hace tres años de balanza de pagos, inflación o movimientos del
PIB". La hiperinflacción lleva a la Administración a actualizar a menudo
el salario mínimo, pero sigue siendo insuficiente para comprar los productos básicos.
Tan solo este año, Maduro ha subido tres veces el salario mínimo.
La
medición del MIT, basada en información remitida por compradores de los
productos analizados en Venezuela, es una de esas fuentes externas de
referencia. El índice de precios de esa canasta multiplica ahora por casi 4.000
el valor que mostraba hace un año.
A
pesar de la falta de claridad, fuentes oficiales ofrecen un indicio claro de
que la inflación crece sin freno. El Banco Central de Venezuela actualiza el
número y el valor de las monedas y billetes en circulación. En abril, ese
metálico equivalía a casi 19 billones de bolívares. En el mismo mes de 2017,
eran 1,4 billones, y un año antes, en abril de 2016, solo medio billón. La
máquina de hacer billetes funciona a un ritmo frenético.
Al
problema de carestía de los alimentos se añade la crisis de la industria. El
país se encuentra en un "colapso productivo", según un estudio del
Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Desde
2013, la producción por habitante ha caído un 45%.
En
palabras de Anna Ayuso, "[Venezuela] presenta un déficit tremendo porque
toda la industria local está más o menos destruida. Las divisas que les venían
básicamente del petróleo son bajas, pero es que además lo han vendido por
adelantado a algunos países, entre ellos China". Además de la variable del
precio del crudo, bajo en los últimos años, la experta destaca sobre todo la
pérdida de producción en un país que posee, según la OPEC, las mayores reservas
de crudo del mundo (uno de cada cuatro barriles).
La
producción se ha reducido a casi la mitad desde 2014, cuando tocó máximos.
Ayuso apunta a malas decisiones ejecutivas de la Administración venezolana.
"Echaron a todos los profesionales y colocaron a sus amigos [en empresas
públicas]". Anna Ayuso denuncia además que el petróleo sirve para
financiar las fuerzas armadas en un régimen "totalmente mafioso".
"Quien preside ahora Petróleos de Venezuela (PDVSA) [Manuel Quevedo] es un
general del Ejército". Siete vicepresidencias de PDVSA también están en
manos de militares, según denuncia el capítulo venezolano de la organización
Transparencia Internacional.
Algo
parecido ocurre con el grupo industrial de la Corporación Venezolana de Guayana
(CVG), que controla recursos minerales y forestales básicos: siete de sus últimos
diez presidentes vestían uniforme de alto rango. El control militar de sectores
cruciales se extiende también al de los alimentos, con los que los militares
trafican, según informó Associated Press. En noviembre de 2017, 12 de los 32
ministerios se encontraban bajo la responsabilidad directa de personal
castrense, igual que los Gobiernos de seis Estados.
A
esta situación se suma la violencia en el país, singularmente en las ciudades.
Caracas es la segunda más violenta del mundo, solo superada por Los Cabos
(México). Otra urbe venezolana, Guayana, es la novena más peligrosa. La tasa de
homicidios del país cuadriplicó en 2017 la de 1995. La impunidad que pende
sobre muchos crímenes agudiza el problema. Según un informe del Ministerio
Público venezolano presentado al Parlamento, recogido por Amnistía
Internacional, en 2015 se registraron más de 11.000 denuncias de crímenes de
derecho internacional y violaciones de derechos humanos. Sin embargo, durante
aquel año solo se iniciaron 77 juicios.
En
estas circunstancias, cada vez más venezolanos se marchan de su país. "Al
principio, salía la población de renta alta que podría permitirse marchar.
Ahora es todo el mundo. Es una crisis humanitaria tremenda", acusa Anna
Ayuso. En 2017 el número de ciudadanos que vivía fuera del país multiplicó por
2,3 el de dos años antes. La cercana Colombia sobre todo, pero también Estados
Unidos y España, han recibido gran parte de ese flujo migratorio. Para la
investigadora, especialista en Latinoamérica, la elección de los destinos
próximos a las fronteras revela la situación desesperada de muchos de ellos.
"Se están yendo a zonas fronterizas de Colombia o Brasil, que son
pobres", comenta.
El
colapso económico se ha producido en paralelo al del sistema institucional
venezolano. "Se ha ido sustituyendo un sistema democrático representativo
por la construcción de una hegemonía", describe el profesor de ciencia
política de la Universidad Carlos III de Madrid Manuel Hidalgo, experto en
Venezuela. "De una democracia liberal representativa, aunque con
imperfecciones, se pasó primero a un sistema de delegación de poder, una especie
de régimen híbrido que combinaba elementos autoritarios y democráticos y que ya
vimos en otros países de América Latina. De ahí, a partir de la pérdida por
parte de Hugo Chávez del referéndum constitucional por estrecho margen en 2007,
a una clara deriva autoritaria", abunda este experto.
La
baja afluencia en las últimas elecciones es una señal de la pérdida de
confianza en las instituciones por parte de los venezolanos, indica Anna Ayuso.
La evolución histórica de la participación ha marcado un récord negativo en los
comicios presidenciales del pasado domingo.
El
think tank estadounidense Freedom House denuncia en su último informe el
empeoramiento del sistema venezolano, de resultas de las medidas de
"suplantación" de la Asamblea Nacional por la nueva Asamblea Nacional
Constituyente, la celebración de elecciones "con graves
irregularidades", la "dura represión gubernamental" de
manifestaciones, que dejaron un saldo de más de 100 muertos y de 1.900 heridos,
la persecución política (Freedom House considera que los presos políticos eran
unos 200 a finales de 2017) y el agravamiento de la crisis humanitaria, con
carencias de alimentos y medicinas, y cifras de criminalidad disparadas. El
índice de calidad democrática de la revista The Economist calificó en 2017 de
"régimen autoritario" a Venezuela por primera vez en su serie anual.
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