JIM WYSS Y CODY WEDDLE 16 de mayo de 2018
Lamski
y Tatsienlu Pérez, gemelas de 52 años, miden el precio que han pagado por
hacerle oposición al régimen de Nicolás Maduro en sus rostros demacrados y en
su ropa holgada.
Las
mujeres, que alguna vez fueron paramédicas, dicen que han perdido 77 libras (35
kilos) cada una desde el 2015, ya que sus salarios han disminuido a casi nada
bajo los efectos de la hiperinflación y, denuncian, se les ha denegado el
acceso a los programas de alimentos subsidiados debido a sus férreas posiciones
contra el gobierno.
Pero
el domingo, mientras el presidente Nicolás Maduro busca un nuevo mandato de
seis años, las hermanas desafiantes dicen que van a boicotear en protesta lo
que llaman elecciones "fraudulentas".
“Cuando
me quito la camisa puedo ver mis costillas y huesos, y me dan ganas de llorar.
Puedo ver mi hígado y mi páncreas”, dijo Lamski Pérez. “No estamos interesados
en las elecciones. [...] Lo que necesitamos es comida. Estamos desnutridas y
necesitamos ayuda”.
Desde
que asumió el cargo en el 2013, Maduro ha sido testigo de uno de los colapsos
económicos más espectaculares de la historia. Venezuela, que alguna vez fue uno
de los países más ricos del hemisferio y que posee las reservas de crudo más
grandes del mundo, se ha convertido en uno de los más pobres de América Latina.
El
país está atrapado en una profunda recesión y se espera que la inflación supere
ampliamente la predicción del Fondo Monetario Internacional de 13,000 por
ciento este año. El salario mínimo mensual no alcanza ni siquiera para comprar
una bolsa de frijoles, la escasez de alimentos es desenfrenada, y más de un
millón de personas han huido del país en los últimos dos años tratando de
escapar del hambre.
Perversamente,
la mala administración del país ha hecho que los 32 millones de habitantes
dependan más que nunca del gobierno.
En
el 2016, el gobierno comenzó a repartir bolsas de alimentos subsidiados,
conocidos por sus siglas CLAP, para combatir lo que llama una “guerra
económica” librada por Washington y otros enemigos. Según algunas versiones, el
70 por ciento de la población ahora confía en los alimentos CLAP para
complementar sus dietas.
Y
durante este ciclo de elecciones, los críticos dicen que la ayuda se ha
convertido en un arma que forma parte de una máquina sofisticada y cínica para
obligar a los venezolanos a votar a favor del régimen.
El
corazón del programa de subsidios es el “Carnet de la Patria”, una tarjeta de
identificación electrónica que los venezolanos a menudo necesitan mostrar para
recibir sus alimentos CLAP, medicamentos subsidiados y bonos en efectivo del
gobierno.
El
día de las elecciones, el régimen alentará a millones de personas a que
registren esas tarjetas en los quioscos del gobernante Partido Socialista Unido
de Venezuela, que serán instalados al lado de los centros de votación. Allí,
los organizadores escanearán la tarjeta y podrán ver, en tiempo real, quién ha
votado y expulsar a los que no.
El
gobierno dice que el Carnet de la Patria es simplemente un instrumento de alta
tecnología para asegurarse de que los subsidios del gobierno lleguen a los más
necesitados. Y el sistema es completamente voluntario.
Pero
en un país donde la mayoría depende de los subsidios para sobrevivir, el
sistema se ha convertido en una herramienta electoral poderosa y perniciosa,
dijo Luis Lander, el director del Observatorio Electoral Venezolano, un grupo
de vigilancia electoral.
“Esto
está siendo claramente utilizado para amenazar a los votantes”, dijo, y explicó
que las personas temen que si no votan, podrían perder sus alimentos
subsidiados por el gobierno. El gobierno insiste en que la ayuda no tiene
obligaciones políticas, pero Lander dijo que la gente es cautelosa.
Venezuela
usa máquinas de votación electrónica, y el Carnet de la Patria se escanean
electrónicamente. Y aunque no hay evidencia de que los sistemas estén
vinculados, la configuración parece diseñada para alimentar las dudas, dijo
Lander.
“Me
arriesgaría a decir que no hay posibilidad de que el sistema viole el secreto
del voto”, dijo. "Pero la gente no está convencida de eso. [...] La gente
teme que, debido al Carnet de la Patria, su voto no es secreto”.
Un
hombre en Maracaibo que trabaja para una compañía petrolera estatal dijo que
recibió su Carnet de la Patria en el trabajo. El día de las elecciones, Daniel,
que no quiso dar su apellido por temor a perder su trabajo, tendrá que
registrar su tarjeta en la estación que el partido gobernante llama el "Punto
Rojo".
Registrarse
allí no es explícitamente obligatorio, pero Daniel teme que omitir ese paso
podría poner su trabajo en riesgo.
Durante
una reciente votación, Daniel dijo que los organizadores del partido notaron
que no había escaneado su tarjeta y fueron a buscarlo a su casa.
Pero
él dice que engañó al sistema.
“Dejé
que el tiempo expirara en la máquina de votación [electrónica] y anuló mi
voto”, dijo. “Pero aún así, en cada elección, incluida esa, tuve que ir al
Punto Rojo, registrarme y decirles que había votado”.
Pero
muchas personas no son tan valientes o inteligentes como Daniel.
Michael
Penfold, profesor de ciencias políticas en Caracas y miembro del Global Woodrow
Wilson Center en Washington, D.C., ha estado estudiando el impacto electoral
del Carnet de la Patria.
Al
comparar la participación en 2015 (antes de que las tarjetas entraran en vigor)
y las elecciones más recientes, Penfold estima que el sistema podría haber
impulsado la participación en un 10 o 15 por ciento, en gran parte a favor de
la administración. No solo anima a los partidarios del gobierno a ir a las
urnas, dice, sino que intimida a los votantes de la oposición a no morder la
mano que literalmente los alimenta.
El
gobierno promueve activamente la idea de que “el hermano mayor los está
mirando”, dijo Penfold. “Es una herramienta muy poderosa y que podría
deteriorar seriamente el proceso de votación en Venezuela”.
La
compra de votos es tan antigua como las elecciones mismas. Pero “esta nueva
forma de clientelismo es posiblemente la más desarrollada y autoritaria de
América Latina, y representa una amenaza colosal para el retorno de la
democracia en Venezuela”, escribió Penfold en un informe reciente.
Maduro
ha dicho que más de 16 millones de personas ahora tienen carnets de la patria.
Y el gobierno alienta su adopción entregando “bonificaciones” provistas
únicamente a los titulares de tarjetas.
En
el Día de la Madre, por ejemplo, Maduro le dijo a una multitud que todas las
madres que poseían la tarjeta habían recibido un "bono" de 1.5
millones de bolívares, unos $2 al tipo de cambio del mercado negro, depositados
automáticamente en sus tarjetas.
“Esto
es dar y dar”, dijo Maduro a una multitud en la isla de Margarita. “La Patria
te protege y te apoya. Pagas el amor con amor. Vote libremente por quien su
conciencia dicte, pero vote”.
También
prometió a la audiencia un “premio”, tal vez créditos adicionales, en sus
tarjetas, si acudían a las urnas.
El
rival más cercano de Maduro, el ex gobernador del estado de Lara, Henri Falcón,
ha calificado la práctica como una táctica de fraude que sería “impensable en
cualquier país”.
“El
candidato del gobierno [Maduro], en sus discursos en la televisión nacional, le
dice a la gente que está dispuesto a comprar su voto”, escribió en Twitter.
También
llamó al Centro Nacional Electoral a prohibir los “puntos rojos”, donde se
escanean las tarjetas, y obligar a la administración a “dejar de hostigar a los
votantes para averiguar por quién votaron”.
Es
poco probable que sus alegaciones tengan un impacto en el cuerpo electoral, ya
que está dirigido por funcionarios leales al gobierno.
Maduro
necesita una gran participación para convencer a la comunidad internacional de que
las elecciones del domingo son legítimas. Estados Unidos, la Unión Europea y
otros han dicho que no reconocerán los resultados, con Maduro prohibiendo la
participación de los partidos de oposición y encarcelando a sus oponentes antes
de los comicios.
Y
a pesar de que Falcón agita la pancarta de la oposición, muchos votantes de la
oposición desconfían de él y recuerdan que alguna vez fue partidario del
gobierno. Bajo la óptica de muchos opositores, Falcón solo compite en la
contienda para darle un barniz de legitimidad a una elección ilegítima.
Pero
muchos beneficiarios de la ayuda del gobierno no ven el problema con eso.
Jennifer
Lizarazo, de 37 años, vive en un barrio de clase trabajadora de Caracas y es
partidaria de Maduro y su difunto predecesor, Hugo Chávez.
Mientras
planea votar para la reelección de Maduro el domingo, dice que no la sobornan
para que lo haga con los folletos. Lizarazo dice que tiene amigos que no votan
por el gobierno y que aún reciben ayuda alimentaria a través del CLAP.
“Todo
esto me ha ayudado mucho, pero no es la solución", dijo. "La solución
sería que hubiese comida en el supermercado”.
Tatsienlu
Pérez, una de las gemelas que ha perdido peso, sin embargo, cree que la ayuda
se está utilizando como un garrote político.
Asegura
que no recibe el "bono de comida" mensual que se supone que debe
incluirse como parte de su salario. Y dice que la comida CLAP tampoco está
disponible en su comunidad. Incluso si lo estuviese, no tendría acceso, porque
nunca solicitó un Carnet de la Patria.
Las
gemelas están pagando el precio de no contar con la tarjeta. Han desmontado
todos sus espejos porque no pueden soportar mirar sus propios cuerpos
demacrados.
"No
vas a creerme, pero a veces nuestra comida es un huevo que compartimos",
dijo. "Apuesto a que Maduro se come un cartón entero de huevos".
Su
hermana dice que el gobierno debería preocuparse menos por aferrarse al poder y
más por alimentar a todos, independientemente de sus tendencias políticas.
"Con
todo lo que está sucediendo, quieren que obtengamos el Carnet de la Patria y
que celebremos este gobierno, quieren que aplaudamos esta tiranía y esta
dictadura", dijo. "Y tal vez me encarcelen por decir esto, pero ¿a
quién le importa? Tal vez en la cárcel me den un plátano".
Tomado
de: http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article211236754.html
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