Lima, 21 de mayo de 2018
Comunicado
Conjunto 009 – 18
Los
gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala,
Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, expresan lo
siguiente:
1. No reconocen la legitimidad del proceso
electoral desarrollado en la República Bolivariana de Venezuela que concluyó el
pasado 20 de mayo, por no cumplir con los estándares internacionales de un
proceso democrático, libre, justo y transparente.
2. Acuerdan reducir el nivel de sus relaciones
diplomáticas con Venezuela, para lo cual llamarán a consultas a los embajadores
en Caracas y convocarán a los embajadores de Venezuela para expresar nuestra
protesta.
3. Reiteran su preocupación por la
profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria que ha
deteriorado la vida en Venezuela, que se ve reflejada en la migración masiva de
venezolanos que llegan a nuestros países en difíciles condiciones y en la
pérdida de las instituciones democráticas, el estado de derecho y la falta de
garantías y libertades políticas de los ciudadanos.
4. Deciden presentar en el marco del 48° periodo
de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos una
nueva resolución sobre la situación en Venezuela.
5. A fin de atender la situación derivada por
el preocupante incremento en los flujos de venezolanos que se ven obligados a
abandonar su país y por el impacto que esta situación está teniendo en toda la
región, deciden adoptar las siguientes medidas:
i. Convocar a una reunión de alto nivel con
autoridades responsables del tema migratorio y de refugio para intercambiar
experiencias y definir los lineamientos de una respuesta integral, incluyendo
temas de facilidades migratorias y documentos de identidad. En ese sentido,
aceptan el ofrecimiento de Perú de ser sede de dicha reunión la primera
quincena de junio.
ii. Considerar la posibilidad de realizar
contribuciones financieras a los organismos internacionales competentes para
fortalecer las capacidades institucionales de los países en la región,
especialmente los países vecinos, para atender el flujo migratorio de venezolanos.
6. Deploran la grave situación humanitaria en
Venezuela y tomando en cuenta las implicaciones en materia de salud pública
para toda la región deciden adoptar las siguientes medidas:
i. Convocar a una reunión de alto nivel con
autoridades responsables del sector salud para coordinar acciones en materia de
salud pública y fortalecer la cooperación para atender la emergencia
epidemiológica.
ii. Apoyar el suministro de medicamentos por
instituciones independientes y las acciones de vigilancia epidemiológica en
Venezuela y en sus países vecinos, en particular frente a la reaparición de
enfermedades como sarampión, paludismo y difteria.
7. Reiteran el párrafo 4 de la Declaración de
Lima del 8 de agosto de 2017 y, con objeto de contribuir a preservar las
atribuciones de la Asamblea Nacional, acuerdan adoptar, siempre que su
legislación y normativa interna lo permitan, las siguientes medidas en el
ámbito económico y financiero:
i. Solicitar a las autoridades competentes de
cada país que emitan y actualicen circulares o boletines a nivel nacional que
transmitan al sector financiero y bancario el riesgo en el que podrían incurrir
si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela que no cuenten con el aval
de la Asamblea Nacional, incluyendo convenios de pagos y créditos recíprocos
por operaciones de comercio exterior –incluido bienes militares y de seguridad.
ii. Coordinar acciones para que los organismos
financieros internacionales y regionales procuren no otorgar préstamos al
Gobierno de Venezuela, por la naturaleza inconstitucional de adquirir deuda sin
el aval de su Asamblea Nacional, excepto cuando el financiamiento sea utilizado
en acciones de ayuda humanitaria teniendo presente previo a su otorgamiento,
los posibles efectos no deseados en economías de terceros países más
vulnerables.
iii. Intensificar y ampliar el intercambio de
información de inteligencia financiera, a través de los mecanismos existentes,
sobre las actividades de individuos y empresas venezolanas que pudieran
vincularse a actos de corrupción, lavado de dinero u otras conductas ilícitas
que pudiera derivar en procedimientos judiciales que sancionen dichas actividades
criminales, tales como en el congelamiento de activos y la aplicación de
restricciones financieras.
iv. En el marco de los estándares
internacionales fijados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y de los
mecanismos operacionales ya existentes, se insta a contar con un análisis de
riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, y se propone además
que los países sensibilicen al sector privado en sus jurisdicciones, sobre las
amenazas y riesgos de lavado de dinero y corrupción que han identificado en
Venezuela y que afecten a la región, lo que ampliará la capacidad de prevenir o
detectar posibles actos ilícitos con mayor oportunidad.
v. De igual forma, se solicita a las Unidades
de Inteligencia Financiera y a las autoridades competentes de cada país, que
emitan y actualicen guías, circulares o boletines a nivel nacional que alerten
a las instituciones financieras sobre la corrupción en el sector público
venezolano y los métodos que los servidores públicos venezolanos y sus redes
pueden estar usando para esconder y transferir recursos procedentes de actos de
corrupción.
8. El Grupo continuará dando seguimiento al
desarrollo de la situación en Venezuela con el objeto de adoptar las medidas
adicionales que correspondan, de manera individual o colectiva, para favorecer
el restablecimiento del estado de derecho y el orden democrático en ese país.
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