Carlos Romero Mendoza 10 de diciembre de 2018
@carome31
El 3
de diciembre 2000, cuando se celebraron de manera separada las elecciones de
Concejales y Juntas Parroquiales, según el Informe del Centro Carter, la
participación electoral llegó a un 23%, siendo ella la más baja en toda la
historia política electoral de Venezuela.[1]
En el
2000 la abstención llegó a 76,2% y en el 2005 cuando nuevamente los concejales
y juntas parroquiales se eligieron en procesos separados, la abstención llegó a
70,6%[2]. Las siguientes elecciones que
lograron realizarse, por voluntad del Consejo Nacional Electoral fue en el año
2013, pero en esa oportunidad, desparecieron de la oferta electoral las Juntas
Parroquiales.
En
aquellas elecciones del 2013 la abstención bajó y la participación llegó a
estar en un 58% de los electores inscritos
y nuevamente en el 2018 las elecciones separadas de concejales, alcanzó
una abstención del 72% según nota de prensa de Europapress.[3]
Sin
duda alguna el venezolano poco valora la labor de los Concejos
Municipales. Desde mí experiencia, los
Concejales lejos de procurar un ejercicio legislativo que confronte con debates
y argumentos el centralismo excesivo y contrario al marco constitucional
vigente desde 1999, muchos se han convertido en operadores políticos y
colaboradores de ejecutivos locales, contrariando así al principio de
separación de poderes que se formalizó en Venezuela a partir del año 2005.
Si se
hace un inventario en la mayoría de los Concejos Municipales, intentando
valorar la cantidad de ordenanzas dictadas por año, distintas a las del
presupuesto, nos encontraremos con un importante déficit legislativo en
particular, con aquellas que tienen que ver con el desarrollo de la autonomía
municipal y el impulso de la descentralización.
Muchos
concejales se han dedicado a desarrollar agendas asistencialistas y muy propias
de las Alcaldías en campañas preventivas de salud, apoyo en solución de
problemas con servicios públicos, atención a los animales, el día del niño, y
se han olvidado que su labor es debatir, discutir y atraer a los ciudadanos a
los asuntos públicos.
Venezuela
experimentó con los resultados del año 2000 una brecha importante en la
relación ciudadanos y concejo municipal, brecha que claramente el régimen
aprovechó, introduciendo elementos para imponer progresivamente un nuevo orden
social y político en lo local. Primero
fueron los Consejos Comunales a través de la Ley de 2006, que era muy plural y
amplia, pero que con las reformas
sucesivas terminó condicionando su existencia al proyecto Socialismo del Siglo
XXI.
Luego
vino la Ley de Comunas en el 2010 y desde allí, todo un proceso progresivo de
implantación de un nuevo modelo político, que pretendió completar los paquetes
de decretos leyes que Hugo Chávez había aprobado en los años previos al 2010.
La
Asamblea Nacional en el año 2016 en octubre declaró formalmente mediante un
Acuerdo político que había una ruptura del orden constitucional y democrático;
el modelo comunal aún cuando no ha funcionado, sigue siendo una amenaza, con
todo y que el mismo ha demostrado su inviablidad; pero más allá de eso, el
mayor resultado trágico de este proceso es el debilitamiento del Municipio como
actor político del desarrollo y promotor directo de la calidad de vida de los
venezolanos, objetivo que claramente buscaba el Plan de la Patría 2013-2019.
Los
venezolanos aún no hemos comprendido que las elecciones municipales son por
naturaleza muy diferente a las elecciones presidenciales y de parlamentarios
nacionales, más aún en un país tan presidencialista y tan centralista como el
venezolano. Pero tampoco hemos valorado
que el modelo socialismo siglo XXI precisamente irrumpió desde las bases
institucionales de nuestro Estado federal descentralizado, intentándose abrir
paso a través de la destrucción de las mismas, usando para ello el marco
normativo, al CNE y al TSJ.
La
historia exitosa de la descentralización, se nos olvidó, los dirigentes
políticos han olvidado que cuando la descentralización operó, los Municipios
vivieron su mejor momento, con
dificultades, claro está. Aquella
experiencia y la clara intención de debilitar a los municipios hasta
convertirlos en un cascarón vacío, como sucedió con la Alcaldía Metropolitana y
el Cabildo Metropolitano, no fueron elementos valorados para diseñar una
estrategia de defensa del orden democrático y de reivindicación de la
Constitución.
Dirigentes,
partidos y ciudadanos, nos dejamos arrebatar las Juntas Parroquiales, los
Jueces de Paz, el orden urbanístico como competencia municipal y en definitiva,
la autonomía para gestionar las materias que constitucionalmente le son propias
al municipio.
El 9
de diciembre 2018, el comportamiento electoral fue el mismo que en el año 2000,
aún cuando el malestar social, la desconfianza en el CNE y el deterioro general
del país es mucho mayor que el que experimentaba Venezuela a inicios del
presente siglo; hay un mensaje claro de desafección ciudadana frente al Concejo
Municipal como institución política y unas consecuencias muy graves para el
futuro del Municipio.
Aquí
no se trata de crear nuevos partidos políticos, o de jugar a no participar, el
gran desafío es hacer que el ciudadano sienta que la democracia en el municipio
no es cualquier migaja que dejan por ahí para que algunos se ocupen en el
cuadro de poder político, tiene un rol fundamental, reconocido por los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, por las Cumbres Iberoamericanas, hasta por la misma
Encíclica Laudato Si.
Aquí
no se trata de que los ciudadanos no partidistas son mejores a los ciudadanos
que militan en partidos, o en un sentido de revancha, demostrar quién puede más
o quién pudo más, en un proceso electoral como el del pasado 9 de diciembre,
que dejó muchas heridas y desconfianza hacia la dirigencia política en algunos
municipios del país. El cambio político y la reivindicación del municipio
necesita de todos los actores de la sociedad civil, ello exige bajar los egos y
las arrogancias de ambos lados.
Necesitamos
internalizar y comprender de una vez por todas, que la llamada Unidad Superior,
no es sólo un término bonito y una oportuna solución para sustituir la Unidad
de la MUD, sino que por el contrario, es una necesidad y una urgencia, y que
para que ello sea viable, es necesario demostrar que hay capacidad de
organización desde lo local para que
así, haya capacidad de articulación con otras instancias, utilizando formas y
mecanismos que tendrán que irse adecuando a un modelo político que se impone por
la fuerza, pero que ya no puede ocultar su ilegitimidad e inconstitucionalidad.
Las
elecciones del 9 de diciembre 2018 han reiterado que el problema no es el voto,
es el sistema electoral y el modelo político que no cede en su aspiración de
imponerse, aprovechándose de la sociedad democrática que no termina de
encontrar los elementos no electorales para garantizar una Unidad Superior.
[1]El
Centro Carter. Observando Cambio
Político en Venezuela: La Constitución
Bolivariana y las Elecciones 2000.
Informe Final. 2001. Pág.
78. Online en: https://www.cartercenter.org/documents/388.pdf
[2]La
voz de galicia. Abstencioin en
Municipales en Venezuela superó al 70%.
8 de agosto 2005. Online en: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2005/08/08/abstencion-municipales-venezuela-supero-70/0003_3965821.htm
[3]Europapress. Oficialismo se impone en elecciones
municipales en Venezuela con abstención del 72%. 10 de diciembre 2018. Online en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-oficialismo-impone-elecciones-municipales-venezuela-abstencion-72-ciento-20181210044904.html
Carlos
Romero Mendoza.
@carome31
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