Por Fernando Pereira
Yonaiver Moreno (15 años) y
Ricardo Castro (12) fueron asesinados con impactos de bala en el pecho; Yojaiverson
Castro (13) y Marbelis Lozano (17) fueron heridos de bala cuando funcionarios
de la Fuerza de Acciones Especiales del FAES de la Policía Nacional
Bolivarianaarremetieron contra un grupo que realizaban un pesebre comunitario
en una vivienda del Kilómetro O de la carretera Panamericana, El Valle, Caracas
el pasado 5 de Diciembre. Los funcionarios justificaron la incursión planteando
que buscaban una moto robada.
Yerwins Elias y Harold
Enrique (ambos de 16 años) fueron ejecutados por una comisión del CICPC en
el sector Cástulo Mármol Ferrer de Coro el pasado sábado 8 de diciembre. Las
autoridades refieren que ambos estaban atracando una frutería. Los familiares
con vehemencia afirman que eran estudiantes y peloteros que se esforzaban y
soñaban con llegar a las grandes ligas. Desmienten las hipótesis oficiales que
argumentan el enfrentamiento y señalan las contradicciones en las horas que
sobre los hechos se manejan y la falta de pruebas y evidencias.
La familia espera justicia y
tienen dudas sobre la realización de una investigación imparcial. Los
adolescentes viajarían en enero a Colombia para participar en un campo de
entrenamiento con miras a ser contratados.
Mencionamos dos hechos
recientes donde funcionarios de fuerzas de seguridad están involucrados en
ejecuciones extrajudiciales, dejando un saldo de 4 adolescentes muertos y 2
heridos. En ambos casos la versión de las familias y comunidad contradicen
la versión de las autoridades. El informe Somos Noticia de Cecodap (2017)
reporta 104 casos de niños o adolescentes que perdieron la vida en supuestos
enfrentamientos con fuerzas de seguridad. ¿Ya nos acostumbramos como país a
estos sucesos? ¿son normales si las víctimas no forman parte de nuestros allegados
o entorno? La realidad es que las familias y la mayor parte de la sociedad no
confían en las promesas de que se hará justicia.
Derecho a la vida visto por
las Naciones Unidas
El Comité de Derechos del
Niño órgano que realiza un seguimiento del cumplimiento de los derechos
humanos de niños y adolescentes a nivel internacional recomendó al Estado
venezolano en Octubre de 2014:
“El Comité reitera su
profunda preocupación por las informaciones sobre el elevado número de
ejecuciones extrajudiciales de niños, niñas y adolescentes, como el caso de la
familia Barrios, y por el escaso número de enjuiciamientos realizados.
A la luz del artículo 6 y
otros artículos pertinentes de la Convención, el Comité insta al Estado parte a
que haga todo lo posible para reforzar la protección del derecho a la vida, a
la supervivencia y al desarrollo de los niños ocupándose, entre otras cosas,
de:
a) Intensificar sus
esfuerzos para prevenir los asesinatos de niños, niñas y adolescentes, en
particular por bandas armadas, y abordar las causas profundas de esos actos de
violencia, como la pobreza y la marginación;
b) Garantizar que haya
mecanismos disponibles para investigar las denuncias de ejecuciones
extrajudiciales y que todos los asesinatos sean investigados a fondo y los
responsables comparezcan ante la justicia;
c) Proporcionar a la familia
de los niños, niñas y adolescentes víctimas el apoyo adecuado y la debida
indemnización;
d) Velar por que no haya
armas a disposición de los niños, niñas y adolescentes”
No es responsable nada más
el que hala el gatillo; sino el que por acción u omisión no toma todas las medidas
que son necesarias para prevenir, atender oportunamente a las víctimas,
cooperar para que se establezcan responsabilidades y para que las prácticas de
violación a los derechos humanos no estén legitimadas y los funcionarios se
sientan como Herodes con placa.
13-12-18
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