Por José Ignacio Hernández
El martes 29 de mayo de
2018, el Panel de Expertos Independientes designados por la OEA presentó su
informe sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El
informe concluye que existen suficientes evidencias acerca de la posible
comisión de tales crímenes, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de Roma.
¿Qué cabe esperar ahora?
Un poco de historia
Al presentar su tercer informe
sobre Venezuela, en julio de 2017, Luis Almagro, secretario general de la OEA,
concluyó que existían evidencias sobre la posible comisión de crímenes de lesa
humanidad en el marco de las protestas realizadas en Venezuela en ese año. Para
ahondar en esas evidencias, y de conformidad con el Acuerdo de Cooperación
suscrito entre la Corte Penal Internacional y la OEA, Almagro promovió un
proceso de examen sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en
Venezuela, para lo cual se designó en septiembre de 2017 a un Panel de Expertos
Internacionales integrados por Manuel Ventura Robles, de Costa Rica; Santiago
Cantón, de Argentina; e Irwin Cotler, de Canadá.
Se trató de un procedimiento
inédito en el ámbito del Derecho Penal. En lo que ha sido considerado como la “fórmula Almagro”, esta estrategia demuestra
cómo organizaciones internacionales como la OEA pueden cumplir un relevante rol
colaborando en la investigación de delitos de lesa humanidad, como parte de su
mandato de defender los derechos humanos.
Entre septiembre y noviembre
se realizaron diversas audiencias en la OEA a fin de recabar elementos
probatorios acerca de los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos. Con
todo ese material, el Panel de Expertos presentó su informe.
¿Qué concluyó el Panel de
Expertos?
En su informe, el Panel de
Expertos concluyó que existen suficientes pruebas que permiten presumir la
comisión de crímenes de lesa humanidad. Así, el informe detalla que tales
violaciones forman parte de un patrón sistemático que se ha ido formando en el
tiempo, y que parte de la criminalización de toda oposición, muy especialmente,
en el ámbito de la llamada “unión cívico-militar”.
Un aspecto importante es que
el informe no se limitó a los sucesos de 2017.
Por el contrario, consideró que
en Venezuela existen indicios de patrones sistemáticos de violaciones de
derechos humanos, al menos, desde 2014.
Así, el informe concluye que
hay indicios que permiten presumir la comisión de siete delitos tipificados en
el artículo 7 del Estatuto de Roma:
1. Asesinatos.
2. Detenciones y otras
privaciones de la libertad personal.
3. Torturas, tratos
crueles e inhumanos.
4. Violaciones y otros
delitos de violencia sexual.
5. Persecución
política.
6. Desaparición forzada
de personas.
7. Otros actos
inhumanos.
Aquí se incluye, de manera
especial, la crisis humanitaria compleja, en tanto existen evidencias de que el
Gobierno ha incurrido en tratos discriminatorios y otras conductas arbitrarias.
Cabe aclarar que el informe
alude a la “presunta” comisión de delitos, pues se trata de una investigación
objetiva que debe garantizar la presunción de inocencia de los funcionarios del
régimen de Maduro que pudieron haber comido tales delitos.
Los exámenes preliminares de
la Corte Penal Internacional
Este informe fue terminado
luego de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunciara el inicio de
exámenes preliminares en relación con los hechos sucedidos en Venezuela en
2017. Como ha explicado Mariano de Alba, aquí en Prodavinci,
tales exámenes preliminares constituyen tan solo el primer paso de un complejo
y largo proceso que podría eventualmente culminar con una sentencia
condenatoria de la Corte Penal Internacional. No es posible esperar, en el
corto tiempo, una decisión de fondo en esa Corte.
Pero también es
cierto, como he explicado en un artículo,
que el inicio de exámenes preliminares ante la Corte Penal Internacional es una
buena noticia, en la medida en que eleva los costos de represión del gobierno
de Maduro. Los funcionarios del Gobierno conocen que su conducta podrá ser examinada
por la Corte Penal Internacional, todo lo cual desincentiva la realización de
actos de represión de derechos humanos.
Precisamente, el informe del
Panel de Expertos, y las próximas acciones que podrían iniciarse ante la Corte
Penal Internacional, pueden fortalecer esos desincentivos.
El próximo paso: la
referencia del caso de Venezuela
ante la Corte Penal Internacional
Los exámenes preliminares
pueden extenderse por un lapso incierto de tiempo, incluso años, antes de que
la Fiscalía pase a la siguiente etapa, esto es el inicio de una investigación
formal. Mientras que los exámenes preliminares no tienen un objeto específico
–ellos pretender recabar información relevante–, la investigación formal tiene
un objeto más concreto referido a los funcionarios que pudieran haber incurrido
en delitos tipificados en el Estatuto de Roma, junto con los hechos más
relevantes.
Pero el Estatuto de Roma
permite abreviar el paso de los exámenes preliminares a la investigación
formal. De conformidad con su artículo 14, cualquier Estado parte del Estatuto
de Roma puede referir el caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional,
lo que permitiría a la Fiscalía iniciar, sin mayor dilación, la investigación
formal.
El informe del Panel de
Expertos contiene una sólida evidencia de pruebas suficiente como para que
cualquier Estado parte del Estatuto de Roma, con base en el citado informe,
refiera el caso de Venezuela a la Fiscalía, que podrá dar inicio a la
investigación formal. De hecho, varias ONG han creado una plataforma
digital que permite a cualquier persona apoyar la
referencia del caso de Venezuela.
Esta investigación, como
expliqué, creará más desincentivos para que los funcionarios del Gobierno de Maduro
realicen conductas que puedan constituir delitos de cara al Estatuto de Roma.
Más allá del tiempo que tome la Corte en tomar una decisión de fondo, el solo
inicio de la investigación elevaría los costos de represión y esto podría
facilitar el inicio de un proceso de democratización en Venezuela.
De allí la importancia del
próximo paso: lograr que los Estados parte del Estatuto de Roma, con base en el
informe, refieran el caso de Venezuela ante la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional.
29-05-18
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