Trino Márquez 07 de febrero de 2019
@trinomarquezc
El
punto central de la crisis política actual se encuentra en el cuestionamiento a
la legitimidad de Nicolás Maduro y en la realización de una nueva elección para
Presidente de la República.
Los
comicios del 20 de mayo del año pasado fueron desconocidos por la mayoría de la
oposición y por gran parte de la comunidad internacional. El régimen cometió
tantas irregularidades y atropellos, que la convocatoria no logró convencer de
que participara a la franja más gruesa de opositores.
Tampoco
persuadió de su transparencia y equilibrio a los países democráticos que han
seguido con detenimiento la evolución del gobierno de Maduro desde que se
impuso sobre Henrique Capriles en las reñidas y discutidas elecciones de abril
2013. Maduro desestimó ese rechazo. Ahora paga las consecuencias de su
arrogancia. La única salida posible al desbarajuste que su petulancia provocó
es su salida de Miraflores, la formación de un gobierno transitorio y la
realización de unos comicios libres y confiables para todo el mundo, incluidos
los oficialistas.
El
artículo 233, que establece las faltas absolutas del Presidente de la
República, es incompatible con la realización de unas votaciones justas y
democráticas. Ese artículo, invocado para declarar usurpador a Maduro, señala
que “si la falta absoluta… se produce durante los primeros cuatro años del
período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y
secreta durante los treinta días consecutivos siguientes”. El texto, sin duda,
fue redactado para favorecer al partido gobernante. Su propósito es ventajista.
Resulta imposible organizar en un mes unos comicios transparentes y equilibrados.
El artículo colide con la Ley Orgánica del Sufragio (LOS), aprobada por la
Asamblea Nacional en 2009, cuando el chavismo la controlaba en términos
absolutos.
En las
condiciones actuales, para realizar unas elecciones democráticas conviene
acoplar el texto constitucional con los lapsos y condiciones establecidas en la
LOS. En primer lugar hay que nombrar un nuevo CNE, o al menos a las dos
rectoras, una de ellas Tibisay Lucena, a las que se les venció el período, pero
fueron ratificadas por la constituyente y el TSJ, en abierta violación de las
atribuciones de la Asamblea Nacional. Hay que liberar los presos políticos.
Permitirles regresar al país a los dirigentes que se encuentran en el exterior.
Facilitarles votar en el extranjero a los millones de venezolanos que han huido
del país. Abrir el Registro Electoral Permanente (REP) para que los nuevos
votantes se inscriban. Auditar el REP para depurarlo. Sólo una vez cumplidas al
menos estas tareas, estarán dadas las condiciones mínimas para efectuar unas
votaciones limpias, universales, democráticas.
El
apego dogmático al artículo 233 de la Constitución, se convertiría en una
camisa de fuerza para alcanzar la plena democracia electoral. La justificación,
para mantenerse ceñido lo máximo posible al marco legal vigente, hay que
buscarla en la LOS.
Sin
embargo, ninguno de los instrumentos jurídicos existentes sustituye el sentido
común y los acuerdos políticos. El gobierno que se conforme cuando se realicen
las elecciones universales y democráticas de la que habla la Constitución y la
LOS, deberá contar con la base popular más amplia posible. A esos comicios
deberán concurrir todos aquellos que quieran hacerlo, tanto para ser electos
como para votar. Las restricciones arbitrarias le restarían amplitud a la
convocatoria y legitimidad al Presidente y al gobierno que emerjan de esa cita.
La
preparación de la consulta se llevará, al menos, lo que queda de 2019,
suponiendo que la crisis actual se resuelva en el curso de los próximos días o
semanas. Mientras más tarde en solucionarse el conflicto, más lejana se pondrá
la fecha de celebración de esas elecciones. El núcleo duro del madurismo no
muestra ninguna intención de negociar su salida de Miraflores. Pareciera haber
optado por la confrontación abierta y hasta el final.
Por la
inmolación. En el caso de que el chavismo-madurismo se fracturara, y como
consecuencia se desprendiera una facción moderada que no quiere hundirse con
Maduro, la negociación tendría que incluir a este sector más sensato del
oficialismo. Su incorporación al debate y a los eventuales acuerdos que se
logren, le daría al gobierno de transición una plataforma más amplia y a las
futuras elecciones una base más sólida.
Tenemos
que lograr que los próximos comicios superen todos los vicios que el régimen
impuso durante veinte años. La comunidad internacional exige elecciones justas
y democráticas ya. Hay que explicarle la complejidad del proceso frente al cual
estamos.
Trino
Márquez
@trinomarquezc
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